Tegucigalpa (Por Verónica Castro) – El estado de excepción, la medida de seguridad que implementó el Gobierno de Xiomara Castro para reducir los niveles de violencia y criminalidad en Honduras llega mañana miércoles 6 de diciembre a un año de vigencia, alabado por las autoridades y rechazado por diversos sectores.
– Por primera vez desde la creación del Observatorio de la Violencia, se registró un día sin homicidios (12.12.2022.)
– Por otro lado se registró la peor matanza de mujeres en un solo suceso. Ocurrió el 20 de junio en la cárcel de Támara con 46 reclusas masacradas.
Hace un año, el gobierno le declaró la guerra a la extorsión, un flagelo que para finales de 2022 estaba fuera de control generando en su entorno homicidios, zozobra, temor, pérdidas para la economía, desempleo e impulso a la migración.
La medida que comenzó el 6 de diciembre de 2022, fue bautizada con una masacre el mismo día. El escenario de homicidios múltiples ocurrió en Victoria, Yoro, con el saldo de cinco muertos. Del 6 de diciembre –que comenzó el estado de excepción- hasta el 31, se produjeron cinco matanzas, con tres víctimas como mínimo por cada suceso.
La violencia galopante obligó a las autoridades a redoblar esfuerzos y a prorrogar la medida en ocho oportunidades (45 días cada una). Las últimas no lograron ser aprobadas en el Congreso Nacional por la parálisis en ese poder del Estado.
Durante el estado de excepción también ocurrió la peor matanza de mujeres en el país. Fue el 20 de junio en la cárcel de Támara, donde 46 privadas de libertad fueron masacradas. De acuerdo a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, la matanza fue orquestada por la Policía Nacional.
La alta funcionaria del gobierno, reveló que una gran parte de los cartuchos que fueron percutidos durante ese crimen múltiple, pertenecen a la industria que aprovisiona a la Policía Nacional. Igualmente destacó que parte de las armas utilizadas en la matanza pertenecen a ese cuerpo de seguridad.
Poca efectividad
“Nosotros a lo largo de este año hemos estado monitoreando la efectividad de este plan que fue amparado con un estado de excepción”, dijo a Proceso Digital el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, quien agregó que la medida provoca que todas las acciones de la Policía sean más fáciles y expeditas al suspender derechos y garantías constitucionales.
Pero en sus primeros seis meses, el monitoreo de la representación de Transparencia Internacional en Honduras indicaba que de 8 ejes de acción, que a su vez se traducían en 30 acciones de cumplimiento, apenas se cumplía el 3 %.
“En aquel momento, a junio, sólo identificábamos el cumplimiento de una de las 30 acciones, que era referente al presupuesto de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), que era más de mil millones de lempiras, en las demás, a algunas no tuvimos acceso, no supimos si se cumplieron o no y otras, definitivamente no se cumplieron”, aseveró.
Respecto al aumento en el presupuesto, que fue a lo único que ASJ tuvo acceso, “a la fecha, la DIPAMPCO sólo ha ejecutado el 29 % de ese presupuesto y ya estamos terminando”, el año dijo al señalar una mala planificación.
Apenas 40 judicializaciones
Las autoridades de seguridad afirman que este estado de excepción ha permitido la captura de más de 5,000 personas de estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas.
Pero en el caso de las extorsiones, ASJ señala resultados muy por debajo de los expresados por los funcionarios.
“Estamos llegando a un cierre de año donde lamentablemente solo se registran 316 detenciones por extorsión y cuando nos vamos a analizar las judicializaciones de estos casos, vemos que solo en 2023 hay 40 casos judicializados a nivel nacional por extorsión”, indicó.
Paradójicamente, representantes del Poder Judicial establecen su preocupación por que antes del estado de excepción había mayor efectividad. “Se establecía que mensualmente se recibía entre 30 y 40 casos judicializados por extorsión”, dijo Castañeda.
La queja de este sector, al igual que la micro, pequeña y mediana empresa es que este flagelo continúa más vigente que nunca.
Para el caso, el dirigente del transporte urbano, Jorge Lanza dijo a Proceso Digital que no conformes con el pago de hasta siete cuotas los grupos extorsivos ahora nos piden los buses para ir a la playa o simplemente los secuestran para sus objetivos.
Lanza denunció que anualmente pagan unos 250 millones de lempiras en concepto de extorsión, pero para temporadas como la navideña, los grupos extorsivos exigen cuotas adicionales.
Además, durante el año “agarran los buses en el transcurso de la ruta, se lo llevan para ir a ver compañeros que están detenidos en ciertas cárceles, hablamos de secuestro de unidades”, alertó.
Primer lugar en homicidios y de femicidios
Si bien es cierto que la tasa de homicidios ha reducido como lo reportan las autoridades de Seguridad, a 27 por cada 100 mil habitantes, Honduras sigue teniendo la tasa de homicidios más alta a nivel de todo el continente.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez ha expresado que «en este año la proyección es bajar 6 puntos más».
El funcionario también ha destacado que a mediados de noviembre, el 17 % de los municipios, es decir 52, reportaban cero incidencias en homicidios.
“Casi la quinta parte del país muestra un tejido social fuerte y la efectividad de las estrategias de prevención y disuasión del delito. La violencia es un problema social no policial”, según el ministro de Seguridad.
