Tegucigalpa – La justicia hondureña sigue dando muestras de sus disparidades. Por un lado, le abran las puertas de la prisión al prófugo exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, y por otro lado, criminalizan a los defensores de Guapinol al reabrir causas penales incluso contra el recientemente asesinado Juan López.
En menos de 24 horas, la Corte de Apelaciones corrió a ratificar dos sobreseimientos definitivos para el exalcalde sampedrano Padilla Sunseri, acusado en siete causas, pero ya ha podido librar algunas, pese a que tenía sentencias firmes, gracias al decreto 04-2022 conocido como Decreto de Amnistía o Pacto de Impunidad.
En sus imputaciones ante la justicia hondureña, Padilla Sunseri tenía varias de antes de 2009 que fue cuando se produjo el golpe de Estado. Algunas datan de 2002 cuando era regidor de la comuna sampedrana, sin embargo ha logrado ser favorecido por el decreto aprobado en el Congreso Nacional en febrero de 2022, es decir a pocos días que Libre tomó el poder de la nación.
Los propios abogados del exjefe municipal han reiterado en declaraciones públicas que allanan el camino para que Padilla Sunseri, residente en Estados Unidos -prófugo de la justicia-, pueda volver a Honduras para llevar una vida normal, tal como ocurrió con Enrique Flores Lanza, hoy asesor del Poder Ejecutivo, y que volvió desde Nicaragua hacia donde huyó de la justicia por las múltiples imputaciones en su contra.
Igualmente, el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, condenado por delitos de corrupción y que estaba en la cárcel, fue arropado por el Decreto de Amnistía y ahora también se desempeña en el gobierno como asesor en un cargo poco visible pero no menos importantes.
También otros altos exfuncionarios del Poder Ciudadano (2006-2009), acusados en los tribunales por delitos graves, fueron favorecidos por el cuestionado Pacto de Impunidad.
Justicia revoca sobreseimiento para cinco defensores de Guapinol, entre ellos el extinto Juan López
A la par, de forma extraña y hasta desafiante, esta misma semana la Corte de Apelaciones de La Ceiba revocó las medidas de sobreseimiento definitivo que habían otorgado a cinco defensores ambientales del sector de Guapinol, entre ellos el asesinado Juan López.
El Ministerio Público había interpuesto un recurso de apelación en contra de esta medida de sobreseimiento definitivo otorgado por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa.
Los defensores imputados son el recién fallecido Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez Ramos, José Adaly Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos.
Estos cinco defensores de Guapinol son acusados por la comisión de los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita.
La resolución fue otorgada el 5 de septiembre, pero hasta dos semanas después fue notificado a las partes procesales.
El 14 de septiembre, fue asesinado en Tocoa el defensor Juan López, provocando una ola de reacciones condenando el crimen y exigiendo una investigación exhaustiva.
Ante esta nueva acción de la justicia, la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, instó que se abstenga de continuar procesos de criminalización contra defensores ambientalistas después de que se anulara el sobreseimiento otorgado en 2022 a favor de cinco de ellos.
En un comunicado, Izaguirre expresó su «preocupación» por la decisión de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, en el Caribe hondureño, de anular la resolución emitida el 26 de octubre de 2022 por el Juzgado de Letras de Tocoa a favor de cinco ambientalistas, entre ellos el recientemente asesinado Juan López, por lo que ahora deberán enfrentar nuevamente el proceso judicial por cuatro delitos.
Igualmente, el Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, instruyó la apertura de una investigación imparcial y objetiva a la Corte de Apelaciones de La Ceiba, luego de que dicha instancia revocara el sobreseimiento definitivo a cinco defensores ambientales de Tocoa, Colón, entre ellos el fallecido Juan López.
“Reafirmo mi compromiso de hacer justicia. No vamos a permitir abusos ni confabulaciones de ningún tipo”, expresó el Fiscal General en una contundente declaración, a la vez que ordenó también investigar al fiscal encargado del caso.
Asimismo, luego que la Corte de Apelaciones de La Ceiba reabrió el juicio contra defensores ambientalistas de Guapinol, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, ordenó a la Supervisión General del Poder Judicial para investigar la actuación de los jueces involucrados en las distintas etapas del caso Guapinol.
Así, la justicia hondureña vuelve a mostrar su dualidad en temas trascendentales del país. JS
