Washington – La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asumirá la misión de frenar la migración irregular desde Centroamérica y la coordinación con El Salvador, Honduras y Guatemala para combatir los problemas de violencia y corrupción que provocan la huida de sus ciudadanos hacia el norte.
En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Joe Biden, hizo este miércoles el anuncio y describió a Harris como la persona más cualificada para ese trabajo.
«Cuando ella hable, hablará por mí y no tiene que consultarlo antes conmigo», afirmó Biden, quien como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) asumió un papel similar.
Después de otro auge migratorio en 2014, Biden diseñó el Plan para la Alianza de Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) con el fin de otorgar 750 millones a esos países con el objetivo de atajar las causas de la migración: la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la violencia.
En respuesta a su nombramiento, Harris reconoció que «no hay duda de que existe una situación compleja» y habló de la necesidad de fortalecer la frontera mientras se refuerza la relación con los países del Triángulo Norte y se estimula la colaboración con el sector privado.
En concreto, la vicepresidenta tendrá dos cometidos, detallaron en una rueda de prensa telefónica funcionarios de la Administración.
Su primer objetivo será frenar la llegada irregular de migrantes a EE. UU. con medidas para fortalecer la frontera y programas para que los centroamericanos puedan tramitar desde sus países de origen sus peticiones de asilo.
Combate a la corrupción
En segundo lugar, Harris supervisará los esfuerzos diplomáticos para fortalecer la colaboración con los países del Triángulo Norte, de donde procede la mayor parte de migrantes que han llegado en las últimas semanas a EE. UU.
En este sentido, el objetivo de Harris será ayudar a esas naciones a combatir la corrupción, proveer oportunidades económicas a sus ciudadanos y fortalecer sus instituciones y Estado de Derecho.
La vicepresidenta ya ha empezado a asumir su nueva responsabilidad. Este miércoles conversó por teléfono con la delegación de alto nivel estadounidense que se reunió el martes con el Gobierno mexicano y que se dirigirá ahora a Guatemala.
De momento, Harris no tiene planeado viajar a Centroamérica, explicó uno de los funcionarios.
Sin embargo, en una entrevista con la cadena CBS, la vicepresidenta sí que se comprometió a visitar la frontera con México, aunque no ha precisado si lo hará pronto.
La migración irregular de Centroamérica a EE. UU. ha crecido en los últimos meses y ha colapsado el sistema de acogida, lo que ha provocado críticas hacia el Gobierno de Biden.
En concreto, las críticas se han centrado en la situación de los menores que han cruzado la frontera en las últimas semanas y que han tenido que quedarse más tiempo del permitido por la ley en centros de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) que están diseñados para adultos, no para niños o adolescentes.
Según fuentes gubernamentales citadas por los medios, la CBP tiene bajo su custodia alrededor de 5,000 menores de edad, mientras que los albergues del Departamento de Salud acogen actualmente a unos 15,000 niños y adolescentes que han cruzado la frontera sin la compañía de sus padres o un tutor legal.
Ricardo Zúniga, el enviado especial y el contexto de los países
Recién en el inicio de esta semana, la administración Biden comunicó a través del secretario Bliken que el diplomático de carrera Ricardo Zúniga asumió el rol de enviado especial de Washington para el Triángulo Norte.
La misión de Zúniga enfrenta grandes desafíos. En el caso de Honduras, principal expulsor de migrantes hacia el norte del continente y una nación donde la pandemia ha dejado huellas profundas que se han agudizado por el paso de dos meteoros que a finales del 2020 dañaron gran parte del país y destrozaron comunidades enteras, cultivos e infraestructura en general.
Las tormentas Eta e Iota afectaron mayormente el noroccidente del país y gran parte del atlántico. El Valle de Sula, Santa Bárbara, Yoro, Copán fueron zonas que aún muestran visibles y dramáticas huellas de la tragedia.
A ello se suma la conflictividad social, el deterioro institucional marcado por los hechos corruptos que ocurrieron a la sazón de la pandemia, aunados a la recién pasadas elecciones internas y primarias en los principales partidos políticos del país y que han dejado incontables denuncias de fraude e inconsistencias en un proceso que ocurrió hace 11 días y cuyos resultados oficiales aún no se conocen en su totalidad, en ninguno de los niveles (presidencial, legislativo y municipal.).
Igualmente, el país enfrenta los resultados de juicios en cortes federales de Nueva York, donde narcotraficantes han sido condenados, pero en sus testimonios han involucrado a las más altas esferas del poder público que han salpicado a líderes multipartidarios, incluidos dos expresidentes del país y al actual mandatario.
Mientras, El Salvador y Guatemala también enfrentan sus propias crisis en torno a la independencia de poderes, autoritarismo, corrupción y el respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, entre otros males.
Recientemente senadores estadounidenses reprocharon los matices autoritarios del presidente Nayib Bukele quien además es denunciado por los medios de comunicación y periodistas que se quejan de las restricciones a las libertades, especialmente de expresión y de prensa.
En tanto Guatemala expulsa tres veces más niños que sus vecinos de la región, revelan datos de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. En ese país los abusos ambientales y el desempleo son males profundos que también cobran una alta factura.
México, donde este jueves concluyó una ronda de conversaciones entre sus autoridades con la embajadora Roberta Jacobson; el director del Consejo de Seguridad Nacional para el Triángulo Norte, Juan González y el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, ha llegado a acuerdos para trabajar en conjunto sobre las causas que originan la migración.
El canciller azteca Marcelo Ebrard y Roberta Jacobson hablaron de iniciativas y proyectos que buscarán aminorar la migración, pero las opciones no fueron desmenuzadas.
La administración Biden destinará cuatro mil millones de dólares para paliar las causas que originan la migración desde el Triángulo Norte, una cifra conservadora, según los expertos.
En una conversación con periodistas regionales, en la que Proceso Digital participó, el enviado especial Ricardo Zúniga, hizo énfasis en que el combate a la corrupción representa un paso trascendental para atacar la médula de la migración irregular.
Zúniga dijo que la administración proyecta crear una fuerza de tarea anticorrupción regional e indicó que entre los daños que afectan a la región está el uso de dineros ligados al crimen organizado en campañas políticas y el debilitamiento de los ministerios públicos a los que no se les ha provisto de todo el apoyo que requieren para poder combatir las redes corruptas y fortalecer la transparencia y el estado de derecho.
Igualmente llamó a las personas a no continuar viajando hacia los Estados Unidos ya que sus fronteras están cerradas y les pidió no exponerse a los peligros de una travesía que genera muertes y daños. (PD/EFE)
