Tegucigalpa – Varios son los alcaldes hondureños que están en la mira de la justicia. En la mayoría de los casos se les vincula a presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y otros relacionados por su función pública. También ex ediles son señalados por la comisión de ilícitos
– Condenas ejemplares han sido dictadas a los exalcaldes Arnaldo Urbina Soto, por lavado de activos; y Ramón Sarmiento por delitos de criminalidad organizada.
Constantemente la Fiscalía hondureña ejecuta operaciones en todo el país, en las que se decomisan documentos en gobiernos municipales. Muchas diligencias son elaboradas por efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Las acusaciones en los tribunales de la República se presentan cotidianamente y poco a Un significativo número de gobiernos locales de todo el país, están bajo investigación, gran parte de ellos ubicados en los llamados corredores calientes donde pulula el crimen organizado y el narcotráfico.
Muchas de las acciones fiscales se relacionan que van desde abuso de autoridad hasta falsificación de los deberes de los funcionarios, fraude, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Leopoldo CrivelliLa semana anterior, el alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli fue detenido y puesto a las órdenes de la justicia, luego de estar vigente un requerimiento fiscal en su contra señalado por los delitos de falsificación de documentos públicos, fraude y abuso de autoridad.
El edil se presentó a la audiencia y el juez decidió decretar medidas cautelares, al tiempo que lo suspendió del cargo, en tanto se realiza la audiencia inicial.
En este caso, el expediente retrata una presunta valoración de 7.5 millones de lempiras de un terreno del botadero municipal en Choloma, el que tenía un costo de 3 millones, de acuerdo a la valoración de Bienes Nacionales del Estado.
Fue así que el alcalde Crivelli y los regidores introdujeron el documento adulterando el valor y dejándolo en 10 millones de lempiras para cometer el fraude, según el relato de los fiscales.
Seguidamente se presentó el requerimiento fiscal contra toda la corporación municipal y también están por ir a juicio los regidores, pero en el caso del alcalde Crivelli se evacuará el antejuicio.
Allan RamosMientras que esta semana la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción declaró con lugar la petición del Ministerio Público de un antejuicio contra el edil de Puerto Cortés, Allan Ramos, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
A Ramos la Fiscalía lo acusa a título de autor por el delito consumado de violación de los deberes de los funcionarios. Según el expediente, en una sesión de la alcaldía en noviembre de 2018, el edil nombró a cuatro personas sin firmar el acta de sesión violentando la Ley de Municipalidades.
Ramos ha sido reelecto en su cargo por varios periodos y en su ciudad mantiene respaldo de la ciudadanía.
Rodolfo Padilla SunseriEn tanto, en las últimas horas se conoció que un juez hondureño emitió una nueva orden de captura para el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri (2006-junio 2009), tras un requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público.
Padilla Sunseri es acusado por 87 delitos de abuso de autoridad y uno por malversación de caudales públicos.
Se trata de la tercera orden de captura emitida contra Sunseri tras fugarse el 20 de septiembre de 2017 de su casa habitación mientras cumplía arresto domiciliario.
Recientemente también dos exfuncionarios municipales hondureños fueron noticia en juicios en cortes de New York. Se trata de Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, así como el exvicealcalde de Gracias, Mario José Cálix Hernández. Ambos fueron mencionados como importantes figuras del narcotráfico.
Acusan a vicealcalde de Chinda por abuso de autoridad
Vicealcalde de Chinda
Recién la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública acusó al vicealcalde de Chinda, Julián Linares, por el presunto delito de fraude.
En la acusación incluyen a los regidores José Natanael Ramos y Marco Antonio Quintanilla por la sobrevaloración de un terreno para la construcción de una escuela.
De acuerdo a la Fiscalía, el terreno tenía un precio aproximado de medio millón de lempiras, pero la corporación pagó un millón y medio de lempiras, es decir una sobrevaluación de un millón.
Alcalde de Trujillo
Igualmente, hace unos días fiscales anticorrupción y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), abrieron una investigación contra el edil de Trujillo, Héctor Mendoza, por abuso de autoridad.
En la misma señalan a la extesorera municipal del período 2010-2014 por el delito de malversación de caudales públicos.
Las acciones forman parte de la Operación Odiseo X realizada el 22 de octubre de 2019.
Edil de Talanga
Roosevelt AvilésEn varias oportunidades, grupos de pobladores y regidores de la municipalidad de Talanga se han acercado al Ministerio Público para denunciar presuntos actos de corrupción en los que ha incurrido el edil Roosevelt Avilés.
Las denuncias, por ahora, se encuentran en investigación, sin embargo los pobladores han protagonizado protestas y manifestaciones callejeras para elevar sus voces.
Avilés ha sido denunciado por la presunta comisión de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, utilización indebida de fondos municipales, violación de los deberes del funcionario, falsificación de documentos públicos y fraude.
Las protestas y denuncias ciudadanas han arreciado este 2019.
Se entrega alcalde de La Campa acusado por el presunto delito de violación
Alcalde de La Campa
En junio de este año fue procesado Nery Noé Méndez Sánchez, edil de La Campa, Lempira, quien supuestamente habría cometido el delito de violación.
Sin embargo, días después un juez del occidente de Honduras dictó sobreseimiento provisional para el jefe municipal.
Con esta determinación la causa penal podría ser abierta en los próximos cinco años.
Alcalde de Nueva Armenia, Francisco Roberto López
Alcalde de Nueva Armenia
Asimismo, en octubre de este año se registró la captura del jefe municipal de Nueva Armenia, Francisco Roberto López, señalado por defraudación fiscal.
El edil ha sido detenido varias veces por la misma causa, pero luego liberado porque es una persona de 80 años y la ley manda se defienda en libertad.
López fue inhabilitado de su cargo el 13 de septiembre del presente año por una resolución de un juez de Delitos Tributarios.
El funcionario municipal no retuvo el 12.5 % de la base real de los contratos por servicios técnicos y profesionales realizados por personas naturales y jurídicas, según el artículo 50 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Francisco Roberto López lleva cinco períodos seguidos siendo alcalde de Nueva Armenia.
En la última década decenas de alcaldes han sido vinculados con crímenes relacionados a su función pública, pero también a criminalidad organizada y común.
