Tegucigalpa- El analista en derecho internacional, Graco Pérez, reaccionó a la declaración de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien reveló que el espacio aéreo de Honduras es utilizado por el narcotráfico y que posteriormente se conoció que se carece de radares activos para enfrentar el narcotráfico, e incluso que los equipos instalados en el aeropuerto internacional de Palmerola tampoco están funcionando, desnudan la realidad.
“Esto no lo sabíamos (falta de radares) y ahora salen hasta las Fuerzas Armadas a confirmarlo. El gobierno de la República debería tomar medidas, porque no solo es un tema de lucha contra el narcotráfico, ahora también es seguridad aérea y seguridad nacional”, señaló Pérez.
El analista advirtió que esta revelación deja al descubierto una fragilidad institucional que pone en riesgo tanto la soberanía como la seguridad de los pasajeros que transitan por el principal aeropuerto del país.
Mensajes contradictorios al exterior
Pérez criticó que, mientras se conocen estas carencias, el gobierno envía al extranjero un mensaje opuesto. “Cuando hemos tenido visitas desde Estados Unidos, se dice oficialmente que el país está mejorando. Recientemente el vicecanciller aseguró que un millón de hondureños salieron de la pobreza”, recordó.
Ese discurso, agregó, puede tener consecuencias en temas migratorios: “Bajo ese concepto, Estados Unidos también puede decir: ‘entonces no necesitan un TPS’. Pero la realidad es que más de 50 mil compatriotas y sus familias ahora se ven seriamente afectados, y Honduras no tiene condiciones para recibirlos”.
Un desafío político y diplomático
De cara a las próximas elecciones generales, Pérez insistió en que los hondureños deben elegir líderes comprometidos con el bienestar de la mayoría y capaces de atraer inversión para mejorar las condiciones de vida.
“También se necesita mejorar la relación con Estados Unidos y buscar mecanismos para que quienes aún tengan oportunidad de regularizar su situación en ese país puedan hacerlo”, concluyó.LB
