Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – En la administración de la presidenta Xiomara Castro, muchos de sus funcionarios han caído en una distorsión del concepto de seguridad y de seguridad ciudadana, al atribuir funciones que no corresponden, de un lado a los colectivos de Libre, y de otro, abrogándose oficios que no son de su competencia cuando de respeto a los derechos humanos se trata.
Avanza así en un discurso autoritario que se aleja de los parámetros democráticos a los que aspiran los hondureños.
La primera señal la dio la Secretaría de Salud al otorgar la seguridad de los hospitales a los colectivos de Libertad y Refundación, Libre, el partido en el poder, bajo argumentos del derecho al empleo que tienen sus bases militantes, y porque había que desmontar la privatización de la seguridad en los hospitales de los últimos años.
La seguridad hospitalaria, tenía que volver “al pueblo” y en el caso de los colectivos de Libre, éstos “darán cátedra” de cómo manejar este ramo en los hospitales públicos, apostilló la titular de Salud, Carla Paredes.
Los cuestionamientos a esta decisión, bajo un falso concepto de “seguridad ciudadana”, llevaron a la Secretaría de Salud a informar sobre los primeros 140 activistas de Libre contratados para la seguridad en el Hospital Escuela —el principal centro médico del país— que habían sido capacitados en manejo de seguridad y hospitales y que darán un trato cálido a los pacientes y a quienes visiten esas instalaciones para ver a sus familiares o por motivos varios.
Pero de acuerdo con parámetros establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la atención de la seguridad hospitalaria debe regirse por patrones relacionados no solo con el manejo de personal, sino con protocolos frente a escenarios de crisis o imprevistos.
Pero la titular de la Secretaría de Salud ha minimizado todas esas advertencias, y anunció que la seguridad de los hospitales públicos a cargo de los colectivos de Libre se iba a extender a otros cinco nosocomios más, y que quienes cuestionaban esta decisión eran opositores políticos sin fundamento.
“Ellos tienen derecho a trabajar, ¿Dónde está el pecado?”, preguntó la funcionaria, mientras las autoridades del Hospital Escuela indicaron que los militantes habían sido capacitados desde hace un mes en materia de derechos humanos y leyes hospitalarias. El mínimo de tiempo en capacitación debe ser de seis meses, estiman los conocedores de seguridad en materia hospitalaria.
Los expertos en temas de seguridad y de seguridad ciudadana han indicado que uno de los riesgos de dar la seguridad de los hospitales a militantes políticos, es que se abre una peligrosa ventana de politización partidaria de la seguridad, que gente sin experiencia maneje armas y complique su manejo de crisis, además que esa ventana podría dar paso a otro escenario más peligroso: la creación de grupos paraestatales que podrían operar como fuerzas de choque en donde la seguridad y vida de las personas en los hospitales públicos estaría en riesgo.
El riesgo de grupos paraestatales
Esa advertencia la han hecho de frente dos exjefes de las fuerzas armadas de Honduras: los generales en retiro Isaías Barahona y Romeo Vásquez Velásquez. Se ha sumado a esa causa el militar también en retiro y abogado de los tribunales de justicia, German Licona.
Pero el coordinador de los colectivos de Libre en la capital, Melvin Cevallos, ha salido al paso y rechazado que sean un grupo de choque, sino militantes que aplanaron calles por la refundación del país y tienen derecho a ser parte del régimen que gobierna. Cevallos y sus colectivos han encabezado en los últimos dos años las tomas en las dependencias de la Secretaría de Salud y otros entes gubernamentales, donde la violencia ha caracterizado esas formas de protesta.
La virulencia de los colectivos de Libre ha llamado la atención en los informes de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Esa distorsión del concepto de seguridad y seguridad ciudadana es lo que está en el debate como telón de fondo.
El último informe de la ASJ sobre conflictividad social destaca que los mayores conflictos generados desde la institucionalidad corresponden a los colectivos de Libre (104 de 482 conflictos registrados a nivel nacional). La percepción de su violencia y de grupos de choque es fuerte entre los hondureños.
