Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El gobierno del bicentenario que rectora la presidenta Xiomara Castro, enfrenta a casi año y medio de su llegada al poder, la disyuntiva de dar un giro de timón a su gestión o mantenerse como hasta ahora: bajo el populismo, la polarización y la posverdad.
Los más recientes sondeos de opinión pública advierten con preocupación una caída en la gestión gubernamental sin precedentes, acompañada de un desencanto generalizado en la población, en contraste con las expectativas generadas cuando asumió el poder tras el triunfo obtenido en alianza con Salvador Nasralla y otras fuerzas políticas, en el llamado gobierno del bicentenario y la refundación.
En una reciente medición, la firma internacional DatoWorld, colocó en el ranking de imagen de los presidentes de América Latina, a la presidenta Xiomara Castro en la séptima posición con un porcentaje de 36% de más de una docena de presidentes latinoamericanos evaluados. Esa posición representó una caída abrupta en comparación a la de enero de este mismo año donde ella estaba en las primeras cinco posiciones. Luego el sondeo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, publicó en la segunda semana de mayo, su encuesta de percepción en la cual la administración del gobierno del bicentenario sale aplazada.
Los datos del sondeo del ERIC, avalados antes por los miembros de la actual administración, y cuestionados ahora, son reveladores: en una escala de 0 a 10, la presidenta Xiomara Castro sale con una evaluación de 4.46 %, la más baja que se da a un presidente en funciones a año y medio de gobierno. La caída es fuerte.
La encuesta también indica: 60.7 % desaprueba como el gobierno del bicentenario está administrando el país, 60.1 % señala que la gobernante Castro no está cumpliendo sus promesas de campaña, más de un 34 % cree que ella no escucha las demandas del pueblo y más del 43 % estima que la situación del país va para peor. La mayoría de los hondureños considera que el gobierno lleva al país por el rumbo equivocado.
Adentrándose al sondeo de los jesuitas, las valoraciones para la actual administración no son satisfactorias, las expectativas ciudadanas de inicio de gestión se estrellan con lo que los encuestados estiman no corresponden a lo que quiere el país, creen que su gobierno está generando un cambio negativo (43.3 %) y si del gabinete de gobierno se trata, más del 42 % estima que es muy malo. También, la gente considera (65 %) que la presidenta Castro está siendo manipulada, que es el expresidente y asesor presidencial, Manuel Zelaya, quien gobierna en el país, así lo estiman un 78.1 % de los consultados.
Una lectura para tomar decisiones
Estos datos concuerdan con otros sondeos hechos por firmas privadas en el mes de enero, al medir su primer año de gobierno, donde se advertía del desencanto y la caída en la gestión presidencial. Los datos como bien afirman los expertos son un indicador que pueden ayudar a los gobiernos a manejarse, enrumbar sus acciones y hacer nuevas proyecciones al término de su gestión.
Hasta ahora, el gobierno ha aceptado tímidamente estos sondeos, en especial la de DatoWorld y el sondeo del ERIC, último que ha incomodado más de lo usual, pese a la explicación de sus responsables y las ponderaciones hechas. De momento, se informa que el gabinete de gobierno está en evaluación y que es probable que se produzcan algunos cambios a partir de este mes de junio. Los resultados de las evaluaciones se mantendrán en reserva por un pedido de secretividad formulado por el propio Ejecutivo.
Se señalan algunos nombres que podrían retirarse del gobierno, trascienden algunas renuncias de cargos intermedios, y otras que han salido en los últimos días por bochornosos escándalos por presuntos favores sexuales a cambio de un empleo, como fue el del exsecretario general del Instituto de la Propiedad (IP) o renuncias obligadas vinculadas a escándalos por presunta corrupción como en la dirección que atiende a la niñez vulnerable.
