Se termina en pocas semanas este nefasto 2020 y es urgente asumir los retos de la transformación del país, una vez aprendidas las lecciones que nos deja la problemática vivida. Está claro que, Intentar volver a la normalidad en que el país ha subsistido en los últimos 200 años sería una locura. Es fundamental reinventarnos como sociedad y eso implica dar algunos pasos honestos e inteligentes, tanto en la economía pero principalmente en la política.
Y vale la pena intentarlo justo ahora, ya que el proximo año cerramos, con mas sinsabores que alegrías, 200 años de vida republicana y comenzamos a vivir nuestro tercer siglo como nación dizque autonómica.
Lo primero es la economía. Comenzaré diciendo que el gran paraguas ‘sine qua non’ de una sociedad con un sistema económico, social, político, cultural y moral, ‘justo y equitativo’ es una efectiva democracia, con controles y equilibrios de poder para evitar que ciertos grupos puedan aprovecharse de los demás y obtener ganancias ilegítimas –aunque fueran ‘legales’-. Solo así habrá paz social, crecimiento y menor pobreza.
Se requiere entonces, que en los mercados imperen los precios ‘no mentirosos’; ello se logra mediante desregulación, la eliminación de impuestos y subsidios discriminatorios, la destrucción de los monopolios no naturales y la provisión de información adecuada, tanto a consumidores como a productores para que puedan tomar sus decisiones de manera libre.
Salvo excepciones que confirman esta regla, los precios y ganancias establecidas en dichos mercados reflejarán los verdaderos beneficios y costos para la comunidad, de los bienes y servicios ahí tranzados. El peor error que comenten los políticos es creer que el bienestar se puede alcanzar por decreto o como resultado de quitar –expropiar- a unos para dar a otros.
Aunque, como en ocasiones el mercado falla y es imposible determinar el valor (precio) que tiene para la comunidad la producción de ciertos bienes. Por ejemplo, yo no estoy seguro cuanto debería pagar para que haya jueces o soldados, ya que no no sé si llegaré a necesitarlos alguna vez; tampoco sé cuanto deben cobrarme por usar la carretera hacia Ocotepeque, ya que casi nunca voy para allá. Es por ello que se necesita la acción del gobierno, para que la comunidad destine cantidades adecuadas de recursos a la generación de ciertos bienes y servicios que de otra forma no se producirían.
Por otro lado, hay en nuestro país una gran cantidad de personas que no pueden acceder a los mercados, ya que carecen del ingreso y otros elementos necesarios –como salud y buena educación- para tomar estas decisiones de forma adecuada. De aquí entonces, la responsabilidad que tiene el sector privado en cuanto a ser creativo en la generación de riqueza y pagar sus impuestos para que el gobierno pueda asumir su papel subsidiario.
Debido a mi trabajo, he tenido la ocasión de conocer de cerca la acción de muchos políticos que en el pasado reciente, han intentado sin éxtito, convertir a Honduras en un mejor lugar para vivir. Sin embargo, es evidente que todos ellos fracasaron en muchos de sus propósitos y son ahora recordados con aversión por la ciudadanía.
Quizás si ellos atendieran las simples reglas de económía, tendrían mejor suerte. Pero desgraciadamente, quienes toman decisiones se alían con grupos que tienen intereses comunes y mezquinos: algunos son empresarios que buscan el camino fácil de ser los vendedores exclusivos de sus productos y además no están dispuestos a pagar sus impuestos; otros son trabajadores que se organizan y presionan para lograr su ‘tajada’ de privilegios. Lo triste de todo es que en ambos bandos, los que se organizan siempre son minoría y sus prerrogativas significan el hundimiento de las grandes mayorías no organizadas y silenciosas.
El otro gran enemigo del bienestar ciudadano, es la porfiada inclinación de los políticos a utilizar el poder para ‘ayudar’ a sus amigos y clientes (activistas y financiadores), lo que de forma voluntaria o involuntaria los hace corruptos y violadores de las instituciones y la ley. Esto sumado a la vanidad que siempre acompaña al poder y que obnubila sus sentidos, los empuja a hacer cualquier cosa para mantenerse vigentes en el imaginario colectivo. ¡Qué patéticos suelen ser los presidentes y ministros en el último año de gobierno! ¡Cuán triste es mirarlos hacer cualquier cosa para que la prensa no los abandone para buscar a los sucesores!
Es por todo lo anterior que las normas jurídicas deben ser consecuentes con las leyes económicas y sociales. Aquellas deben ser el resultado de la correcta interpretación de estas. Cumplir con esta máxima nos llevará al bienestar y la equidad. Solo así, viviendo coherentemente como sociedad, podremos enfrentar con éxito los desafíos que traerá a nuestro país, el inicio de nuestro tercer siglo de vida republicana.
