Tegucigalpa – La trágica muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez (26), una estudiante de enfermería, en una celda policial, demanda acciones aleccionadoras para desentrañar el caso que involucra a la institución policial hondureña. El caso ha levantado una indignación colectiva y en Intibucá y en La Esperanza donde la gente ha salido a las calles a protestar pese a que han sido repelidos con gases lacrimógenos.
– “A mi hermana me la quitaron los mismos policías, en las manos donde debió estar segura”, dijo en medio de las lágrimas, Nancy Martínez.
– Una muerte violenta de mujer cada día se registra en Honduras, según datos oficiales.
– Al menos tres mujeres han perdido la vida en forma violenta en ñas últimas horas en Honduras.
La jovencita, según versión de los policías, se suicidó dentro de la celda a la que fue confinada luego de ser detenida por supuestamente protagonizar escándalo en la vía pública, andar en estado de ebriedad junto a un médico y violentado el toque de queda ya que fue requerida a las 11:45 de la noche del sábado 6 de febrero.
La versión del presunto suicidio no es avalada por la familia y amigos de Keyla, quienes aseguran en el mismo hubo mano criminal, por lo que exigen que los resultados de la autopsia sean entregados los más pronto posible para conocer en qué condiciones murió su pariente.
De acuerdo con el reporte médico de la Secretaría de Salud, a través del centro asistencial donde fue trasladada la joven, la estudiante ingresó a la sala de emergencias a las 2:55 de la madrugada del día 7 de febrero, traída por la Policía, pero ella ingresó al hospital ya fallecida.
Familiares, amigos y conocidos de Keyla Patricia han protestado en la localidad de La Esperanza para demandar justicia y que los supuestos responsables sean castigados. En esa zona del país se han protagonizado enfrentamiento entre civiles y policías. Al final del lunes el ambiente seguía agitado y las protestas se mantenían activas mientras las fuerzas del orden reforzaban hasta con equipo especial los resguardos.
Nancy Martínez, hermana de la malograda joven, rechazó las versiones de la Policía y expresó: “Cómo voy a creer lo que digan ellos, si ellos son los asesinos, los culpables. Les pedí pruebas, les pedí fotos y no tomaron fotos, hicieron el levantamiento del cuerpo en forma arbitraria, incluso no respetaron ni eso, que ella estaba muerta”.
Agregó que todos los elementos policiales asignados en la posta policial de La Esperanza son sospechosos de la muerte de su hermana. “Todos están encubriendo el asesinato”, apuntó.
“Yo les voy a decir algo a todos esos cerdos que trabajan en esa posta policial, que la van a pagar y la van a pagar muy caro porque el asesinato de mi hermano no se va a quedar impune, lo van a pagar malditos asquerosos, los odio”, externó suelta en llanto.
Externó que “la seguridad humana no puede estar en manos de unos asesinos”.
Diferentes organismos defensores de derechos humanos han coincidido que en este caso específico debe haber una investigación imparcial para no tergiversar ni contaminar lo ocurrido la noche del pasado sábado.
Un equipo especial de la Fiscalía, así como otro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), llevan a cabo las diligencias para ofrecer prontos resultados. También se está a la espera de la autopsia médico-legal.
Expertos conocedores del tema de violencia aseguraron a Proceso Digital que en el hecho pudo haber manipulación de pruebas, al tiempo que afirman la prueba científica será fundamental para desentramar el suceso que de nuevo expone a la institución encargada del orden público.
Pudo haber manipulación de pruebas
“En primer lugar quiero expresar mis condolencias a la familia de Keyla, sé que son momentos dolorosos y duros”, manifestó a Proceso Digital Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS).
Castellanos dijo que la situación es lamentable, porque una familia debe enfrentarse a una institución de la seguridad del Estado, pues asegura que de todos es conocido el poder que representan y el miedo que trasladan, “es triste que se sigan dando esos sucesos contra las mujeres”, externó.
En tanto sostiene que este caso, merece una investigación profunda y aleccionadora, pues es un momento crucial en lo que corresponde al levantamiento de las pruebas porque el escenario es competente de la Policía Nacional y eso ya genera dudas por la implicación de policías.
La familia debió tener un forense de su confianza
No se puede descartar -agrega Castellanos-, que los involucrados tuvieron tiempo de manipular las pruebas y manejar la escena del crimen; probablemente queden grandes dudas, el correcto sería que la familia haya tenido a su disposición un forense independiente de su confianza.