Durante el estado de excepción solamente un día no se ha reportado en Honduras una muerte violenta.
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Según el boletín número 68 del Observatorio Nacional de la Violencia del Instituto Universitario en Democracia, Paz, y Seguridad (OV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el único día que no se registró ningún homicidio en toda la geografía nacional, el 12 de diciembre de 2022, es decir seis días después de la entrada en vigor del estado de excepción.
Si bien, el Observatorio de la Violencia avaló que el 12 de diciembre de 2022 no se registró ningún homicidio en el territorio nacional, los principales rotativos del país coligen que no fue un día sin violencia.
En el otro extremo está el día en que más muertes se reportó bajo un estado de excepción en Honduras, el 20 de junio, cuando 46 privadas de libertad que estaban bajo la guarda del Estado en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara fueron masacradas.
Pero esa no ha sido la única muerte múltiple con varias víctimas, el 6 de marzo se registró en Comayagua, zona central de Honduras, otras de las mayores matanzas este año con el saldo de nueve víctimas.
El dantesco hecho ocurrido en Támara acentuó el tema de violencia contra la mujer en Honduras al grado que el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ubica a Honduras como el país más violento para las mujeres en América Latina.
Según el reporte, las tasas más altas de muertes violentas de mujeres por razón de género en 2022, se registraron en Honduras (6.0 por cada 100,000 mujeres), República Dominicana (2.9) y El Salvador y Uruguay (1.6).
En tanto, la investigación “Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios”, del Observatorio Nacional de la Violencia adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (ONV-IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) revela que, los datos preliminares este 2023 (enero a octubre), registra que 333 mujeres murieron de forma homicida en el país, una cada 21 horas con 50 minutos.
Femicidios en aumento
Este fin de semana, esta cifra aumentó hasta rozar las 400 mujeres asesinadas este año en Honduras.
La gerente de defensorías del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, María José Gálvez, detalló que entre enero y noviembre del presente año, alrededor de 375 mujeres perdieron la vida violentamente ante la indiferencia de las autoridades hondureñas y de un Estado que no cumple con su deber de proteger eficazmente la vida de las víctimas y garantizar su seguridad.
Agregó que la violencia contra las mujeres, en el país, es algo sistemático y se ha convertido en otra pandemia.
“Nosotros hablamos del COVID, que llegó en el 2020, pero no nos estábamos dando cuenta que en el país ya estábamos viviendo una pandemia que es la violencia contra las mujeres” reiteró.
Resurgimiento de otros delitos
La encargada del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, reconoció una disminución de las muertes violentas en hombres, pero aumentaron las de mujeres, así como las masacres, que superan las 40 -el año pasado fueron 46-.
Ayestas coincide con las apreciaciones de dirigentes del transporte y de la micro, pequeñas y medianas empresas referente a la extorsión, todavía no ha podido ser contrarrestado por las autoridades de seguridad.
Es por eso que la especialista en tema de seguridad calificó el estado de excepción como “una estrategia más” que se implementa para frenar el flagelo de la inseguridad y las diferentes modalidades del crimen común y organizado.
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La ASJ agregó a este listado donde Honduras ocupa el penoso primer lugar, que el tema de niñez, el país reporta un aumento de homicidios contra menores de edad.
“Hay otros temas que generan mucha preocupación donde no se está viendo el resultado del estado de excepción. Estamos viendo fenómenos que ya días no veíamos, como el tema de los encostalados”, mencionó el representante de ASJ.
Violación derechos humanos
Para el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el estado de excepción ha sido insuficiente para frenar la galopante violencia homicida que durante ese periodo que ha dejado muerte y luto entre los hondureños.
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El asesor jurídico de Conadeh, Daniel Cáceres, recomendó adoptar una política integral que ofrezca soluciones duraderas y estructurales a la problemática de la violencia.
Asimismo, para el Conadeh las ocho extensiones que ha tenido esta figura que restringe las garantías constitucionales de los hondureños debieron ser justificadas mediante análisis, o una interpretación restrictiva.
Cáceres dijo que esta entidad ha recibido 30 quejas durante el estado de excepción en torno a los allanamientos de moradas sin orden judicial, uso desproporcionado de la fuerza por parte de las agentes policiales y la pérdida de objetos durante los allanamientos.
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“En un inicio eran 25 quejas que el Conadeh ha podido constatar que se trata sobre los elementos que motivan el estado de excepción, sin embargo, la Secretaría de Seguridad mostró que eran más de mil detenciones que se justificaban”, dijo.
Conadeh insiste en que el estado de excepción no es sostenible en el tiempo, por lo tanto es imposible tener una medida tan restrictiva por periodos tan prolongados, “esto quiere decir que también afecta el acceso a la justicia, la debida diligencia en las investigaciones por criminalidad y la falta de una política ciudadana que incide en la falta de seguridad ciudadana”. VC
Extensiones del estado de excepción
• 6 diciembre al 6 de enero
• 7 de enero al 20 de febrero
• 21 de febrero al 6 de abril
• 7 de abril al 21 de mayo
• 22 de mayo al 5 de julio
• 6 de julio al 19 de agosto
• 22 de agosto al 3 de octubre
• 4 de octubre al 17 de noviembre
• 18 de noviembre al 1 de enero de 2024
