Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento aceptó que se deben aprobar la ratificación de varias ampliaciones al estado de excepción, pero no existen los consensos necesarios.
– El estado de excepción en Honduras es una medida controvertida: las autoridades la defienden por reducir homicidios y capturar delincuentes, pero es criticada por no frenar la extorsión, vulnerar derechos humanos y carecer de una estrategia.
El parlamentario defendió que solo las últimas tres de 20 prórrogas correspondientes a todo el año 2025 no han sido ratificadas.
Dijo que se buscará a probar la ratificación cuan do se abra una nueva sesión y existan los consensos necesarios.
En ese contexto, dijo que no se requiere más que los votos de la mitad más uno de los presentes en una sesión legislativa.
“En el pasado lo que hemos hechos es que cuando tenemos los votos y los aprobamos se meten los que no se ratificaron, para poder salvarlas, es el procedimiento que se ha usado”, expresó el jefe de la bancada de Libre.
El estado de excepción en Honduras es una medida implementada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro desde el 6 de diciembre de 2022, con el objetivo de combatir la violencia, el crimen organizado, las pandillas y delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro.
Se decretó inicialmente mediante el PCM 29-2022, suspendiendo ciertas garantías constitucionales (libertad personal, de asociación, circulación, inviolabilidad del domicilio, etc.) en 162 zonas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las áreas más afectadas por la criminalidad.
Actualmente abarca 226 de los 298 municipios del país, enfocándose en regiones violentas o dominadas por el crimen organizado. (RO)