Tegucigalpa – “Tengo un año de haber abierto mi negocio, hasta antes de ese tiempo todo iba bien, pero desde entonces las cosas complicaron. Hace poco un hombre y una mujer llegaron aquí y dijeron: buenas buscamos a la dueña ¿Qué desean? Les pregunté y contestaron que querían hablar con la dueña -sentí miedo, pero logré decirles que ella no llegaba con frecuencia-, entonces sacaron un papelito y expresaron: dígale que le van a llamar, que conteste”, relató una entrevistada a quien llamaremos en esta nota “Karla”.
– Las fuentes consultadas concluyen que la extorsión sobrevive en Honduras, porque el ilícito penetró instituciones, sectores empresariales, políticos y transportistas.
– La extorsión importó prácticas sofisticadas que permiten a los criminales lucrarse sin exponerse porque operan haciendo uso de la tecnología.
– La divulgación de información privada en redes sociales y el descontrol en la comercialización de chips fortaleció el ilícito en Honduras.
– Es importante conocer que se trata de un juego mental, la operatividad de manera que si no se denuncia, se limitan los espacios para indagar y perseguir el delito.
La práctica y la estrecha grieta de desafiarla
Lo raro es que aquí -dice la trabajadora farmacéutica- no existe eso, es algo nuevo para todos y esperamos que no logren hacerlo porque ahí, sí sería el fin para nuestros negocios pues la economía está complicada como para lidiar ahora con esa exigencia, el teléfono celular ha sonado varias veces, pero no contesto porque los números son desconocidos, además, una amiga muy preocupada me explicó que llegaron a su negocio de verduras y le dieron el papelito pero no era el mismo número, si me comentó que fue un hombre y una mujer.
A ellos no les importó que las cámaras les grababan, pusimos la denuncia ante la Policía, pero en realidad esa gente no era de aquí -del pueblo-, porque nunca antes los habíamos visto, dijo la entrevistada, cuyo negocio pertenece a un municipio cercano a Tegucigalpa y procedió a hablar bajo la condición de anonimato y confía en que las autoridades pondrán cartas en el asunto porque de lo contrario el único camino que nos queda es cerrar e irnos, porque ¿de dónde vamos a sacar cinco mil pesos mensuales para darles”, relató.
Pero además, un sector bastante golpeado por este perverso flagelo son los transportistas, más de 60 conductores y ayudantes fueron asesinados en 14 de los 18 departamentos de Honduras, dónde además unas 40 mil micro y pequeñas empresas generadoras del 75 % de empleos cierran al año por extorsión, según, denuncias del sector privado nacional, pero también la sociedad civil denunció que el 9 % de la población (más de 200 mil personas) fueron víctimas de ese daño y lucrativo negocio que deja a la criminalidad más de 18 mil millones de lempiras al año.
“Yo trabajaba en un punto de taxi en Tegucigalpa, es que después de la pandemia no pude seguir con mis estudios, entonces necesitaba hacer algo para sobrevivir, pero apenas trabajé dos semanas libremente, fue motivante y pensé que sería mi trabajo desde entonces, después me llamaron a mí celular para decirme que el viernes alguien llegaría por el encargo, de inicio no entendí, le comenté al despachador y me dijo es la cuota por extorsión”, dijo “Gabriel”.
“Gabriel”, un joven de 27 años que habló con Proceso Digital con la única petición de ocultar su verdadera identidad, que ante la falta de oportunidades buscó llegar irregularmente a Estados Unidos, pero fue un fallido y trágico viaje, que casi le cuesta la vida, ante ello no tuvo más opción de buscar un empleo en Honduras, no importaba de qué, pero había que trabajar para generar dinero, su oportunidad llegó como conductor de taxi, algo inimaginable para él, porque siempre soñó con ser licenciado en administración de empresas.
“Las cosas están complicadas aquí, yo quisiera irme de nuevo para EEUU, pero necesito hacer el dinero, porque el primer viaje me dejó deudas; pagué más de 1 año extorsión, porque le dije al dueño del taxi sobre eso y dijo que era algo que me tocaba pagar a mí, al final fue algo que yo acepté, pues era peor no estar haciendo nada, porque estaba en crisis, saqué cuentas y al menos me quedaba para la comida, después las cosas se complicaron porque una vez que aceptas te fregaste”, relató.
Renuncia o la línea de la muerte
Recordó que el viernes -tal como se lo advirtieron-, en su taxi (colectivo) logró los cuatro pasajeros, tres de ellos se bajaron en el trayecto, pero la persona de que iba en el asiento del copiloto, era una jovencita de aspecto muy fino y agradable “ella me entregó un papel que decía “la cuota”, la quedé viendo fijamente muy asustado, pero tenía lentes y mascarilla, nunca me volteó a ver y le pregunté qué ¿Cuánto era? Y muy tranquila pero con la voz elevada me respondió: “no te hagas ya sabes”.
