Tegucigalpa – El vertiginoso crecimiento que ha experimentado la violencia en Honduras y el tortuoso camino que en dos años ha tenido la depuración policial que hasta hace un pocos meses—cuando se rindió un primer informe al Congreso con el desfile de los operadores de justicia— reportaba menos de dos dígitos de miembros depurados de un total de 14 mil en casi dos años que va a cumplir el proceso de reforma de la seguridad en el país, puede jugar en contra de los intereses nacionales de contar con una verdadera policía civil, advierte a Proceso Digital, la socióloga Mirna Flores, al analizar la crisis policial y de seguridad cada vez más virulenta .
Esta es su opinión:
P.- ¿Cómo definiría usted actualmente la situación de la seguridad?
Honduras ha venido experimentando un crecimiento vertiginoso de la violencia y de la criminalidad asociada a delitos contra la vida, la criminalidad organizada y la delincuencia común. Durante los nueve años continuos (2004-2012) que el Observatorio de la Violencia ha presentado de manera sistemática la situación de violencia en el país, esa realidad demostrada en las cifras es contundente. La tasa de homicidios ha experimentado un crecimiento del 232.5% durante esos nueve años; de una tasa inicial de 30.7 (2004) homicidios hemos pasado a 85.9 homicidios en 2011 y 85.5 en 2010. Cada año mueren cerca de 7, 172 (2012) personas y el 83.4% (2012) mueren por armas de fuego; tenemos cerca de 20 víctimas diarias por homicidios.
¿Dónde están las causas? En el discurso maniqueo del pasado reciente todo hecho delictivo era atribuido a los jóvenes de las maras. Pero ese discurso se ha agotado porque las maras son apenas uno de los problemas que se magnificaron, al grado de no percatarse o hacer caso omiso que las mismas estructuras de los cuerpos de seguridad del Estado estaban contaminadas por las redes delincuenciales y de la criminalidad organizada.
Indudablemente hay nichos delictuales que pueden identificarse: el tráfico de drogas y la narcoactividad; el control extorsivo que mantienen ciertos grupos delincuenciales sobre los barrios, los pequeños y grandes negocios, el transporte colectivo, con el llamado impuesto de guerra, donde están las maras, pero también otras redes delincuenciales cuya magnitud se desconoce; la disponibilidad de armas sin control en manos de la delincuencia.
A todo esto se suma, las falencias de las instituciones de seguridad y justicia. Y en particular, de la policía que vive una de sus crisis más profundas de toda su historia institucional, de la que no ha podido salir desde octubre de 2011, cuando fueron asesinados los dos jóvenes universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos Pineda y salió a la luz, las redes delincuenciales operando dentro de la policía; esos hechos junto a la muerte Alfredo Landaverde, las muertes de periodistas y abogados y otros ciudadanos, terminó minando la confianza ciudadana en la policía. Estos hechos dejaron planteado, el deterioro del sistema de justicia, porque quedó develado que la inoperancia también abarca a los otros operadores de justicia: fiscales y jueces, los cuales debían ser igualmente investigados, y depurados.P.- ¿Qué se ha hecho en respuesta a la crisis?
Se creó la Dirección y Evaluación de la Carrera Policial (DCIEP) y se anunció una situación de emergencia en materia de seguridad pública que otorgó facultades excepcionales al Director de la Policía Nacional para que se hiciera la depuración de la policía.
En términos de resultados ¿qué tenemos? De 14 mil agentes de policía, el 5 por ciento (700 policías) fueron sometidos a pruebas de confianza, sin que se produjera la depuración policial en tanto unos pocos policías fueron depurados, según los datos presentados por las autoridades en las intervenciones en el congreso hace casi tres meses.
Las autoridades de la DIECP aducen que ellos habían enviado más informes a la Secretaría de Seguridad y que sus responsables no actuaron, pero lo cierto es que el proceso se ve estancado y si no es porque se logra llevarlos a rendir cuentas en el Congreso. Luego, se creó la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública con facultades para diseñar y planificar y certificar el proceso de reforma de la seguridad pública, pero ha faltado una decisión de voluntad política para aprobar las recomendaciones que han surgido desde la comisión.
En octubre de 2012, la CRSP presentó siete propuestas de reforma al gobierno, que han permanecido engavetadas, entre ellas, La Ley Orgánica de la Policía y la Ley de la Carrera Policial.Qué nos dicen estas acciones, que no ha habido voluntad política para hacer la reforma del sistema de seguridad y justicia, que las posibilidades de reforma no están dentro de la institución policial.
Las posibilidades de reforma se han visto mermadas por las fuerzas que están detrás haciendo la contrarreforma.
P.- La llegada de ex militares a una institución civil como la policía, ¿es un avance o un retroceso en el control civil de la seguridad y la defensa?
La presencia de militares en retiro o ex militares dirigiendo la institución policial no es nada nuevo en Honduras, es una práctica recurrente en un país donde la reforma policial nunca fue planteada bajo una nueva doctrina y practica policial. Desde que se produce el traspaso de la policía a los civiles, los militares empezaron a copar los puestos de dirección de la policía y estos últimos se han visto al espejo como militares.
El problema se ha agravado porque con la crisis policial, salen los militares a copar no solo los puestos de mando de la policía; están copando los espacios de la sociedad, cuando tenemos las ciudades militarizadas, en respuesta a una emergencia nacional que se instaló en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, que ya no confiamos en la policía y donde la confianza en los militares también puede ir en declive.
El control civil sobre la institución policial se ha perdido también por el predominio de un modelo de educación policial y de ejercicio profesional que ha mantenido un fuerte sesgo militar y se refleja en un modelo de organización y jerarquía propia de una estructura militar.
La participación de los militares en tareas de seguridad pública viene siendo una práctica recurrente. No obstante, el problema es que cada vez más difícil, porque se le amplían facultades para que puedan intervenir en detenciones, retenes, patrullajes. Funciones que son propias de la policía y para la cual no están formados los militares. Esas acciones inducen a la exposición a situaciones de violaciones a los derechos humanos.P.- ¿Está acaso el país en un nivel de «guerra» en donde por la emergencia cualquier medida represiva es posible? ¿Qué avizora a futuro al respecto?
Con los déficits de estatalidad y la falta de voluntad política que tenemos no podemos avizorar mejoras sustantivas. El déficits se deja ver en la incapacidad de las instituciones de seguridad de responder a un problema colocado como el más importante, inclusive por encima de otros problemas de acuerdo a la opinión ciudadana; también queda expuesto en la incapacidad de poner un alto a los niveles de corrupción policial y de los operadores de justicia.
Por otra parte, si las respuestas siguen siendo reactivas: salida de policías y militares a las calles, detención indiscriminada de jóvenes; más penas, más control, más leyes, menos investigación criminal y más impunidad, de repente podemos tener un efecto mediático, en el que está por verse que tan efectivo puede ser.
