Tegucigalpa – Honduras no logra avanzar en la rendición de transparencia en el gobierno y en la lucha frontal contra la corrupción, señaló este martes la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
La organización de sociedad civil presentó este martes su cuarta entrega del informe “Estado de país: Democracia y Transparencia”, enfocado en la pausa en la lucha contra la corrupción.
En esta presentación del informe, estuvieron presentes y realizaron intervenciones la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, y el analista Luis León.
El informe citó que el gobierno mostró avances en 2022-2023 en la lucha frontal contra la corrupción eliminando la Ley de Secretos, derogando los fideicomisos, la Ley del Fondo Departamental, reformar el catálogo de delitos de lavado de activos y crear la figura del terrorismo y el proceso participativo de la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Sin embargo, señaló que el año pasado, los esfuerzos iniciados mostraron una pausa.
En el aspecto de democracia, ASJ mostró que Honduras se encuentra en la posición 95 de 167 naciones en este índice, disminuyendo de 5.15 a 4.98 puntos en el informe que elaboró “Economist Intelligence Unit”.
En cuanto al informe que elaboró “World Justice Project”, Honduras mantiene una posición global de 119 de 142 países evaluados con una puntuación de 0.41.
Mientras que la “Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa” coloca al Congreso Nacional de Honduras en el último lugar con un porcentaje de 21.8 % en el 2023.
Baja productividad legislativa
En ese sentido, ASJ profundizó de porque el Congreso Nacional tiene una mala imagen ante los ciudadanos hondureños como a nivel internacional.
Los resultados mostraron que el Congreso Nacional durante el 2023 reportó una baja productividad legislativa influenciada por desacuerdos y faltas de consensos que generaron una gran parálisis.
Esta organización de sociedad civil indicó que el Congreso Nacional hizo 43 días de sesiones legislativas de 103 posibles.
Detalló que en el Congreso Nacional se presentaron 367 proyectos, de los cuales, 295 fueron engavetados, 88 enviados a comisiones y 72 aprobados.
Referente a los gastos, ASJ reveló que el Poder Legislativo erogó mil 103.9 millones de lempiras en 2023, de los cuales, el 58 % fueron destinados a sueldos y salarios.
Además, confirmó que los congresistas recibieron 222.8 millones de lempiras por concepto de subvenciones, que equivale a un 20 % del presupuesto del Congreso Nacional.
De estas subvenciones, en diciembre de 2023 se ejecutaron el 58.1 % del presupuesto designado a este tema.
Igualmente, cuestionó que las comisiones tuvieron una baja productividad, desengañando el discurso de los diputados del porque no laboraban.
El informe de ASJ reveló que se remitieron a las comisiones 795 proyectos de enero de 2022 a mayo de 2023, 59 fueron dictaminados y representa una tasa de productividad de 7.42 %.
Asimismo, de las 34 comisiones legislativas, 32 son coordinados por diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), que equivale a un 94 %, mientras que el resto son liderados por congresistas liberales.
Comisión Permanente y parálisis legislativa
ASJ explicó que la parálisis legislativa ocurrió por la culminación del plazo de sesiones ordinarias, por la promesa incumplida de prórroga, y consecuentemente la instalación de la figura de la Comisión Permanente.
Esta figura se encargó de hacer un nombramiento irregular de un Fiscal General y Fiscal Adjunto interinos, violencia de parte de colectivos de Libre a diputados, amenaza de un congresista a un guardia de seguridad del CN, presentación de una denuncia en el Ministerio Público en contra de Suyapa Figueroa, Marlon Lara e Iroshka Elvir por usurpación de funciones.
No obstante, recordó que la parálisis empezó en febrero de 2023 con no nombrar las vacantes en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Unidad de Política Limpia, culminando con el Ministerio Público.
Transparencia y corrupción
ASJ citó el informe de “Índice de Percepción de Corrupción (IPC)” que realiza Transparencia Internacional, y que muestra a Honduras entre los cuatro países menos transparentes de América Latina en 2023.
Según este informe, Honduras se ubica en la posición de 154 de 180 naciones que fueron evaluados en el Índice de Percepción de Corrupción.
Por otro lado, recordó que Honduras volvió a quedar afuera de la Cuenta del Milenio, quedando reprobado en cuatro de los siete indicadores evaluados.
En cuando al combate a la corrupción, el informe de ASJ subrayó que solo el 2.7 % de las auditorías realizadas por el TSC fueron remitidas al Ministerio Público en 2023.
En ese sentido, el TSC realizó 297 informes el año pasado, pero solo remitió ocho al MP.
También lamentó que durante el 2023, se haya reducido la cantidad de casos judicializados por los delitos de falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad, cohecho y malversación de caudales públicos.
Sin embargo, destacó que hubo un aumento de casos judicializados por los delitos de fraude, prevaricato y enriquecimiento ilícito.
En otro aspecto, ASJ reprochó que la efectividad de las fiscalías anticorrupción fue de 0.67 % en 2023.
Reveló que se recibieron mil 637 denuncias en los circuitos judiciales, de los cuales, 55 fueron judicializadas, siete se sometieron a procedimiento abreviado, siete concluyeron con sobreseimiento definitivo, dos con sobreseimiento provisional y 11 tuvieron sentencias condenatorias en juicio.
ASJ recalcó que los requerimientos de alto impacto que se registraron el año pasado fueron la ampliación del requerimiento fiscal en el caso de los Hospitales Móviles y Pandora II.
Igualmente, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) registró en 2023 dos mil 896 demandas en contra del Estado.
CICIH
ASJ contó que los hondureños tienen 796 días esperando la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Destacó la firma y ampliación de memorándum de entendimiento, como la visita de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, el director de transparencia de ASJ, Juan Carlos Aguilar, condenó que el proceso de negociación fuera declarada en reserva confidencialidad.
Presupuestos de instituciones
ASJ confirmó que el Poder Judicial recibió en 2023 un presupuesto de tres mil 434.9 millones de lempiras, superior a los dos mil 246.7 millones que obtuvo el Ministerio Público y a los mil 448 millones del Congreso Nacional.
En comparación con el 2022, solo el Poder Judicial recibió un incremento en su presupuesto, el Congreso Nacional mantuvo la misma cifra, sin embargo, el Ministerio Público tuvo una leve disminución.
El MP recibió en 2023 un presupuesto de dos mil 246.7 millones lempiras, pero en 2022 fue de dos mil 294.21 millones, alrededor una reducción de 47.51 millones.
Por otro lado, estimó que en los últimos cinco años, el presupuesto del Congreso Nacional tuvo un aumento y que su cifra es tres veces superior a los asignados a las instituciones de transparencia como la secretaría de este ramo, TSC, Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Unidad de Política Limpia y el Instituyo de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Finalmente, sobre las respuestas a las solicitudes de información de los ciudadanos, ASJ mostró que el 76.9 % se contestaron en plazo. AG
