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Gobierno intensifica su paso hacia la cuarta urna por la ruta de la confrontación

Tegucigalpa – Honduras se encuentra en una ruta de choque entre las fuerzas del gobierno central y el resto de la clase política y la sociedad civil debido a la diferencia en torno al futuro político del país.
 

El presidente Manuel Zelaya impulsa un proyecto político de realizar una consulta a finales de junio para que la población se pronuncie en torno a si se consulta después para un llamado a una Asamblea Constituyente que anule la actual constitución y se redacte una nueva.


La iniciativa del presidente Zelaya es rechazada por la dirigencia de la clase política, excepto por el partido Unificación Democrática, buena parte de la sociedad civil, que ven en la propuesta gubernamental una posible salida del orden constitucional y planes continuistas o reeleccionistas del mandatario.

Oposición denuncia amenazas a muerte, seguimiento, vigilancia y escuchas telefónicas

Para impulsar su proyecto, el mandatario logró obtener el apoyo de diversas organizaciones sindicales, campesinas e indígenas, para lo cual ha facilitado mucho apoyo presupuestario a las mismas o bien ha aceptado cumplir sus demandas gremiales que tienen gran impacto en el presupuesto.


Pero la disputa entre las fuerzas está subiendo de nivel, a medida que se acerca junio, ya que el gobierno no define claramente que hará una vez que concluya la consulta o encuesta y cuales serán los siguientes pasos a dar.


En una resolución del Consejo de Ministros se afirmó que la encuesta “es el primer paso hacia la instauración de una democracia participativa”, según la concepción del ejecutivo.


La consulta o encuesta no tiene ninguna vinculación legal y su resultado no es de aplicación obligada, pero el presidente Zelaya y sus colaboradores de palacio han dejado claro que ninguna resolución judicial o aplicación de ley determinada los detendrá, ya que aducen que el proyecto de consulta o encuesta es una decisión en “beneficio del pueblo” y “contra los grupos fácticos de poder”.


Violencia

Justamente que la encuesta es “solo el primer paso” para la democracia participativa es lo que preocupa a los demás sectores de la sociedad hondureña y más cuando la resolución del hibrido Consejo de Ministros y Frente Cívico por la Cuarta Urna advierten que “defenderán” con la “movilización popular” la iniciativa.

Y aquí es cuando las alarmas se disparan en varios sectores que esperan que en los próximos meses el nivel de confrontación política pueda derivarse en altos niveles de violencia.

La amenaza de movilización de los sectores gremiales ligados al gobierno es lo que advierten los que se oponen al proceso que se gesta desde el Ejecutivo, ya que se teme una radicalización y que paralicen sectores claves del país al tomarse puentes, carreteras, así como las sedes de los poderes legislativo y judicial, además de la Fiscalía General , ya que los consideran opositores al proyecto del presidente Zelaya.%26nbsp;

El presidente Zelaya se niega a acatar cualquier respeto al marco legal y afirma que la consulta o encuesta va y ni “Kaliman la detiene”.

Mientras del lado opositor han denunciado amenazas a muerte, vigilancia, seguimiento y escuchas telefónicas como medidas de presión de los promotores de la cuarta urna.


El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, denunció que existe un plan orquestado desde el poder ejecutivo para asesinarlo y que fueron contratados sicarios extranjeros para ejecutar el plan.


La respuesta del presidente Zelaya fue que esta afectado por la “gripe porcina”.


Mientras el Consejo de Ministros en su resolución lo identificó como la “encarnación del conservadurismo” hondureño.


Además de Micheletti, la procuradora general Rosa América Galo y el fiscal general Luis Alberto Rubí han denunciado también amenazas a muerte.


También existe una lista de personas que fueron incluidas en una lista que son catalogados como “enemigos del gobierno”.


Elecciones

Mientras tanto, los partidos políticos consideran que las elecciones generales del 29 de noviembre se realizarán y para ello comenzaron las actividades de promoción, aunque algunos sectores denuncian que el plan del gobierno es evitar que se realicen los comicios generales y así que el presidente Zelaya y su círculo de palacio se mantenga en el poder.


Los denunciantes argumentan que la falta de un presupuesto es una evidencia que el gobierno no quiere dotar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) los fondos necesarios para la celebración de los comicios generales donde se elegiría al sucesor del presidente Zelaya.

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