A finales de la década de 1980, en un contexto de conflictos armados y crisis política en varios países de Centroamérica, los líderes de la región buscaron mecanismos para promover la paz y la estabilidad. La firma de los Acuerdos de Esquipulas en 1987 representó un hito en este proceso, ya que se impulsaron iniciativas de pacificación y cooperación regional. Inspirados en el modelo de la Unión Europea, se consideró que un parlamento regional podría servir como un espacio de diálogo, representación y consolidación de la integración centroamericana.
Así nació el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), cuyo Tratado Constitutivo fue firmado el 15 de octubre de 1987 y entró en vigor en 1991 con la instalación de su primera legislatura en Ciudad de Guatemala. La idea era que esta institución contribuyera a la democratización de la región, fortaleciera la cooperación entre los países y permitiera una mayor cohesión política y social. Sin embargo, en la actualidad, Honduras debe reconsiderar seriamente su permanencia en este organismo.
Actualmente, el PARLACEN es una de las instituciones que conforman el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus países miembros incluyen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana. Costa Rica decidió no integrarse, argumentando que su sistema democrático no requiere de una entidad supranacional de este tipo —demostrando un mejor criterio que los demás—.
El Parlamento está compuesto por diputados elegidos en cada país, además de la integración automática de expresidentes y exvicepresidentes de las naciones miembros al finalizar su mandato. Su sede se encuentra en la Ciudad de Guatemala y su función principal es debatir y proponer políticas de integración regional. Sin embargo, carece de poder vinculante, ya que sus resoluciones no son obligatorias para los gobiernos de los países miembros.
Uno de los principales cuestionamientos al PARLACEN es la falta de beneficios tangibles para Honduras. A pesar de su existencia por más de tres décadas, no se ha traducido en avances significativos en la integración regional ni en mejoras en la calidad de vida de los hondureños. Además, la existencia de otros organismos dentro del SICA con mayor relevancia y capacidad de ejecución hace que su función sea redundante. No se ha logrado emular el modelo de la Unión Europea, donde el Parlamento tiene un papel central en la toma de decisiones —al haber recibido atribuciones delegadas de los estados—.
El mantenimiento del PARLACEN supone un costo significativo para Honduras, sin un retorno proporcional en beneficios. El país debe destinar recursos para el pago de los diputados, asesores, personal administrativo, viáticos y sesiones. Se ha criticado el hecho de que los parlamentarios reciben una especie de “beca” sin mayores responsabilidades concretas, lo que fomenta la percepción de que es un organismo de bajo impacto y con altos costos para el erario.
En muchos casos, el PARLACEN ha servido como refugio para políticos que han terminado su carrera (bajo cuestionamientos legales algunos de ellos), o como un espacio para otorgar beneficios a exmandatarios sin que ello implique una contribución efectiva a la integración regional. En un contexto donde Honduras enfrenta crisis económicas y problemas de financiamiento en sectores esenciales como educación y salud, el gasto en una institución de escasa utilidad resulta difícil de justificar.
Para Honduras, retirarse del PARLACEN es una opción viable y necesaria. El procedimiento está establecido en el Tratado Constitutivo. La vía principal es la denuncia del tratado, lo que significa que Honduras debe presentar una notificación formal de su intención de salir de la organización. Posteriormente, hay un período de espera de dos años antes de que la retirada se haga efectiva. Para lograr una salida efectiva, Honduras debe realizar un análisis detallado de las implicaciones legales y diplomáticas —aunque creemos que las condiciones actuales favorecen la salida—.
En conclusión, el PARLACEN fue concebido como una herramienta de integración y pacificación en un momento crítico para Centroamérica, pero con el tiempo ha demostrado ser una institución de escasa relevancia y alto costo. Para Honduras, la permanencia en este organismo no representa beneficios concretos y supone una carga económica innecesaria.
La falta de impacto real en la política nacional y el costo de su mantenimiento hacen que la opción más lógica sea su salida del PARLACEN. Si el país decide retirarse, el camino está definido, pero requiere de voluntad política y una estrategia clara para evitar complicaciones en el proceso de denuncia del tratado.
