«Para las instituciones no gubernamentales de derechos humanos hay un deterioro en materia de derechos civiles y políticos», dijo a Efe el delegado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Armando Pérez, en la presentación del Informe sobre Derechos Humanos y conflictividad en Centroamérica 2009-2010.
Advirtió que la región «está experimentando retrocesos que hacen renovar políticas que se empleaban en el pasado», entre las que citó el uso del Ejército en tareas de seguridad en El Salvador o el choque del Legislativo y el Judicial por un fallo que favorece las candidaturas independientes en este país.
«Estamos viendo claras regresiones en los sistemas políticos y deterioro de los procesos democráticos en Centroamérica», añadió.
Citó como casos llamativos el de Honduras, las actuaciones en Panamá contra manifestantes, el aumento de la violencia en Costa Rica y el proceso en Nicaragua, donde, según dijo, «de manera paulatina se están tratando de instaurar condiciones para nuevas dictaduras».
«Se ha desatado toda una ola de persecución, toda una ola represiva (en contra de las movilizaciones) en Panamá que es nueva, no se empleó en los Gobiernos anteriores», sostuvo Pérez.
La representante del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala Carla Campos señaló que el equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos en Centroamérica, encargado de elaborar este documento, detectó que Honduras ocupa el primer lugar como el país más violento de la región, seguido por El Salvador, lo que desplazó a Guatemala de la cima de estas estadísticas.
«Centroamérica está cambiando no para bien, sino que hay muchos factores que están incidiendo en que se convierta en una región sumamente violenta», añadió y consideró que en Guatemala no ha «mejorado la situación».
Según la investigación, que cita cifras del Informe de Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Honduras registra 58 homicidios por cada 100.000 habitantes, El Salvador es segundo, con 52, y Guatemala tercero, con 48.
Panamá, Nicaragua y Costa Rica reportan, en su orden, 19, 13 y 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
«En Honduras todavía se siente el impacto del golpe de Estado, hay gente perseguida, hay gente que está con medidas de protección de carácter internacional, hay periodistas que fueron asesinados (…) Hasta el momento hay una deuda de Honduras con los derechos humanos», afirmó Pérez, y declaró que se oponen al retorno de ese país a «los espacios internacionales».
A su vez, la subdirectora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Marlin Sierra, denunció una «regresividad acelerada» de los derechos civiles y políticos en su país, y señaló que existe una «mala copia» del modelo de Gobierno venezolano, así como un «afán de continuismo» por el poder político y económico.
En el caso de Costa Rica, el pastor luterano Erick Umaña dijo ver una «escalada» en las cifras de homicidios, aunque menor con respecto a la región, y una «sensación de inseguridad» en los ciudadanos.