En medio de estas evaluaciones de percepción, el más reciente informe de la visita in loco hecha por una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), retrata el otro punteo hecho a la actual administración, el de la situación de los derechos humanos, los pocos avances sostenidos, y los enormes desafíos por ofrecer garantías ciudadanas que generen certidumbre, sosiego y gobernabilidad. Es un informe que ofrece oportunidades para enrumbar al país en diversos aspectos y temas torales como la seguridad ciudadana, el derecho a la salud, la educación, el respeto a los territorios, la propiedad privada, la libertad de expresión y la descriminalización de leyes y acciones que riñen con un estado democrático de derecho.
El informe de la CIDH si bien destaca que muchos de los problemas son parte de la multicrisis que enfrenta el gobierno son heredados, advierte que el rumbo no puede seguir equivocado, exhorta al gobierno y al Estado a fortalecer la institucionalidad, y señala en cuanto al perfil de los funcionarios, que “un funcionario cualificado es esencial para una gestión eficaz, sostenible a largo plazo y flexible para responder a los factores y problemas estructurales que afectan a la población en Honduras”.
En tal sentido, y para reconstruir el tejido social, fracturado desde el 2009, la CIDH, propone al gobierno propiciar un diálogo franco, abierto y transparente con todos los sectores de la sociedad, incluidas las voces disidentes. La CIDH en el mantenimiento de un orden constitucional, asevera.
Las respuestas ¿adecuadas?
En medio de la difusión de los sondeos y el informe preliminar de la CIDH, la administración ha respondido con algunas acciones controversiales: la criminalización de la protesta tomada en Consejo de Defensa y Seguridad y ratificada en sesión de consejo de ministros y gabinete ampliado, para investigar una protesta pacífica efectuada en la sureña ciudad de Choluteca en protesta por una Ley de Justicia Tributaria, en antesala en el Congreso, que aseguran, podría poner en precario más de 200 mil empleos en esa empobrecida región.
La marcha pacífica ha sido considerada por el gobierno y la presidenta Castro como una acción conspirativa que busca desestabilizar su administración; pero algunos sectores reclaman que esa medida no es aplicada a los llamados colectivos de Libre, el partido en el poder, con la toma de instalaciones y enfrentamientos con empleados públicos e incluso la misma autoridad policial.
Otra acción tomada, ha sido prolongar nuevamente hasta el 5 de julio, el estado de excepción parcial que suspende algunas garantías constitucionales, como medida de combate a la criminalidad y extorsión, uno de los talones de Aquiles del actual gobierno.
También, ha decidido pedir secretividad los resultados de la evaluación por gestión de sus ministros, un mecanismo que riñe con la transparencia y rendición de cuentas, además de limitar el acceso a la información de interés público.
Y en esa tensión de cuerdas, el gobierno de Castro rompe relaciones con Taiwán y apuesta su norte a China; se divorcia plenamente de su aliado, el designado presidencial Salvador Nasralla, a quien le cancela la gente de su despacho, le quita la partida presupuestaria y le pide que le envíe un número de cuenta para depositarle su salario, no sin antes, colocar la duda sobre la idoneidad y transparencia del aliado político por el cual hoy está en el poder.
Asimismo, impulsa en el Congreso la aprobación de un convenio en el cual Honduras se adhiere a la Cooperación de Fomento Andino (CAF), por cuya membresía se debe pagar cerca de 11 mil millones de lempiras, y aunque en primera instancia, el acuerdo ha sido aprobado con el mínimo de diputados que establece la norma parlamentaria, su ratificación no se ha podido. La ratificación se encuentra pendiente, y el gobierno aduce que requiere de más fondos externos como mecanismo de contraer nueva deuda para solventar sus problemas.
Se suma a ello, el retorno de los prolongados apagones, en especial en la zona norte del país, pero no hay región que no denuncie diariamente los cortes de energía, que la estatal ENEE atribuye a una falta de mantenimiento por parte de la concesionaria Empresa Energía Honduras (EEH), cuyo contrato se rescinde en los próximos tres meses. Estos apagones están generando fuertes daños a la economía, según los empresarios y los afectados.
