Tegucigalpa – La proliferación de armas en Honduras ha ido en forma ascendente, al registrarse que circulan en el país más de un millón, entre legales e ilegales, haciendo de este rubro un negocio floreciente que está incidiendo también en la muerte violenta de personas, según registros del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
Aunque el país no vive una guerra formal, en la práctica el escenario y el número de muertes dicen lo contrario. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) revela que del 2000 al 2012 se produjo cerca de 53,622 muertes violentas, en su mayoría por armas de fuego. Esa cifra según el Conadeh es un indicativo que el país vive “en una epidemia” por la violencia y la inseguridad.
La cantidad de muertes de esas personas, cuyo número ha incrementado en los últimos tres años, es como si la nación estuviera en una guerra con la desaparición de poblados enteros a consecuencia de la misma. Es como si la mitad de los habitantes de La Ceiba, por ejemplo, que pasa de las 100 mil personas, hubiese desaparecido por una bomba.
La proliferación de armas ha ido en ascenso, según las autoridades estatales, quienes estiman que existen en el país unas 400 mil armas que se han vendido legalmente, mientras el resto se considera que circula en forma ilegal, en el llamado mercado negro de la industria armamentística.
Solo en los años ochenta cuando se instaló la política de seguridad nacional en el marco de la guerra fría Este-Oeste, la presencia irregular en territorio hondureño de la llamada Resistencia Nicaragüense (RN,contras) habría dejado en el país, tras su desmovilización, miles de armas circulando ilegalmente, en su mayoría AK-47. Ahora, con la presencia del crimen organizado el número de armamento ilegal se disparó aún más según las autoridades.
Creciente negocio de armas
El negocio de las armas está llevando a impulsar desde hace cinco años la necesidad de una nueva ley para su uso y control, pero la misma no termina de cuajar en el Congreso, mientras las cifras del Observatorio de la Violencia de la UNAH señalan que cada vez el mayor número de homicidios obedece al uso de armas de fuego efectuadas por acciones de sicariato.
El 81.6 por ciento de las muertes violentas en Honduras obedece al uso de armas de fuego, señala una investigación del Observatorio de la Violencia, al aducir que existe en el país un mercado ilegal de armas que amerita de acciones de control en forma más efectiva y eficaz.
De acuerdo a ese trabajo realizado por la investigadora social Leyla Díaz, experta en tema de armas ligeras y control de armas, en el año 2000, Honduras importó el equivalente a 5.7 millones de dólares en armamentos, cifra que en el 2001 aumentó a 8.2 millones de dólares para dispararse en el 2011 a 16.6 millones de dólares a través de diversos mecanismos, entre ellos envíos postales, envíos urgentes, tráfico fronterizo, equipaje de viajeros, menaje de casa y pequeños envíos sin carácter comercial.
Las principales dependencias que importan armas son la Secretaría de Defensa y las Fuerzas Armadas, a través de La Armería -responsable legal de autorizar la compra y venta de armas en el país- la Secretaría de Seguridad para la Policía Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Finanzas, la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la Dirección Adjunta de Rentas, cita la investigación sobre el tema de las armas.
Las autoridades de investigación criminal, hoy Dirección Policial de Investigación (DPI), revelaron hace dos meses que el mercado ilegal de las armas está adquiriendo connotaciones alarmantes en vista que no hay una regulación de armas, muchas de las cuales se encuentran en poder del crimen organizado que pulula en diversas regiones del país.
Armas cortas, más usadas para asesinar
En Medicina Forense se asegura que el 80 por ciento de los homicidios que se cometen en el país es con armas cortas de los calibres 9 milímetros, y 38 especial, así como armas largas con municiones como 223; 556 y 7.62 por 39 que son en su mayoría de armas AK-47.
Las autoridades forenses indican que al menos seis mil peticiones de análisis de evidencias al año ingresan a sus laboratorios, en su mayoría por armas de fuego decomisadas a sospechosos de haber participado en algún hecho delictivo y la evidencia levantada en las diversas escenas del crimen.
Las trabas que ha tenido por ahora la aprobación de una nueva ley que regule el registro, venta y portación de armas y otras municiones se centra en limitar el número de armas por personas, pues actualmente es de cinco armas, una cifra que para muchos es exagerada, mientras otros pujan por aumentarla aduciendo razones de violencia e inseguridad.
Otro aspecto a debatir es la regionalización de los registros balísticos pues en 2009 cuando la Secretaría de Seguridad retomó el tema para introducir una legislación que regulara las armas, entre ellas los registros, lo que hizo fue cerrar las oficinas regionales, centrando toda la actividad en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que a la larga incidió en que la gente no se desplazara a esas ciudades por cuestiones de movilización, aumentado así la dificultad para levantar un censo más o menos confiable. Levantar nuevamente un Registro Nacional de Armas requiere al menos de 21 millones de lempiras, según estimaciones preliminares.
Otro aspecto que se debe regular en este proceso de aprobar una nueva legislación es lo concerniente al tema de la amnistía, pues los registros contabilizan un promedio de 10 amnistías otorgadas por los distintos gobiernos, la última se produjo el año pasado.
Las autoridades del Observatorio de la Violencia de la UNAH, así informes de Naciones Unidas sobre el tema de las armas ligeras en Honduras, son del criterio que otro aspecto a regular es el uso de armas en poder de las empresas privadas de seguridad, pues éstas se han convertido en una especie de ejército que supera al oficial y ante la falta de regulación, los hechos violentos por armas de fuego seguirán siendo una constante en un país en donde no existe, al menos, una guerra formal pero es evidente que tiene armas demás.