La militancia de Libre y algunos diputados se han dado a la tarea de querer instalar en el debate público que quienes cuestionan esta nueva función de los colectivos son “fascistas” que buscan demeritar a sus activistas, al partido en el poder y al gobierno de la presidenta Castro. Se sube así el tono de intolerancia y autoritarismo.
Otra de las intolerancias que se registra se relaciona con las casi 90 muertes de privados de libertad registradas en las cárceles del país y denunciada por el Comisionado de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), que pide a las autoridades una investigación al recordar al Estado que toda muerte producida bajo su protección debe ser investigada según establecen los convenios internacionales de derechos humanos de los cuales el país es suscriptor.
El Conadeh informó que desde 2023 hasta los primeros días de junio de este año, se han producido cerca de 90 muertes en los reclusorios del país. Postas policiales y centros penitenciarios fueron escenarios de muertes violentas por “enfrentamientos”, “suicidios” por ahorcamiento, casos de privados de libertad “envenenados” y supuestas muertes naturales que no son investigadas.
Las inseguras cárceles hondureñas
Los registros en poder del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos indican que en el 2023 perdieron la vida en los reclusorios bajo protección del Estado, 48 personas del sexo femenino y 41 del sexo masculino. Asimismo, dentro de esas muertes 24 estaban bajo la custodia de la Policía Militar del Orden Público y 60 bajo la protección de la Policía Nacional.
En lo que va de 2024, los primeros días del mes de junio, ya se registran al menos 10 muertes en las cárceles, nueve de las cuales estaban bajo la custodia de la Policía Militar de Orden Público. Cuatro de esas muertes se produjeron en los módulos de cárceles de máxima seguridad.
Esta denuncia del Conadeh, generó malestar entre el comandante de la Policía Militar y director de la interventora en las cárceles del país, el coronel Ramiro Muñoz, al increpar al Comisionado y reprochar, molesto, esa información, asegurando que “Honduras no es Ucrania”.
Muñoz no sólo pidió “pruebas” al Comisionado de los Derechos Humanos, sino que le dio funciones que el organismo estatal no tiene: investigar y darle a él los resultados “para proceder”, ignorando las facultades del ente estatal de derechos humanos en un afán por descalificar sus funciones y su denuncia.
El comandante de la Policía Militar de Orden Público busca un manejo del discurso inclusivo, de apertura a los derechos humanos, pero en la práctica los hechos dicen lo contrario, y las organizaciones humanitarias, entre ellas el Conadeh, han señalado de dificultades para hacer su trabajo sobre las condiciones en que se encuentra el sistema penitenciario, otorgado por el gobierno a los militares desde hace más de un año.
La seguridad ciudadana y la seguridad del país no sólo van subiendo su tono autoritario, también sus acciones de mano dura en un afán por revertir el clima de inseguridad y violencia que azota al país, uno de los tres principales problemas que enfrenta la actual administración de la presidenta Castro, según el sondeo de opinión pública de los jesuitas.
El gobierno ha anunciado nuevas medidas contra el crimen que enfilan a una política de súper mano dura, reciclando acciones del pasado que no se concretaron como los grilletes electrónicos, el tema de los chips en los celulares, y otras relacionadas con reformas penales que desde hace algún tiempo están en el tintero del hemiciclo legislativo.
La novedad en esa política de súper mano dura es que llevarán a una zona aislada a unos 20 mil privados de libertad, mientras construyen la mega cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, un sitio protegido, por su riqueza marina y equilibro en el ecosistema de la región Caribe.
Esos 20 mil privados de libertad serán sometidos al mejor estilo bukeliano a condiciones desconocidas, pues se carece de información sobre si esa híper cárcel se puede construir “de inmediato” como se anunció en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Mientras esas medidas anunciadas cobran fuerza, el mensaje que deja esa reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, es que las acciones autoritarias y su tono irán escalando, que se ha tejido un “nudo gordiano” donde el discurso público es el “respeto” a los derechos humanos, aunque en la práctica, las garantías ciudadanas sigan restringidas.
En tanto, los resultados de un estado de excepción siguen siendo muy pobres, y la distorsión del concepto de seguridad y seguridad ciudadana se difuminan como la espuma al ser parte de un desdibujamiento del Estado de Derecho. PD