Para contrarrestar un poco el déficit de activos positivos que enfrenta, el gobierno ha procedido a que la presidenta Castro se vea más en eventos públicos como entrega de bonos e inauguración de canchas deportivas en el interior del país y en Tegucigalpa. Castro sigue haciendo uso de la estrategia de inicio de gobierno: populismo, polarización y posverdad.
De lado del populismo, mantiene los subsidios a la tarifa de energía a personas que consumen menos de 150 kilowatts, así como un control en los precios de los combustibles, ha anunciado el financiamiento de viviendas sin el pago de primas y bajas tasas de interés, mientras sus funcionarios recorren el país y las zonas más pobres para regalar bonos solidarios, de oro, bronce, tecnológico y de tercera edad, entre otros, siguiendo la política de asistencialismo de los gobiernos anteriores, en especial el de Juan Orlando Hernández, quien masificó este tipo de políticas populistas.
Castro también ha suscrito los términos de referencia para que llegue al país una misión técnica de Naciones Unidas para constatar si es viable o no la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en el país, conocida como CICIH. Esta firma, es apenas un paso, pero no representa la llegada de la misión, que, de acuerdo con el memorando suscrito entre las partes, deberá agotar otras fases antes de su concreción y eso se estima sea a largo tiempo.
Polarización en auge
En las últimas semanas, la presidenta Castro se ha visto forzada a salir un poco más a la vitrina pública y abandonar las redes sociales por donde ha estilado anunciar sus acciones de gobierno. De los eventos policiales y militares a donde acude puntualmente, ahora Xiomara Castro vuelve a caminar entre la gente allá en tierra adentro, donde afianza su discurso de ruptura y confrontación propio de una campaña política electoral.
Pero ha sido el escenario de la polarización y el de la posverdad donde más se ha manejado el gobierno de Xiomara Castro, mucha de ella protagonizada por los funcionarios y sus encendidos discursos de lucha de clases. Ese nivel de polarización ha generado altos grados de conflictividad social, siendo las dependencias de Salud y Educación en donde se han concentrado el mayor tipo de conflictos. Los conflictos por tierras, corrupción, inseguridad, falta de empleo, frágil estado de Derecho, han estado presente a lo largo de la actual administración, unos heredados, otros propios de la coyuntura política.
La polarización se ha instalado en el principal poder del Estado: el Poder Legislativo, con enormes problemas de gobernanza para generar acuerdos al no tener el partido en el poder, Libertad y Refundación, el control del Parlamento.
Actualmente, un proyecto de Ley de Reforma Tributaria ha elevado los niveles más altos de polarización, centrando la iniciativa en una lucha de clases entre ricos y pobres, y no una agenda orientada a buscar las reformas necesarias y aterrizadas que eviten mayor incertidumbre acerca del rumbo del país.
En este escenario de polarización, juega la posverdad acompañada de la desinformación, en parte generada por el sector del gobierno, otra del lado privado y de sectores de interés. Pero ello no atiende las demandas que plantea a sus autoridades la sociedad, relacionadas con salidas a la crisis económica, de servicios básicos, de seguridad, violencia y lucha contra la corrupción.
Los desafíos del gobierno, según el sondeo del ERIC, son enormes, destacando entre los principales seis los siguientes: resolver la crisis económica, cumplir las promesas de campaña, lucha contra la corrupción e impunidad, resolver crisis de violencia, mejorar el sistema educativo y de salud, sin dejar de lado el combate al narcotráfico.
Bajo estos escenarios, y a escasos meses de que inicie con más apogeo el ambiente preelectoral de 2024, anunciado este fin de semana en tuits complementarios escritos por la presidenta Castro y por su esposo Manuel Zelaya, de un lado cuestionando las campañas internas prematuras y a la vez marcando que se aproxima el periodo preelectoral, la administración de Xiomara Castro tiene ante sí el dilema de reenfocar su gobierno y hacer los cambios necesarios, o acelerar las contradicciones políticas y sociales bajo su estrategia de polarización, populismo y posverdad, como hasta ahora. (PD)
