Tegucigalpa — La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este jueves que el Presupuesto General de la República 2025 prioriza intereses políticos por encima de las verdaderas necesidades de la población hondureña, al evidenciar graves recortes en áreas esenciales como salud, educación y programas de vacunación.
– Al primer semestre, apenas el 42 % del presupuesto general se ha ejecutado, la mayor parte para pago de salarios, pago de deuda y transferencias.
– Intereses políticos priman sobre salud y educación al ejecutar el Presupuesto General
El análisis realizado por la ASJ está basado en datos oficiales de la Secretaría de Finanzas y solicitudes de información, y el mismo refleja que el presupuesto nacional creció un 5.8 % respecto a 2024 y un 49 % en comparación con 2021. Además de que el 88 % de los fondos se concentra en sueldos, pago de deuda y transferencias. Además, 10 de las 113 instituciones públicas absorben 8 de cada 10 lempiras ejecutados.
“Cuando nosotros analizamos en términos globales vemos que datos relevantes como la inversión pública representa apenas el 23 % de ejecución, en términos globales se ha ejecutado un 42 %, priorizando sueldos y salarios, servicio de deuda y transferencia por ley, sin embargo, hemos visto con mucha preocupación que se han realizado aumentos de más de cinco mil millones lempiras para sueldos y salarios”, dijo especialista en finanzas públicas de la ASJ, Liliam Rivera a Proceso Digital.
“También vemos con mucha preocupación que siguen los aumentos para publicidad y propaganda, aumentos para gasto militar, lo que nos hacer preguntarnos, ¿cuáles son las verdaderas prioridades del presupuesto 2025 y realmente no se está mejorando la calidad de vida de la población hondureña porque se está dando prioridad a otros temas fundamentales para el gobierno, pero no para la población hondureña”, lamentó.
Al director de la ASJ, Carlos Hernández le preocupan tres aspectos; el primero, la inversión pública “lamentablemente tenemos que decir que tenemos una ejecución muy baja, 23 % y eso lo hemos ido viendo a lo largo de los últimos años”.
En segundo lugar el aumento del presupuesto que tras tres años sea aumentado en 49 % y el tema del endeudamiento, especialmente porque desde el gobierno el argumento es que Honduras no se está aumentando y Hernández destacó que sorprende que la ejecución de la deuda es mínima, pero seguimos adquiriendo deuda.
“Tenemos una reserva histórica que nunca se había dado de 3 mil millones de dólares que está allí a disponibilidad, obviamente no hay capacidad de ejecución y lo que pasa es que nosotros tenemos que pagar intereses por ese dinero, Honduras ya está pagando por ese dinero y se sigue adquiriendo deuda”, refirió.
Salud y educación en retroceso
En el área de salud, la Sesal apenas recibió un incremento del 0.5 % en su presupuesto, el cual además sufrió recortes de L 353 millones en 2025, de los cuales L 528 millones corresponden a medicamentos y L 373 millones a vacunas. Hasta junio, solo ha ejecutado el 39.7 % de su presupuesto, incluyendo apenas el 27.2 % en medicamentos y 0 % en vacunas.
En educación, el aumento presupuestario fue del 5 %, mientras que la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) experimentó una reducción del 18 %.
En contraste, instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Planificación Estratégica vieron aumentos del 101% y 100%, respectivamente. Esta última ha destinado el 40% de su presupuesto a sueldos y el 93 % a publicidad e imprenta.
El análisis también muestra un aumento de más de 1,100 millones de lempiras en el presupuesto de la Secretaría de Defensa, incluyendo 400 millones para equipo militar y 85 millones destinados al proceso electoral.
En el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pese a sus deficientes resultados y altos niveles de pérdidas, aumentó en 86% su presupuesto para el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, destinando casi el 90% de esos recursos a sueldos y salarios.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) encabeza la ejecución entre las instituciones de desarrollo social, destinando el 74% de su presupuesto a transferencias y donaciones.
Estos recursos provienen de los L 2,850 millones aprobados por el Congreso Nacional para gasto social, de los cuales se han ejecutado L 1,451 millones hasta junio de 2025. Del total ejecutado, el 59 % ha sido canalizado a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia, el 23% mediante el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el 17 % por Sedesol.
La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, destacó que “el presupuesto de desarrollo, pero cuando ya vemos cuál es el comportamiento que tiene la priorización de estos recursos, me ha sorprendido enormemente el incremento de cuatro mil millones al presupuesto de este año, ya no son los 430 mil 907.8 millones de lempiras, si no 435 mil millones de lempiras”, dijo a Proceso Digital.
Otro aspecto calificado como lamentable por la economista es que las áreas de salud, además de la baja ejecución ha habido una reducción sustancial, “esto lo que implica es que al no ser eficiente en la ejecución y asegurar la calidad del gasto, esto va en detrimento de entrega de los productos y servicios de salud”.
Riesgo de corrupción y clientelismo
En un año electoral, la ASI alertó sobre el incremento del riesgo de uso partidario y desvío de fondos públicos para favorecer a candidatos oficialistas, lo que podría profundizar la corrupción y socavar la confianza ciudadana.
El director de ASJ dijo que “hemos urgido a los organismos multilaterales que observe el uso de recursos durante los últimos meses, porque no sería extraño que nos aparezca con bonos y con dinero en efectivo, y que se esté usando recursos de deuda para eso”.
Además, en el contexto de las recientes denuncias de corrupción, que evidencian el incremento del riesgo de uso partidario y desvío de fondos públicos en año electoral, favoreciendo a candidatos oficialistas y profundizando la corrupción, en detrimento del bienestar colectivo y la confianza ciudadana.
En consecuencia, ASI reitera la urgencia de profesionalizar la gestión pública y garantizar la transparencia y participación ciudadana en el uso de los recursos públicos, para que cada lempira invertido realmente contribuya a mejorar la calidad de vida de los hondureños.
Entre las recomendaciones presentadas en el informe de ASJ destacan: priorizar la inversión en salud, educación e inclusión social, contener el crecimiento de la masa salarial y reducir el clientelismo, disminuir el gasto militar excesivo, regular y transparentar las modificaciones presupuestarias, exigiendo justificaciones técnicas para prevenir desvíos arbitrarios y posible uso político de los fondos. VC