Entonces me vi obligado a decirle que yo tenía solo dos semanas de andar el taxi, ella se puso seria y con determinación dijo que antes de llegar al destino debía pagarle ¿no vas a pagar entonces? Me preguntó, pero casi enojada, yo reaccioné a tiempo, pues siempre he sabido que las maras están detrás de eso, pero ella no parecía pandillera, entonces tomó su teléfono y le pidió a alguien que la recogiera en la gasolinera, insinuó que iba conmigo, dijo no y colgó, supuse que le preguntaron si ya le había pagado yo.
Mi tiempo había terminado, llegamos, me sentí amenazado y le dije ¿Por favor dígame cuánto es? Le di 2 mil lempiras y desde ahí fue mi cuota cada quincena, jamás pude librarme, tanto que después ponían lugar y hora, hasta deposité en el banco, ante eso, solo queda atenderlos o me mataban. Me cansé de eso, tuve que dejar ese trabajo, tampoco me fui a EEUU, pero tuve que ausentarme por un buen tiempo, ahora trabajo en InDriver, claro bajo mucha cautela, aquí no pago impuesto y laboro tranquilo.
Dobles jornadas para la cuota de las pandillas
La extorsión es un delito atribuido auténticamente a las pandillas, pero las actuales autoridades creen que el crimen organizado está detrás del flagelo, incluso, dicen que personas que no tienen nada que ver con esas organizaciones criminales, se lucran del negocio, no obstante, la dirigencia del transporte no descarta que miembros del sector estén involucrados, ante ello claman por una depuración porque el acoso sigue afectando sin clemencia sus intereses.
Así transcurren los días para miles de transportistas y emprendedores, muchos hasta trabajando horas extras para hacer la cuota, que incluso, tiende a ser una prioridad por encima del lucro que podría quedar para llevar capital a casa, esto ocurre ante ineficaces políticas para contrarrestar el delito; la autoridad no se da abasto, pues el cobro siempre llega, los ataques por incumplir están a la vista de todos, parece una guerra perdida y los responsables viven en total impunidad.
Según cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de las 5,081 quejas relacionadas a desplazamiento forzado registradas de 2016 a 2021, el 10 % se debió a extorsión. 1 de cada 3 personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento fueron comerciantes, lo que denota el impacto de que tiene la extorsión en el sector económico y productivo de la sociedad.
Investigación, judicialización y penalización es el camino
Migdonia Ayestas, es criminóloga y directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), considera que ese flagelo seguirá atemorizando a la población en la medida que no haya un decidido abordaje desde el Estado, porque es a quien le toca brindar la seguridad. Sostiene que una estrategia es importante, si ésta conlleva procesos de investigación, pero también de judicialización de casos relacionados a la extorsión.
Las acciones darán frutos -alerta la experta-, solo si, además de capturar a quienes delinquen en la escala baja, es decir a quienes llevan el mensaje, el teléfono o la agresión; sino también hay que llegar a los mandos intermedios, así como a los intelectuales que se benefician de ese arraigado mal, además, el descontrol de los números de teléfonos y las salidas de llamadas de los centros penales, es otro tema que demanda una política más estricta porque ahí hay un causa muy potente.
Recuperar territorios controlados por criminales
Ayestas cree que la cartera de víctimas de las bandas criminales, está teniendo como una especie de migración, ya que además de transportistas y empresarios, ahora la extorsión afecta a los dueños de pequeñas pulperías y pese a que la incidencia es grande, no hay tantas capturas para saber ¿Cuál es perfil de los responsables? El año pasado 36 personas fueron asesinadas por esa causa, pero casi 150 hondureños del sector transporte fueron víctimas, confirmó.
Las zonas más golpeadas por ese mal, son las que tienen más dimensión poblacional, comercio y transporte urbano (San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choloma, La Ceiba, Choluteca, entre otras). Para evitar que esto siga creciendo a niveles más delicados, obliga a recuperar territorios que están en poder de las maras, crimen organizado y narcotráfico; y una vez que se concrete, desarrollar la prevención para que aun con tentación las personas no se vinculen con ese delito.