A su juicio, la institución policial queda en un contexto de descalificación, porque la joven muere bajo su custodia, sin embargo, es un caso complicado para la Policía porque desde un inicio se manejó que se trataba de un suicidio, mientras la sociedad lo califica de un asesinato.
Puntualizó que ya la institución policial está bastante señalada, porque en el eventual caso que la versión forense coincide con la de la Policía, quedarán muchas dudas “ojalá, Medicina Forense actúe con toda la capacidad científica y objetividad”, remató.
Investigación inmediata
La coordinadora del movimiento Visitación Padilla, Merly Eguigure, exigió que la investigación de la muerte de Keyla Patricia Fernández sea inmediata, pronta, imparcial y objetiva para determinar la causa real de su deceso.
“La Policía debe poner a disposición los agentes que estaban a cargo de la posta policial donde murió Keyla”, demandó Eguigure en una conversación con Proceso Digital.
Señaló que en el caso se imparta justicia de manera tardía no será justicia para la joven estudiante de enfermería.
La coordinadora del movimiento Visitación Padilla definió que para las mujeres relacionarse con los policías significa “correr riesgo porque en vez de sentir protección sentimos miedo”.
Anheló que en la autopsia se haya podido recolectar todos los elementos que permitan levantar las pruebas y evidencias que esclarezca qué fue lo que ocurrió y haya justicia para la jovencita Keyla y respuesta para la familia.
Eguigure puntualizó que con la muerte de Keyla Patricia Fernández suman 20 los feminicidios ocurridos en el presente año, basándose en datos que lleva el movimiento Visitación Padilla.
Reprochó que, en las últimas horas, tres mujeres perdieron la vida de forma violenta: una menor en Roatán, una en la ciudad de Siguatepeque y la última en Jutiapa.
“La violencia contra las mujeres y su manifestación más extrema que son los feminicidios siguen imparables en este país, y van a seguir ocurriendo mientras no exista voluntad política para atender este tema”, puntualizó.
Caso desnudó a la Policía
En plática con Proceso Digital, la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, reflexionó sobre el caso de la estudiante de enfermería Keyla Martínez y concluyó que este caso desnuda la incapacidad de la Policía Nacional de Honduras.
“En pueblos como La Esperanza, pueblos tan pacíficos y que pasen estos casos, eso conmociona y desnuda la capacidad de la Policía, una institución que debería tener mejor suerte, porque se supone que es una institución comunitaria y para la ciudadanía, pero los hechos demuestran lo contrario”, manifestó.
Ayestas, dijo que en este caso se han violado los derechos humanos, independientemente de la pronunciación de un tribunal, ya que en principio Keyla Martínez nunca debió ser ingresada en una celda ya que no representaba ningún riesgo o peligro para la sociedad.
“También modificaron la escena del crimen, porque primero dijeron que estaba con vida y luego dijeron que la llevaron al hospital y en hospital ni siquiera fue ingresada porque fue declarada sin vida antes de recibir atención médica”, agregó Ayestas, para quien la depuración policial poco o ningún resultado ha tenido.
Detalló que al evaluar todo el caso se descubre que la Policía o al menos los asignados a la posta policial en La Esperanza, Intibucá, demostraron no tener los conocimientos necesarios para resguardar escenas del crimen y para proteger a las víctimas, así como el uso de la fuerza excesiva.
“Si la Policía Nacional quiere ser transparente en su actuar, entonces suspendería a todos los funcionarios policiales asignados a dicha posta, incluyendo al comisionado encargado en ese momento en la zona, para dar paso a una buena investigación y que no quede duda de su actuar”, sostuvo.
Seguidamente lamentó que la Policía Nacional haya respondido con gases lacrimógenos cuando los familiares y amigos protestaron el lunes por la mañana frente a la posta policial de La Esperanza, Intibucá, noroccidente de Honduras.
“En Honduras no se puede protestar, porque se giran las órdenes de gasear y golpear a la ciudadanía, ¿cómo quieren una Policía cercana a la ciudadanía, cuando ellos solo reprimen y ellos creen que en la demostración de poder tienen derecho a golpear a la ciudadanía?”, reprochó al tiempo que concluyó que si hay un hecho en Honduras que conmociona a la sociedad la respuesta de la Policía Nacional es el uso excesivo de la fuerza.
