Tegucigalpa – El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), juramentó este día a los Servidores Judiciales que conforman la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Honduras creada para dar seguimiento a la implementación de las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Está Comisión Judicial coordinará la gestión de políticas públicas del Poder Judicial dirigidas a grupos vulnerables a fin de que éstos gocen de los servicios de esta Institución del Estado en aras de generar una mayor credibilidad y cohesión social mediante la difusión, promoción, comprensión, aplicación e incorporación en la aprobación y ejecución de proyectos que garanticen dicho acceso.
El trabajo de la Comisión incluye la mejora de los procesos judiciales a través de la implementación de nuevas tecnologías, así como propiciar la conformación de una instancia nacional con participación de otros poderes del Estado y de las entidades de la sociedad civil, por su estrecha relación con grupos de personas desfavorecidas.
“El Poder Judicial de Honduras en el cumplimiento de lo establecido en la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Brasil aprobó las reglas mínimas para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, las cuales se denominan 100 Reglas de Brasilia, es importante manifestar que el Poder Judicial como institución encargada de impartir justicia, en el trascurso del tiempo ha venido creando condiciones, que han permitido romper con esas barreras que de una u otra manera impiden a la ciudadanía tener un acceso efectivo a una justicia pronta y eficaz”, manifestó la magistrada Lidia Álvarez Sagastume, quien presidió este acto.
Los beneficios de las 100 Reglas de Brasilia están dirigidas a personas en razón de la edad, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, victimización, migración y desplazamiento interno, pobreza, género, pertenencia a minorías, privación de libertad, entre otras.
El Artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos consagra el derecho de acceso a la justicia y establece la obligación positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales contenidos no solo en la Convención sino también aquellos reconocidos por la Constitución o por la Ley.
Finalmente la Comisión está integrada por representantes de cada una de las dependencias jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial: Coordinadores de los Juzgados Unificados Penal y Civil de Francisco Morazán; Coordinación Nacional de Juzgados de Ejecución; Dirección Nacional de la Defensa Pública; Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ); Departamento de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales; Unidad de Género; Dirección de Administración y Finanzas; Escuela Judicial; Unidad de Apoyo a las Comisiones Interinstitucionales de Justicia; Dirección de Comunicación Institucional y Unidad de Programas Especiales.
