Managua .- El juicio contra tres médicas en Nicaragua, acusadas por el delito de homicidio imprudente de una paciente, ha desatado la controversia en este país, entre los colegas que las defienden y los informes concluyentes que evidencian que cometieron faltas graves en la atención sanitaria.
Los sectores a favor, incluido el Movimiento de Médicos Sandinistas, señalan a los dueños del hospital privado «Salud Integral», de Managua, donde trabajan las procesadas, como los responsables de la muerte de la paciente que sufría pancreatitis aguas en abril pasado y que también se dedicaba a la medicina.
Por el contrario, una comisión investigadora del Ministerio de Salud y un dictamen forense realizado por la junta directiva del Instituto de Medicina Legal coincidieron por separado en que hubo un mal manejo del expediente clínico.
Entre los profesionales que se han sumado al debate hay quienes critican a las clínicas hospitalarias de ver al paciente como un «negocio» y otros que consideran que los doctores están perdiendo el humanidad en su profesión.
Las tres doctoras nicaragüenses serán procesadas el próximo 15 de octubre por el delito de homicidio imprudente.
La Fiscalía acusa a las internistas Arlen Romero Gutiérrez, María Gabriela Barrios Machado y Teresa Cuadra Díaz de la muerte de la paciente Karina Peña López, de 24 años y quien también era médico, por no haberla atendido adecuadamente.
El dictamen forense del Instituto de Medicina Legal concluyó que «en base a los registros médicos del expediente clínico, hay manejo inadecuado de líquidos y electrolitos, tanto en sala general como en la unidad de cuidados intensivos».
Ese Instituto señaló seis faltas médicas, entre ellas, que hubo uso inapropiado de soluciones para la reposición de volumen (solución hipotónica), pese a que presentaba hiponatremia, y la administración de electrolitos sin justificación registrada (potasio, magnesio y calcio).
El Instituto de Medicina Legal determinó «que el manejo médico inadecuado, principalmente hidroelectrolítico, influyó negativamente en la evolución natural de la pancreatitis aguda» de la paciente.
Por su lado, la Dirección de Regulación para la Salud del Ministerio de Salud evidenció el incumplimiento de cinco normas.
Ese informe señaló la «precipitación en el uso de analgésicos sin tener un diagnóstico de base, un pobre abordaje semiológico del dolor abdominal, y reporte tardío de los resultados de los exámenes de laboratorio en la emergencia».
«Se utilizaron múltiples esquemas analgésicos en la paciente con pobre respuesta clínica, la valoración de cirugía no fue constante y el empeoramiento de la paciente fue hacia un abdomen agudo», señalaron en otra de las conclusiones.
No obstante, para el Movimiento de Médicos Sandinistas fueron los dueños del hospital privado los responsables de que las médicas no brindaran el debido cuidado en la atención a la mujer, porque, entre otros, les miden el tiempo para atender a los pacientes y les limitan la administración de las medicinas a los enfermos.
Los médicos sandinistas señalaron a los propietarios del hospital porque «con sus normas basadas en la ganancia y no en el humanismo fueron los responsables de que no se le brindaran los cuidados necesarios» a la paciente, según dijo a periodistas el coordinador de ese organismo, Félix Sánchez.
Los dueños del «Salud Integral» no fueron mencionados en la acusación que el lunes pasado interpuso el Ministerio Público contra las doctoras.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua también mostró su respaldo a los familiares de la víctima y a las acusadas, y demandó el cierre del nosocomio.
Mientras el debate continúa, la Justicia nicaragüense ha ordenado el impedimento de salida del país y la presentación periódica ante el juez a las tres doctoras, aunque no las suspendió del ejercicio profesional.
