Tegucigalpa – El gobierno hondureño perdió la petición de que la demanda multimillonaria interpuesta en su contra en el tribunal internacional del CIADI fuera desestimada y con ello la empresa Honduras Prospera Inc logró un triunfo parcial, ya que su petición de reparación continuará en el ámbito del arbitraje.
-La empresa demandó por 10,700 millones de dólares a Honduras por la eliminación de las ZEDEs.
Honduras Prospera Inc interpuso una demanda de 10,700 millones de dólares contra el Estado de Honduras, luego que el gobierno de Xiomara Castro impulsará tanto en el Congreso Nacional como en la Corte Suprema de Justicia acciones que permitieran el fin de la legislación de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDEs) y con ello los beneficios otorgados a empresas que se ubicaron en varias regiones que gozaron de este régimen especial.
Según los portales especializados law360.com y CIAR Global, el panel internacional de la CIADI rechazó el intento hondureño que alegaba que Honduras Prospera Inc debía agotar primero las instancias locales, antes de acudir a la instancia externa de arbitraje.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), adscrita al Grupo del Banco Mundial, es el ente donde se resuelven las controversias no resueltas entre gobiernos e inversionistas.
De acuerdo a los portales referidos el panel del CIADI determinó que “Honduras había derogado parte su legislación nacional que exigía a los demanddantes agotar los recursos locales antes de presentar una demanda de arbitraje internacional cuando incorporó a su sistema jurídico el tratado internacional en virtud del cual se había interpuesto el arbitraje”.
En referencia al sistema legal hondureño, el tribunal señaló que cualquier intento de Honduras Prospera Inc de obtener reparación de su demanda por medio de los recursos locales habría sido “inutil”, ya que la Corte Suprema de Justicia hondureña había concluido que el decreto que derogó las ZEDES no era inconstitucional.
«Si los demandantes hubieran interpuesto el ‘recurso de inconstitucionalidad’, como lo defiende ahora Honduras, el resultado habría sido el mismo: el recurso se habría presentado ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema habría desestimado la acción de los demandantes y habría confirmado la constitucionalidad del Decreto 33, por las mismas razones establecidas en la decisión de la Corte Suprema», según la decisión del tribunal del CIADI y que citó el referido portal. «Los esfuerzos de los demandantes habrían sido inútiles, y no se puede exigir a ningún demandante que cumpla con el estándar de agotamiento de los recursos locales que recurra a recursos sin sentido», insistieron los jueces que conocen el caso.
El panel está integrado por el árbitro presidente, el Prof. Dr. Juan Fernández-Armesto, y los árbitros de ala, el Prof. Raúl E. Vinuesa y David W. Rivkin.
Honduras Prospera Inc alega que buscaba crear una ciudad de inversionistas en la isla de Roatan y que se han hecho inversiones millonarias en dólares bajo el amparo que tenían 50 años para operar en el marco especial ZEDEs.
El gobierno de la presidenta Castro denunció el tratado del CIADI el 24 de febrero del 2024 y fue efectiva el 25 de agosto del mismo año.
Además de Honduras prospera Inc, Honduras se enfrenta a 12 demandas interpuestas por empresas e inversionistas que se sienten afectados por las medidas adoptadas por los gobernantes hondureños. (PD).
