Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el pleno debe reunirse al menos dos veces por semana, para conocer asuntos resolutivos y administrativos, lo que significa que en seis meses y medio este ente contralor no ha realizado conforme a ley al menos 24 sesiones.
– Múltiples atribuciones del pleno paralizadas desde el 16 de febrero de 2023 a la fecha.
– Hay una clara intención de debilitar la institucionalidad al no elegir el magistrado del TSC, según la sociedad civil.
– Clase política no muestra ningún interés en cumplir la ley menos cuando se trata de lucha anticorrupción opinan representantes del CNA y Fosdeh
Lo anterior porque desde el 16 de febrero, cuando renunció el magistrado Roy Pineda Castro, quien ahora es magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no se ha podido integrar el Pleno de Magistrados debido a que su sustituto no ha sido electo por el Congreso Nacional.
El Tribunal Superior de Cuentas, es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos, con autonomía funcional y administrativa, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes; pero desde hace más de seis meses no se cumple la visión ni la misión de este ente.
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La misión y la visión apunta claramente que el TSC debe fiscalizar de manera efectiva, eficiente, eficaz, oportuna y preventiva los fondos, bienes y recursos del Estado, para fomentar una gestión pública honesta y transparente, pero a la luz de la evidencia estos objetivos no se están cumpliendo, pues muchos procesos están paralizados.
Así lo han reconocido los propios magistrados en funciones José Juan Pineda Varela y Ricardo Rodríguez, quienes además de aceptar que este periodo de medio año han estado maniatados, también parecen resignados y hasta están pensando en que sean los que vienen que vengan a lidiar con la mora.
En cuanto a la propuesta surgida por parte de políticos de adelantar la elección de los tres magistrados del TSC, los dos magistrados actuales, se han limitado a opinar, que la ley es clara y eso ya está establecido.
En declaraciones el pasado viernes, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo que si se nombra por el tiempo que falta el magistrado que no ha sido sustituido en el TSC, ya que el pleno vaca el 7 de diciembre, solo estaría por un periodo de tiempo corto, además el que ocupe la vacante no se pudiera reelegir.
Por lo tanto -continuó- haremos el llamamiento para elegir a los próximos tres magistrados que van a tomar posesión a partir de la fecha que terminan los que estaban en el cargo.
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Desinterés o intencionalidad para parar procesos
Aunque las autoridades del TSC, no han establecido un número exacto de casos o resoluciones importantes que están paralizados, se sabe que hay varias resoluciones definitivas con pliegos de responsabilidades tanto civiles como administrativas que solo pueden ser emitidas por el Pleno de Magistrados.
En ese sentido una fuente del TSC, explicó a Proceso Digital que será hasta cuando se conforme nuevamente el Pleno de Magistrados, que se podrán conocer los casos, cuando los expedientes sean elevados a su conocimiento.
Para el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) César Espinal, es muy penoso y a la vez delicado que esté detenida la operatividad de un ente tan importante como es el TSC, ya que sin duda alguna la falta de uno de los magistrados ha generado un desbalance en muchas de las decisiones que deberían ser tomadas eficientemente, pero ahora están estancadas y no van a tener ningún avance mientras no exista toda esa estructura completa.
Son múltiples las tareas del TSC, y en este momento no puede tomar decisiones como por ejemplo todo lo que ha ocurrido en estos meses anteriores con respecto a los fondos que manejado el Congreso Nacional como el caso de subvenciones o el fondo departamental.
Entre otros ejemplos se pueden mencionar auditorías que puedan determinar alguna responsabilidad en casos de corrupción o enriquecimiento ilícito de algún funcionario o exfuncionario, que son facultades de esta institución, y también se retrasan procesos en otras instituciones para el caso el Ministerio Público que en algunos casos requiere informes previos del TSC, amplio en plática con Proceso Digital.
Espinal lamentó que los congresistas no han elegido al magistrado y “de hecho el tema no ha estado ni en la agenda ni ha existido interés (…) y preocupa en este tipo de elecciones siempre existan las cuotas de poder entre los partidos políticos en este caso ya se sabe que son las tres fuerzas mayoritarias del país”.
No descarto, que haya malicia e intencionalidad en no elegir al magistrado y que esto también sea parte de las negociaciones aunadas al proceso de elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto.
Debilitamiento institucional
No existe voluntad para fortalecer la institucionalidad para poder impulsar verdaderas políticas coherentes para reducir la brecha de impunidad, prevenir y luchar contra la corrupción, por el contrario, hay un debilitamiento y no se da prioridad a este órgano colegiado, puntualizó, el representante del CNA.
Mientras para la coordinadora del programa de Transparencia y Anticorrupción del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Blanca Elvir, el hecho de que uno de los magistrados no haya sido elegido desde la renuncia de otro debilita el ente contralor y también se evidencia que el tema de corrupción y de transparencia pasa a un segundo plano para quienes toman las decisiones.
Elvir coincide que se trata de intereses particulares y negociaciones de las fuerzas políticas concentradas en el Congreso Nacional, más aún cuando se está a las puertas de las nuevas autoridades del Ministerio Público, planteó a Proceso Digital.
“Esto tiene una fuerte implicación en la lucha contra la corrupción, actualmente si los magistrados no se pueden reunir en pleno para poder dar resoluciones a muchos de los casos que se encuentran bajo su estudio en este momento algunos de estos delitos van a ir prescribiendo y esto es bastante lesivo porque se van a quedar en la impunidad porque va a pasar el tiempo que la ley ya considera para que se pueda dar una resolución en estos temas”, consideró la entrevistada.
También apuntó que hay un claro debilitamiento de la institución pública encargada de transparentar el uso de los recursos públicos, y eso se ha evidenciado desde el momento en que no existen los presupuestos para estas instituciones y los procesos de selección de estos funcionarios no son los adecuados.
Al concluir recordó que también se debe tener en cuenta que hay un equipo de expertos de la ONU, visualizando si existen las condiciones para instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), en el país.
Informes y auditorías
Tal como ya expusimos en párrafos anteriores de acuerdo a ley el Tribunal Superior de Cuentas es el ente rector del sistema de control que vela por el uso eficaz y eficiente de los bienes y recursos del Estado, y a la vez debe procurar una administración transparente y libre de corrupción en el ámbito de su competencia.
En ese contexto el TSC, a través de los departamentos y direcciones que le conforman, debe elaborar los Informes de las auditorías practicadas a las diferentes instituciones del estado, entre estos los más importantes son: Informes de auditorías de Gobierno Central, instituciones descentralizadas y desconcentradas, autónomas y semi autónomas; informes de auditorías municipales; informes de fiscalización e informes de denuncia ciudadana. También, informes de denuncia ciudadana en las oficinas regionales del TSC, informes de auditorías de proyectos, informes de fiscalización ética y auditorías especiales.
Tomando en cuenta la larga lista de atribuciones del pleno de magistrados en este que, sin duda alguna el retraso en los procesos y las resoluciones en seis meses sin reuniones del pleno, debe ser grande, pero lo más preocupante es la apatía de los diputados en el Congreso Nacional, para cumplir con lo que manda la ley y elegir al magistrado que falta. LB