Honduras en guerra contra la criminalidad
La presidenta Xiomara Castro, recientemente echó mano de retórica bastante agresiva para declarar al Estado en guerra contra la extorsión, una estrategia que data de 2013 en el periodo presidencial de Porfirio Lobo Sosa, una política que siguió el también nacionalista Juan Orlando Hernández (extraditado a EEUU) y que la actual administración, cambió su nombre pasó de ser FNAMP la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Después de eso el nuevo gobierno, tardó cinco meses para lanzar su plan contra la extorsión, en un contexto en que la delincuencia, criminalidad y secuestros, manifiestan su músculo más fuerte en una Honduras con frágil institucionalidad, golpeada por los fenómenos naturales, la pobreza, migración y la corrupción, que además, es estigmatizada por los premeditados y extensos vínculos con el narcotráfico, cuyas acusaciones recaen en la clase política nacional.
Castro dijo que pretende controlar el desmedido y lucrativo comercio existente en la venta de chips para celulares, ya que esa herramienta en manos de criminales se utiliza para extorsionar en el país, subrayó que en esa guerra contra ese ilícito, caerán bandidos de cuello blanco; por su parte el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, dijo que la política anterior fracasó y aseguró que jueces, políticos, empresarios y transportistas, estarían detrás de la extorsión.
Denuncia, víctima o muerte
Un oficial de la Dipampco, conversó ampliamente con un enviado de Proceso Digital, sobre las modalidades que utilizan las redes criminales para delinquir y lucrarse bajo la manipulación a miles de hondureños, admitió que el fenómeno se ha disparado porque operan sin cautelas desde escenarios que cada vez resultan más complicados poder contrarrestar, porque echan mano de la tecnología y donde más del 90 % de sus intenciones logran ser un nuevo caso de extorsión.
La típica forma de extorsionar era mediante una notita o llamada, ahora se hace por mensajería instantánea (WhatsApp o Messenger), ellos escriben o llaman y una vez que la persona contesta no puede librarse, es una nueva víctima de la criminalidad, lo mejor que podrían hacer es no responder, bloquear el número y denunciar ante las instancias pertinentes, porque ahí se le bridará una auxilio técnico que lo podrá salvar, el problema es que las personas no denuncian.
La tecnología como nueva aliada
Y es que la conducta ciudadana en las redes sociales -añade el entrevistado-, está siendo una herramienta para los criminales porque ellos buscan ahí información que fácilmente permite identificar a las víctimas ¿pero cómo funciona? Es un sistema encriptado que genera mensajes automáticos y una vez que haya respuesta, el criminal logrará su perverso objetivo de una forma muy cómoda y sin mucho esfuerzo, entonces es todo un sistema de tecnología.
Las redes sociales son aliadas del crimen, porque las personas no miden las secuelas que deja compartir información privada; por ejemplo una fémina labora en un banco, publicaba fotos con ubicación GPS, también de su esposo que trabajaba para una prestigiosa empresa de venta de vehículos, además fotos de sus hijas con sus uniformes, vemos como ella reveló detalles de su familia, así como sus rutinas diarias y solo bastó con que alguien entrara a su perfil para ubicarla.
Una conducta ciudadana desfavorable
Los mecanismos de publicidad que utilizan los comercios, por ejemplo publican sus números de teléfonos en las paredes de sus negocios con la esperanza que un cliente los llame, pero no, la llamada es de un criminal que pasó por ahí, observó y con esa información recabada intenta hacer saber al dueño del negocio que están plenamente identificados; ante ello solo queda que la población esté orientada de cómo operan y hacer saber a la autoridad de la amenaza.
“Si no hay denuncia el criminal gana terreno, logra negociar con el dueño, saca dinero hasta llevarlo a la quiebra y ante la falta de recursos solo queda clausurar. Por ejemplo, el control de la portabilidad numérica es una solicitud que venimos haciendo desde 2018 pero las autoridades no atendieron, aquí el 95% de los casos de extorsión se consiguen por medio de teléfonos, es complicado porque estos individuos tienen hasta 15 números telefónicos”, relató.
La extorsión puede ser arrinconada en Honduras
Y es que cuando el investigador trabaja para identificar al dueño, ese número no estaba asignado a ningún nombre, entonces ese vacío, avanzó a los niveles que hoy tenemos; pero además en países como EEUU, no existe la extorsión porque hay control de todo número activo pero siendo optimistas, si Hondura logra dar ese paso, los extorsionadores deberán recurrir a las ambiguas prácticas para cobrar con una notita escrita, que complicará una negociación con ellos.
No es difícil combatir la extorsión, pero si no se logran cerrar esos espacios que la tecnología e institucionalidad les ha permitido, ese delito seguirá. Una vez que se logre restringir ese acceso, será más sencillo darle seguimiento a un enviado de las estructuras criminales. PD
