Tegucigalpa – La extorsión parece continuar su metástasis en Honduras, donde grandes empresas y pequeños comercios no se escapan a las amenazas de organizaciones criminales que cada día extienden su brazo con el afán de generalizar el pánico.
– Empresas de transporte y pequeños negocios, los “clientes” favoritos de extorsionistas.
– Recientemente la Corte de Justicia anunció los juzgados antiextorsión como herramienta para judicializar en forma expedida a estas organizaciones delictivas.
La metástasis de este flagelo ha provocado el cierre de 40 mil negocios en las últimas dos décadas, con el saldo trágico de millares de abatidos por la negativa a honrar con el “tributo” a las estructuras criminales, señalan expertos en seguridad ciudadana.
Este monstruo de mil cabezas golpea desde pequeños emprendedores hasta empresas con largo historial en el país. Puntos de taxis, servicio de transporte urbano e interurbano, supermercados, gasolineras, pulperías y negocios de otra índole pagan diariamente extorsiones en las principales ciudades del país.
Honduras contabiliza 13 homicidios diarios, la mayoría ligados a la disputa por la venta de drogas, cobros de extorsión y delincuencia común, aseguran las autoridades hondureñas.
Aunque diariamente se capturan personas ligadas al cobro de extorsión, la raíz del problema sigue siendo que el brazo de la justicia no llega a los cabecillas de estos grupos criminales. Muchos de los actos delictivos se ordenan desde las cárceles, han reconocido las propias autoridades.
En las últimas horas la opinión pública fue sorprendida por el anuncio del cierre de la empresa de Transportes Cristina, con asiento en el Caribe hondureño, quienes denunciaron que temporalmente estarán fuera de servicio por no poder honrar la pesada carga del mal llamado “impuesto de guerra”.
De acuerdo a los personeros de la empresa, al menos 36 motoristas renunciaron por las condiciones de inseguridad y el asesinato -captado en video- de un compañero a manos de una mujer que obedecía órdenes de grupos extorsionadores por la negativa de la empresa a pagar el cobro ilegal. Además, más de un centenar de hondureños que laboraban en esta empresa pasaron a engrosar las cifras de desempleo en el país.
Asimismo, un edificio completo en el que operaba un reconocido gimnasio en la capital hondureña, tomó igual determinación. La avalancha de frases de apoyo en las redes sociales no se hizo esperar.
Lourdes Bertrand -conocida como ‘La Gata’ y dueña del gimnasio- posteó en su red social de Facebook que tras 22 años sin interrupción finalmente daba un paso al costado por no poder cumplir las exigencias de los extorsionadores.
“Con motivo del cobro del impuesto de Guerra ya hace más de 1 año de dicha extorsión, al punto que es impagable”, escribió Bertrand.
El abandono de viviendas en San Pedro Sula y Tegucigalpa, es otro de los hechos que demuestra el dominio de las organizaciones criminales en el país. Decenas de familias han salido despavoridas luego de recibir notas extorsivas.
La noche de este lunes los residentes de la colonia San Jorge del sector Chamelecón de San Pedro Sula encontraron un gran cartel bajo la firma de la mara 18 en la cual les informan que deben colaborar (pagar extorsión) con la organización criminal, de lo contrario se arriesgan a represalias.
Aunque las autoridades militares y policiales aseguran que se trata de “mal informaciones”, es un hecho concreto de muchas familias han tenido que emigrar incluso fuera de las fronteras patrias para salvaguardar sus vidas.
Enemigo silencioso
Para la encargada del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, la extorsión es el enemigo silencioso de los empresarios porque se debe pagar dinero a diario y esto es un problema que atenta con la seguridad jurídica y ciudadana.
Insistió que la depuración policial es un elemento importante para identificar a las cabezas de las bandas de extorsionistas, las que han operado a sus anchas con el “espaldarazo” de agentes coludidos con la criminalidad.
“Para mejorar se necesita una mejor investigación científica criminal y así saber cómo trabajan los extorsionadores, no es posible que se le tenga que pagar dinero al Estado y también a estos grupos ilícitos. Por eso los empresarios quieren cerrar porque a veces pagan hasta cuatro extorsiones diferentes”, citó Ayestas.
Fusina hace énfasis en cultura de la denuncia
El portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), coronel Santos Nolasco, demandó a la población hacer uso de la denuncia ciudadana y no dejarse vencer por estas estructurales criminales.
“Podemos ver el nivel de las bandas criminales y Fusina está atenta para poder ir minimizando a estas bandas que están destrozando a nuestro país”, reconoció el oficial.
Relató que se ha implementado un nivel más alto de operativos por el delito de extorsión. “Estamos ejecutando nuevas herramientas para combatir ese delito, como el juzgado de jurisdicción como llevar al trámite expedito. Estamos hablando de pena de 20 y 30 años, hasta la cadena perpetua”, mencionó.
A la par de las acciones de Fusina, la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) anunció que iniciará una investigación de oficio para ofrecer respuesta a las amenazas recibidas por la empresa Cristina.
La portavoz de la FNA, Norma Moreno, explicó que esa unidad determinó tomar acciones de oficio para realizar las diferentes investigaciones y capturar a los responsables de las amenazas de extorsión a la referida empresa.
“Muchas personas están tomando acciones que no son apropiadas y se dejan asesorar por otras que no manejan el tema de seguridad”, comentó Moreno.
En lo que va del año se han efectuado 211 capturas de personas vinculadas con ese flagelo.
Aseguramientos y tribunales antiextorsión
La “Operación Avalancha”, que comenzó este año en Honduras, tenía como principal objetivo atacar las organizaciones criminales, específicamente la pandilla MS-13. Decenas de bienes fueron asegurados, aunque con pocas capturas de cabecillas.
Como parte de estas operaciones hace unas semanas la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció la creación de los juzgados antiextorsión. Esta figura jurisdiccional funcionará con juzgados en San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa.
Los juzgados de La Ceiba en materia extorsiva conocerán los casos de Atlántida, Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Colón y Olanchito en Yoro.
Mientras en San Pedro Sula, se conocerán los expedientes presentados en Cortés, Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara y Yoro a excepción de Olanchito que le corresponde a los juzgados de La Ceiba.
Mientras a los juzgados de Tegucigalpa les incumbe lo ocurrido en Francisco Morazán, Intibucá, Choluteca, Comayagua, El Paraíso, La Paz y Olancho.
