Tegucigalpa – La figura de la extradición de connacionales, especialmente a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y criminalidad organizada, de nuevo toca a los políticos, quienes insisten -por un lado- en crear una ley para seguir los procesos judiciales, mientras por otro lado algunos creen que es el nuevo Supremo el que debe reglamentarla.
– Nueve extradiciones se han ejecutado en los últimos 11 meses en Honduras, entre ellos un expresidente de la República, un exjefe de la Policía Nacional, un exalcalde y la matriarca de un cártel.
– El Partido Nacional acusa a Libre de querer cambiar las reglas de la extradición “porque sienten que les llegó el agua a su casa”.
Algunos políticos oficialistas aseguran que “lo ideal” es que el país juzgue a sus propios ciudadanos y que la llegada de un nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia debe garantizar una justicia eficiente y sin distingos de colores políticos.
Honduras hizo una reforma a la Constitución en 2012 para permitir la extradición de sus ciudadanos a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Desde ese momento 36 connacionales han sido entregados a la justicia norteamericana, incluidos un expresidente de la República, un exjefe de la Policía, un exalcalde y otros capos que por décadas gestionaron el envío de cientos de toneladas de cocaína a EEUU.
Desde la primera extradición -9 de mayo de 2014 de Carlos “El Negro” Lobo- hasta la fecha, cada 90 días se materializa una entrega hacia EEUU. Desde grandes capos hasta operadores de quinta categoría han corrido esa suerte de someterse a la expatriación.
Para agotar los procesos de extradición, la CSJ creó un auto acordado ante la ausencia de una ley que duerme el sueño de los justos en el Poder Legislativo.
Reglamentar la extradición
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, dijo que el tema de la extradición es algo que tiene en agenda el nuevo pleno electo hace unos días.
“Se quiere hacer la reglamentación correspondiente para que las extradiciones se hagan de acuerdo a una ley, eso debe concitar un poco de paciencia porque estamos priorizando todo aquello que es urgente”, señaló.
La funcionaria no ahondó más en el campo de la normativa que permite las extradiciones de connacionales, pero aseguró que el pleno que ella dirige procederá a reglamentar esta figura aprobada en enero de 2012 en Honduras.
Que sea en doble vía
El jefe de bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, comenzó diciendo que desde el Congreso Nacional pedirán las observaciones sobre las extradiciones al nuevo pleno del Supremo.
Citó que por bastante tiempo se estuvo llevando el tema de extradiciones con países que se tiene convenio, “con países amigos sin tener una ley, lo que es importante para que no haya ninguna vulneración de derechos y garantías constitucionales de los hondureños”.
Sarmiento apuntó que es un trabajo que lo tendría que hacer el Poder Judicial, “nosotros estaremos atentos como Congreso Nacional para ver qué nivel de participación o involucramiento tendríamos que necesitar”.
Detalló que todo pasará por la socialización o consulta con países con quién Honduras tiene extradición para que puedan dar sus aportes referentes al tema.
“De ninguna manera se vaya a pretender hacer ver que hay una restricción o renuencia a que siga el proceso de extradición en el país”, resaltó.
Arguyó que el espíritu de crear una ley es brindar las garantías constitucionales a los ciudadanos que tengan que salir del país porque son requeridos por la justicia extranjera.
El jefe de la bancada oficialista propuso que la extradición también tiene que ser un derecho de doble vía, “tanto de aquí para allá como de allá para acá”.
Ejemplificó que Honduras tiene un caso emblemático que es el expediente de los Hospitales Móviles, en el que hay un ciudadano que vive en un país extranjero que defraudó al Estado de Honduras y que también está en proceso de extradición, pero que la misma no se materializa.
Puntualizó que como Poder Legislativo esperan las observaciones, reglamentaciones o los fundamentos que emanen del nuevo Poder Judicial.
¿Quién empuja el tema de la extradición?: Padre Melo
En las últimas horas revivió en el Congreso Nacional el tema de la extradición y según algunas declaraciones de parlamentarios hay anuencia para revisar la normativa que permite la extradición de nacionales solicitados por países con los que existe el convenio, como Estados Unidos.
Ante el debate el padre Ismael Moreno, cuestionó este viernes a través de su cuenta de Twitter, sobre quién estaría detrás de este tema.
De forma textual el sacerdote escribió: “¿Quién empuja el tema de la extradición?”.
En una segunda interrogante apuntó: “¿A quién realmente beneficia?”.
Y seguidamente lanza una tercera pregunta: “¿Fue parte del combo de negociaciones tripartidistas para elección de CSJ?”.
El religioso concreta su mensaje con una reflexión en la que indica que “vuelan las preguntas y las dudas sin respuestas posibles”.
Muchas críticas han surgido al respecto, ya que tiempo atrás el diputado de Libre, Jorge Cálix, trajo a colación el tema y fue duramente criticado, pero ahora que lo proponen otros parece que es bueno, refieren algunos profesionales del derecho.
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No eliminar extradición para favorecer a políticos
La designada presidencial, Doris Gutiérrez, dijo esta semana que ojalá no se elimine la extradición de ciudadanos hondureños hacia Estados Unidos, para favorecer a alguno en específico que podría ser pedido por ese país del norte del continente.
La designada Gutiérrez dijo que para eliminar la reforma constitucional se requieren dos legislaturas del Congreso Nacional.
“Ojalá que no sea para poder favorecer a algunas personas que pudiesen ser señaladas de estos delitos graves como narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos”, expresó la funcionaria.
Externó que espera que del actual gobierno nunca sea señalado por narcoactividad.
