Tegucigalpa – A casi un año de haber sido lanzada la Estrategia Cero Deforestación al 2029, únicamente cinco de las 18 acciones contempladas en el plan han sido cumplidas, reveló una evaluación práctica divulgada este jueves en Tegucigalpa por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
– El 94 % de los delitos ambientales en el país quedan en impunidad, denunció hoy ASJ.
El análisis fue presentado en el marco del Día de la Tierra y el programa de Gobernanza climática de ASJ, financiado por Transparencia Internacional y Waverley Street Foundation, y destaca la necesidad urgente de renovar el enfoque de la estrategia, fortalecer acciones y mejorar la coordinación para proteger los recursos forestales del país.
Con un aumento de incendios forestales de 114.64 % en la última década, la pérdida de más de 512 mil hectáreas de bosque de pino por plagas forestales y el incremento en la pérdida de biodiversidad, el gobierno anunció la asignación de 19 mil millones de lempiras para proteger, preservar y salvar las selvas de Olancho, la Mosquitia y la Reserva de Biósfera del Río Plátano.
Sin embargo, de las 18 acciones contempladas en la estrategia, 13 aún están pendientes de ejecución; de estas, cinco se encuentran en proceso y ocho no han registrado avances conforme a la evaluación realizada, concluye el informe de ASJ.
Entre las acciones no cumplidas destacan la anulación de títulos de propiedad ilegales en zonas forestales, la regulación de permisos municipales otorgados de forma irregular para el dragado de ríos y la explotación forestal y el fortalecimiento de los batallones de protección ambiental, que contemplaba un incremento de hasta 8 mil efectivos.
Por otro lado, si bien se ha concretado el nombramiento de jueces, persisten graves limitaciones logísticas y presupuestarias para atender los casos relacionados, destaca el informe.
Asimismo, la investigación revela que tampoco se reporta la implementación ni avances en los sistemas de incentivos, y no se ha aclarado si estos incentivos corresponden a los previstos en la Ley Forestal o si se trata de nuevos mecanismos.
Además, varias acciones fueron clasificadas como «no cumplidas» debido a la falta de medios de verificación proporcionados por las instituciones responsables, lo cual impide medir objetivamente el nivel de avance.
Cabe señalar, que el presupuesto general de 2024 y 2025 no contempla estructuras específicas para la implementación de esta estrategia.
No se asignaron los mil millones de lempiras prometidos en 2024, y el destino de los 2 mil millones de lempiras anunciados para 2025 sigue sin asignación.
El informe también señala una profunda debilidad institucional para perseguir delitos ambientales. Las fiscalías y juzgados ambientales carecen de recursos humanos, logísticos y operativos para actuar eficazmente. Esta situación contribuye a que crímenes como el asesinato del líder ambiental Juan López, ocurrido en septiembre de 2024, aún se desconoce los autores materiales o intelectuales. Según datos de la ASJ, en 2024, el 94 % de los delitos ambientales en el país quedan sin castigo.
Ante los hallazgos, ASJ exhortó al Estado a replantear la estrategia y establecer mecanismos claros de coordinación interinstitucional, asignar recursos financieros y humanos adecuados, e incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, urgió al gobierno a priorizar la prevención de incendios forestales, promover prácticas agrícolas sostenibles, reforzar el marco legal contra los crímenes ambientales e incluir de forma activa a las comunidades locales en la gestión sostenible de los bosques. (RO)
