Tegucigalpa – De acuerdo a la tercera entrega de la serie Estado de País 2024: Seguridad y justicia presentado por la Asociación para Una Sociedad Más Justa, Honduras redujo los homicidios en 17 % durante el 2023, pero continúa siendo el país más violento de Centroamérica.
– A pesar de la disminución en la tasa de homicidios, la percepción de inseguridad persiste entre los hondureños, con un aumento en los casos de extorsión y una baja confianza en las instituciones de justicia.
Con un índice de 31.3 por cada 100 mil habitantes, Honduras sigue manteniendo la tasa de homicidios más alta de Centroamérica, concluye el informe presentado en Tegucigalpa.
El estudio también revela que el año anterior se reportó un aumento de 24 % en los asesinatos de mujeres.
El informe también destaca la preocupante disminución en el número de policías en los últimos dos años, lo que podría comprometer el cumplimiento de las metas gubernamentales en términos de seguridad para 2026, que aspira a contar con 28 mil efectivos para ese año.
A pesar de la disminución en la tasa de homicidios, la percepción de inseguridad persiste entre los hondureños, con un aumento en los casos de extorsión y una baja confianza en las instituciones de justicia.
Por otro lado, se registran tasas que superan el 80 % en casos de abuso sexual infantil y de las pocas denuncias recibidas, solo se resuelve el 10 % registrando una tendencia de alza en la impunidad, considerando que el 98 % de los delitos de abuso sexual infantil no son denunciados. El sistema de justicia enfrentó numerosos desafíos en 2023, incluyendo huelgas de fiscales que paralizaron el Ministerio Público durante dos meses y críticas a las medidas implementadas para combatir la extorsión.
Ruta de trabajo
De su parte, el Fiscal Adjunto, Marcio Cabañas, apuntó que a pesar de haber llegado hace menos de 15 días al cargo, ya se prepara una ruta de trabajo ya que se ha identificado una migración y una disminución de los fiscales o del personal que trabaja en esta dependencia.
Actualmente se realiza una auditoría para conocer la situación de la institución, conocer con qué personal contamos, tener a detalle quien se ha retirado, quien ha emigrado o porque no se ha fortalecido alguna unidad.
Acotó que, fue hasta hace poco de la pandemia que se realizó la última evaluación para el ingreso de nuevos fiscales y hasta la fecha no se ha vuelto a ingresar nuevo personal.
Explicó que todo pasa por una mayor asignación de presupuesto, ya que con el mismo presupuesto solo se puede aspirar a mantener lo que ya se tiene.
Con más presupuesto se pueden fortalecer las diferentes unidades no solo con nuevos fiscales sino con equipo técnico y científico para la investigación.
Sin prevención no se disminuye la impunidad
De su parte, la Magistrada de Corte de Apelaciones en Materia de Extorsión, Julissa Aguilar, reflexionó que sin prevención, investigación y juzgamiento no se puede definir la tasa de impunidad en los crímenes que se cometen en Honduras.
“Cuando el sistema penal reacciona ante un delito dice ante una situación concreta yo el derecho penal a través del Estado te coloco una sanción, pero si no se coloca la sanción entonces hay impunidad”, acotó.
Coincidió con el fiscal adjunto en que debe existir una mayor partida presupuestaria, pero también independencia de los poderes.
Acotó que, Honduras cuenta con solo nueve jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que El Salvador cuenta con 10 jueces por cada 100 mil habitantes.
El presupuesto impacta directamente en la contratación de personal, por lo que insistió en que debe existir una mayor asignación de recursos.
No estimular la polarización
De su parte, Carlos Hernández, director de ASJ, enfatizó que desde el Estado no se puede seguir estimulando la polarización.
Al final del día todos somos hondureños, pero nos preocupa el tema de asesinato de mujeres. No es posible que cada 23 horas se asesine una mujer en Honduras.
Lamentó el tema de extorsión ya que se aprobaron más de mil millones de lempiras para abordar el tema y también se continúa bajo un estado de excepción que obliga a renunciar a varios derechos a la ciudadanía, pero el mismo continúo en aumento durante el último año.
Sobre el particular dijo que se pagan más de 700 millones de lempiras anuales por extorsión, es un tema en el que el país no avanza. (RO)
