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Honduras, 900 días sin la CICIH

Tegucigalpa ( Proceso Digital) – Han pasado 900 días desde que Xiomara Castro asumió el poder y con ello su promesa electoral más importante: Instalar una misión anticorrupción, misma que la ciudadanía y el electorado han pedido a gritos en Honduras, un país marcado por una corrupción ancestral y ascendente.

Este lunes 15 de julio de 2024 se cumplen 900 días desde que la presidenta Castro tomara el poder de la nación y prometiera como una de sus primeras acciones de gobierno la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

Pero la promesa se diluye entre innumerables excusas y el desencanto ciudadano.

A mediados de junio, Honduras y la ONU firmaron la cuarta extensión del memorándum de entendimiento (MOU) para preparar el camino que permita instalar el cuerpo anticorrupción.

En esa oportunidad, el secretariado de la ONU recordó que el eventual establecimiento de un mecanismo anticorrupción en Honduras requiere, primero incluir «por escrito, un mínimo de garantías legales para el establecimiento y operatividad» de esa entidad, dando a entender que esas garantías aún no existen.

El mecanismo anticorrupción es una promesa de la presidenta de Honduras que fue el centro de su campaña política para ganar el poder, mismo que asumió en enero de 2022.

Pero la instalación del mecanismo anticorrupción se posterga una y otra vez, al grado que el país está a punto de entrar a un año electoral sin respuesta. De no instalarse el mecanismo en lo que resta el 2024 se acaba la posibilidad de contar con una comisión que combata la corrupción y la impunidad en el país, de acuerdo a entendidos consultados por Proceso Digital.

Tras la firma del MOU en 2022, la ONU ha desplegado en cuatro ocasiones un grupo de expertos a Honduras para ayudar al Gobierno a identificar y llevar a cabo las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias para un eventual establecimiento del mecanismo contra la corrupción.

Pero el gobierno parece entrampado en otras crisis y priorizando otras agendas como el caso de la construcción de una cárcel en el Caribe de Honduras. El proyecto para la mayoría de la sociedad es inviable, pero desde el oficialismo insisten en construir “la Alcatraz” en las Islas del Cisne.

Al igual que en el combate contra la corrupción, otros temas como la desbordada inseguridad, crisis sanitaria y energética, conflictividad agraria y social, cerca de un centenar de muertos por dengue; vulnerabilidad ante los azotes de un marcado año lluvioso, son parte de los temas que agobian a los hondureños, y también en ellos la ciudadanía reclama la urgente atención que tampoco llega. Así la multicrisis parece una interminable bola de nieve.

Voces del oficialismo, entre funcionarios del gobierno central y diputados del Partido Libre, han insistido en que la aprobación, modificación y derogación de leyes que pide la ONU no es exclusivamente potestad de ellos. Sin embargo, la oposición culpa a los que ostentan el poder de no querer avanzar para instalar la misión y no gestionar o ubicar en la agenda de trabajo y diálogo los temas relacionados.

Así, los diputados que debieron retornar a sus sesiones este julio, tras un largo receso de medio año, no se han sentado en sus curules para evacuar la cantidad de temas de interés entre los que figuran los proyectos que exige la ONU para instalar la CICIH.

[LEER] ONU insiste que mecanismo anticorrupción en Honduras requiere primero garantías escritas

Alice Shackelford, representante de la ONU.

ONU, exige garantías legales imprescindibles

La representante de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, dijo recientemente que se “está haciendo ahora con el grupo de trabajo, entre Naciones Unidas y la autoridad del gobierno, para que lleguen a un acuerdo. Por parte de Naciones Unidas existe un compromiso muy fuerte expresado por el Secretario General”, manifestó.

Lo que existe ahora es un diálogo para establecer las garantías legales necesarias para el establecimiento del mecanismo, resumió.

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La justificación de Mel

Pero después de 900 días de la ausencia de la CICIH, el asesor presidencial y primer caballero del país, Manuel Zelaya, ha salido al paso para decir que las condiciones que puso la ONU para que se instale en Honduras un mecanismo internacional anticorrupción sobrepasan a las competencias del gobierno.

Además, el exmandatario hondureño (2006-junio de 2009) justifica que la presidenta Xiomara Castro no puede “doblarle el brazo” a las Naciones Unidas.

Mel Zelaya.

Asimismo, Zelaya apuntó que tanto él como Xiomara Castro quisieron que la CICIH llegara al país en marzo de 2022, un mes después de la asunción al poder de Libre.

Para Zelaya, la ONU se ha encargado de poner condiciones en el aspecto jurídico que van más allá de la competencia del gobierno porque requieren de reformas constitucionales.

(LEER) Prórroga de memorándum para la CICIH, nuevo intento para alcanzar acuerdos de mecanismo imparcial

Importante que haya acuerdo sobre la CICIH: EEUU

La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, en una de sus últimas declaraciones consideró que es importante que haya un acuerdo para que se instale en el país un mecanismo internacional que luche contra la corrupción.

Dogu reconoció que la corrupción en Honduras es profunda y difícil de combatirla.

“He mencionado muchas veces que la corrupción aquí es muy profunda y difícil, tiene un impacto muy negativo en el pueblo, el gobierno y empresas privadas”, mencionó.

Aunque aclaró que el gobierno de EEUU no es parte de las negociaciones entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Honduras, no obstante, indicó que es importante la instalación del mecanismo.

Laura Dogu, embajadora de EEUU.

“Yo no sé cuándo van a llegar a un acuerdo, pero es importante que ambas partes se entiendan», expresó.

Mientras la población espera que se concrete uno de sus anhelos, que es contar con un mecanismo de combate internacional, la corrupción en Honduras se mantiene y el país se encuentra entre los últimos en transparencia y combate a la corrupción.

El último Índice de Percepción de Corrupción que publicó Transparencia Internacional ubicó al país en la posición 157, con un índice de 23 sobre 100 puntos, siendo el penúltimo en Centroamérica, solo superado por Nicaragua.

Recuerdos de la MACCIH

La población recuerda que la instalación del mecanismo anticorrupción de la MACCCIH, bajo la égida de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue más fluida y el ente no sólo se instaló, sino que llevó a cabo varias investigaciones.

Muchas de las investigaciones se concretaron en acusaciones del Ministerio Público contra altas figuras de la administración pasada del partido Nacional, como ministros, diputados y otros altos funcionarios.

El mandato de la MACCIH no fue extendido, lo que provocó que el arco opositor, incluido Libre, reclamara la llegada de la CICIH bajo el mandato de las Naciones Unidas.

Nepotismo

Y es que uno de los puntos que más critica la ciudadanía son los diversos casos de nepotismo que se enquistaron en la administración pública, como parte de la corrupción que se viene agregar a los tradicionales.

El Consejo Nacional de Corrupción (CNA) ha publicado dos informes respecto al nepotismo, donde familias completas integran el aparato gubernamental.

El CNA ejemplificó los casos de la familia presidencial, así como la candidata presidencial del partido Libre, Rixi Moncada, e igual el de la familia del asesor presidencial Enrique Flores.

Pero otras denuncias registradas en la actual administración son las adopciones y pedidos de coimas en la desaparecida Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), que tras la destitución de su antigua directora Dulce María Villanueva tuvieron que eliminarla y la transformaron en una secretaría de Estado.

También se encuentran denuncias por el abultado costo del engramillado del Estadio Nacional, que se encuentra en investigación en la Fiscalía General, los casos en el Instituto de la Propiedad.

El último caso tiene que ver con contratos dados a empresas cercanas a familiares del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, denunciado por la propia subsecretaria Julissa Villanueva. (PD).

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