Tegucigalpa – Luego de librar una batalla contra la corrupción en los últimos años, hoy Honduras no solo enfrenta el reto de contener el avance masivo del Coronavirus (COVID-19), sino de transparentar los fondos públicos que emplea en esta titánica labor.
-Con la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social, Honduras pretende invertir más de 400 millones de dólares en el sector Salud en fondos reasignados.
Para ello Transparencia Internacional (TI), ha hecho un llamado a sectores, como periodistas y la sociedad civil, para usar los canales necesarios de veeduría y denuncia a fin de evitar cualquier tipo de abuso o aprovechamiento de la ley.
Carlos HernándezAl respecto, este día, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y representante del capítulo de TI- Honduras, expresó que “es muy importante el rol de los periodistas y la sociedad civil, y usar los canales que tenemos para denunciar cualquier tipo de abuso y aprovechar nuestro marco legal, constitucional, para de manera proactiva estar vigilando y asegurar que los pocos recursos que tenemos como país sean manejados de manera eficiente y transparente”.
El representante de TI en el capítulo de Honduras señaló que en el país centroamericano la participación está asegurada en la Constitución de la República, por lo que, nadie necesita autorización para hacer veeduría ciudadana.
TI identifica riesgos en Latinoamérica
Ante este reto que no solo afronta Honduras sino todos los países latinoamericanos, el organismo internacional ha identificado riesgos de corrupción y medidas de integridad en contrataciones públicas en la lucha contra el Coronavirus.
Esa es una de las principales conclusiones de un grupo de trabajo integrado por 13 capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, entre ellos la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) de Honduras, quienes este día realizaron un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados y estrategias preventivas claves, para asegurar que las compras y contrataciones directas que están haciendo los estados frente a la crisis sanitaria, cumplan los objetivos de aliviar el impacto en la salud de los ciudadanos y las economías locales de forma íntegra, y que no sean desviados por la corrupción y el oportunismo.
En ese sentido, los integrantes de los 13 capítulos de Transparencia Internacional insistieron en que los riesgos de captura de recursos por grupos de interés económicos y la administración desigual de las ayudas directas puede resultar en afectaciones graves a la salud pública de la región.
Luego de revisar extensamente la experiencia de América Latina, no hay duda de que lo que realmente compromete la entrega de los bienes necesarios para atender las necesidades de la población es la opacidad y la corrupción, concluyeron los representantes de los 13 capítulos de la organización.
Recomendaciones
Bajo este análisis de riesgo de corrupción en el manejo de fondos públicos durante la crisis provocada por el Coronavirus, Transparencia Internacional vertió una serie de recomendaciones entre las que destacan:
Realizar una máxima publicidad en la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia.
Asimismo, se recomienda, la activación de las agencias nacionales antimonopolio para evitar colusión entre actores económicos o prácticas que resulten en la especulación de los precios.
De igual manera, activar auditorías en tiempo real para los procesos de contratación pública, precisamente por la naturaleza excepcional de la situación y la magnitud de la emergencia.
Asimismo, se insta a la concentración en una sola plataforma de toda la información relativa a las contrataciones gubernamentales en este tema o generando identificadores en las plataformas electrónicas de contratación pública.
Finalmente, se subraya que la emergencia no es justificación para evitar una apropiada rendición de cuentas.
Ley Especial
Cabe señalar que para hacer frente a los efectos del COVID-19 el Congreso Nacional de Honduras aprobó el pasado viernes 13 de marzo la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social.
Con dicha ley se pretende dotar al sector Salud con más de 400 millones de dólares para hacer frente a la emergencia a causa de la pandemia.
Es oportuno mencionar que la ley fue presentada por el Poder Ejecutivo, la cual no implica el aumento del presupuesto del año 2020 que aprobó el Congreso Nacional, sino un reajuste de este.
La misma tiene dos efectos, resolver a gran medida el Sistema Sanitario del país y dinamizar la economía, que se verá afectada por la creciente amenaza de recesión global.