Con ley se pretende dilatar procesos
El analista Raúl Pineda dijo que es obligatoria una Ley de Extradición que sea aprobada por el Congreso Nacional porque se trata de derechos inherentes de las personas como es el caso de la libertad.
Sin embargo, citó que “esto nos lleva a la sospecha que existe el interés de dilatar los procesos de extradición, de alargarlos innecesariamente o buscar la manera de burlar los procesos judiciales”.
Criticó que no existe voluntad de aprobar la ley, la que desde hace muchos años está en la secretaría del parlamento hondureño.
Pineda no dudo en creer que hay un sector con gran poder político que quiere poner en el debate la aprobación de la ley con el afán de alargar el trámite de los procesos y generar la diferencia de estar en una cárcel de EEUU o en la relativa convivencia de una en Honduras.
Mencionó que existen cuatro poderes en Honduras: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el del crimen organizado, por lo que refirió que “ojalá no sea la influencia de este último poder que esté detrás de esta iniciativa”.
Recordó que el proyecto de ley sobre la extradición desde hace varios años está en la secretaría del Legislativo, por lo que no tiene por qué la CSJ elaborar un reglamento con respecto al tema.
A criterio del analista, EEUU cuando se quiere llevar a un extraditable utiliza todos sus recursos como ser: cazadores de recompensa, invasiones, secuestros y negociaciones con rebajas de penas. “Cuando los norteamericanos deciden llevarse a alguien lo harán por la vía legal u otra que no sea tan legal”, arguyó.
Necesaria Ley de Extradición
De su lado, el abogado penalista Marlon Duarte refirió que los autos acordados establecen las reglas o la política interna de alguna institución, por lo que bajo esta figura no se puede menoscabar los derechos y garantías constitucionales de las personas.
“Los autos acordados no son de aplicación general, un auto acordado de la Corte Suprema no tiene que venir a intervenir en actividades del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, por lo tanto es una exigencia crear una Ley de Extradición porque no existe”, sustentó.
Dijo que el Congreso Nacional no puede derogar el auto acordado ya que se debe hacer de la misma forma que se creó y eso lo hizo la Corte Suprema de Justicia.
Resaltó que “el contenido de la ley (potencial) es lo que hay que discutir porque en este momento el más cómodo con el auto acordado es Estados Unidos, aun y cuando esta figura jurídica ya fue señalada por la Corte Interamericana de Justicia por no cumplir con los requisitos de la Constitución para ser de aplicación general a todos los ciudadanos independientemente la condición que sea”.
Historia de los procesos de extradición
Honduras y EUA tienen vigente un tratado bilateral de extradición desde enero de 1909 y una convención adicional en la misma materia que data de febrero de 1927.
En enero de 2012 se reformó la Constitución de la República para permitir la entrega de ciudadanos hondureños a EEUU acusados por narcotráfico, lavado de activos y terrorismo.
Sin embargo, fue hasta mayo de 2014 que se materializó la entrega del primer hondureño. En esa oportunidad se trató de Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo y hasta la fecha le siguieron 35 más.
Las 36 extradiciones ejecutadas fueron cuatro en 2014, cuatro en 2015, cinco en 2016, cinco en 2017, dos en 2018, dos en 2019, cinco en 2021, siete en 2022 y dos en 2023.
La lista de una treintena de ciudadanos hondureños entregados a EEUU en los últimos nueve años la componen: Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, Juving Alexander Suazo Peralta, Miguel Arnulfo Valle, Luis Alonso Valle, José Inocente Valle, Marlen Griselda Amaya Argueta, Héctor Emilio Fernández Rosa, Wilmer Carranza Bonilla, José Raúl Amaya Argueta, Carlos Emilio Arita Lara y Juan Carlos Arbizú Hernández.
Asimismo, Sixto Obed Argueta García, Ludwig Criss Zelaya Romero, Jairo Arias Mejía, Noé Montes Bobadilla, Sergio Neftalí Mejía Duarte, Arnulfo Fagot Máximo, Roberto de Jesús Soto García, Geffry Darío Guzmán Tobar, Arístides Díaz Díaz, Osman Donay Martínez Guevara, José Adalid Amaya Argueta, José del Tránsito García Teruel, Martín Adolfo Díaz Contreras y Miguel Carlos Cordón López
Completan las extradiciones: Fredy Mármol, Michael Dixon Rivers, Óscar Santos Tovar, Juan Orlando Hernández, Juan Carlos Bonilla, Herlinda Bobadilla, Tokiro Ramírez Rodas, José Luis Oliva Meza, Norlan Carrasco López, Michael Powery Wood y Arnaldo Urbina Soto.
Además, se han otorgado las extradiciones diferidas (ya que tienen juicio en Honduras) de: José Miguel Handal Pérez, José Rafael Sosa Méndez y Víctor Lorenzo Flores, pero a este último EEUU retiró su pedido de extradición.
En este momento, Honduras cuenta con dos procesos pendientes de extradición a EEUU: Midence Oquelí Martínez y Mario Urbina Miranda, al igual que María Mendoza Mendoza, ésta última pedida por tráfico de personas.
Además hay otros casos como Harlin Clariza Spicer Clark y Miguel Alfredo Erazo Lazo, ambos solicitados por tráfico de drogas en Costa Rica.
Otro hondureño, Rafael Eduardo Cáceres Soto, fue detenido en el país y sobre quien estaba pendiente un pedido de extradición de Panamá, sin embargo la CSJ negó la solicitud porque ya había sido condenado por los mismos delitos en Estados Unidos.
De este casi medio centenar de hondureños ligados a la narcoactividad y que se han sometido al auto acordado en el país, otra buena cantidad de connacionales se entregaron por su propia cuenta a las autoridades norteamericanas y en algunos casos fueron detenidos en varios países de la región. PD
