San Salvador – La iglesia católica de El Salvador recordó este sábado el legado de san Óscar Arnulfo Romero, principalmente su mensaje contra la «violencia de las armas», con una misa en la capital en la vísperas del 39 aniversario de su asesinato a manos de un escuadrón de la muerte.
«Monseñor Romero no redujo su misión al anuncio de la buena noticia» sino que «denunció la lógica de este mundo asentada sobre los ídolos del poder y la riqueza, la autocomplacencia y la violencia de las armas, que provocan cientos de víctimas inocentes», dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, en su homilía.
Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.
«La voz de los sin voz», como se conoce a monseñor Romero, se pronunciaba contra la violencia y las violaciones a los derechos humanos en los años previos a la guerra civil (1980-1992), con lo que se erigió en un referente en la defensa de los más vulnerables y fue declarado santo de la iglesia católica el pasado 14 de octubre en el Vaticano.
Escobar aprovechó la misa, a la que asistió el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, para solicitar al Congreso que se apruebe una ley de aguas y que dejé la administración del recurso en manos del Estado.
También abogó por una reforma al sistema de pensiones y la aprobación de una ley de reconciliación nacional que favorezca a las víctimas de la guerra civil.
«Estoy seguro que desde el cielo (Romero) ora por nosotros y nos acompaña en estos esfuerzos de justicia» para que «tengamos leyes justas que garanticen el derecho al agua a todos, y pensiones dignas y justas, y para que seamos una sociedad en verdad reconciliada en la justicia», dijo el jerarca católico.
El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido del que fue diputado y candidato presidencial.
Dicho documento también señala que en la planificación y ejecución del asesinato participaron, además de Álvaro Saravia, el capitán Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
Una corte de Instrucción ordenó en mayo de 2017 la reapertura del proceso penal por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 mandó a la Fiscalía realizar una nueva investigación.
El juzgado también emitió una orden de detención contra el capitán Saravia, único imputado en el proceso y con paradero desconocido.