En Honduras, un pacto legislativo y político entre los partidos Libre, Nacional y Liberal permitió la repartición pública y sin pudor de la conducción de instituciones del Estado que procuran justicia, como la Corte Suprema de Justicia, y los próximos responsables de la Fiscalía General.
Por: Fernando Silva, Joan Humberto Suazo, Emy Padilla, Lilian Bonilla y Yony Bustillo
Edición: César Fagoaga
Las elecciones generales de noviembre de 2021 cambiaron una tradición centenaria en Honduras. No solo rompieron 127 años de bipartidismo en la Presidencia; también mostraron sin ningún rubor una práctica que, aunque conocida, se realizaba bajo la mesa: la repartición partidaria de las instituciones públicas.
Un acuerdo que, al priorizar las cuotas partidarias por sobre la idoneidad de los aspirantes, pone en riesgo, de acuerdo a expertos nacionales e internacionales, la independencia judicial hondureña y la prometida guerra contra la corrupción.
Incapaces de controlar por sí mismos el Congreso Nacional, los tres partidos mayoritarios firmaron un pacto para decidir sobre la justicia hondureña: el partido de gobierno junto con los dos principales partidos de oposición dejaron de lado sus diferencias para repartirse la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y afianzar el futuro del Ministerio Público. Fueron poco sutiles: el pacto fue publicado en el diario Poder Popular, el medio de comunicación oficial del Gobierno de Honduras.
El acuerdo cumplió una de las preocupaciones presentadas, previa a la elección, por la Misión Internacional de Observación al Proceso de Selección de la Corte Suprema de Justicia: “El mecanismo constitucional de renovación total de la CSJ sólo está presente en Bolivia, Honduras y Guatemala, y alienta a los partidos presentes en el Congreso Nacional a disputas políticas para el control del máximo tribunal”.
El pasado 17 de febrero, los diputados del Congreso Nacional de Honduras eligieron a los 15 magistrados que conforman el más alto tribunal de justicia del país. Pero no hubo discusiones parlamentarias y la evaluación de los candidatos a magistrados sirvió de poco: tras bambalinas, en las oficinas de los políticos del Partido Nacional (PN), Partido Liberal (PL) y Partido Libertad y Refundación (Libre), los cabildeos se extendieron durante casi un mes con el futuro de la democracia hondureña como principal carta de negociación.
El proceso no fue liderado exclusivamente por los diputados, sino que fueron los viejos cacicazgos quienes sellaron el acuerdo. El nombre del expresidente José Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro y designado como asesor presidencial, se repite una y otra vez como pieza fundamental para cerrar el pacto.
La nómina resultante estuvo compuesta por seis magistrados simpatizantes de Libre, cinco del PN y cuatro del PL. La abogada Rebeca Ráquel Obando, de afiliación oficialista y con ramificaciones familiares que llegan hasta el palacio presidencial, fue electa como presidenta de la Corte. Además, el acuerdo también definió una acción controversial: la designación de seis “magistrados integrantes”, o suplentes, dos por cada partido político.
Ráquel Obando, aficionada a la jardinería y cuyas habilidades -según su postulación como candidata ante la Junta Nominadora del Congreso- son “ser perseverante y responsable”, fue la propuesta de Libre para la presidencia de la Corte, pese a no estar dentro de las mejores evaluadas. Además, tiene una relación familiar con la pareja presidencial, ya que su esposo, José Luis Melara, es tío de Juan Carlos Melara, esposo de Zoé Zelaya, hija mayor de la presidenta.
Milton Jiménez Puerto, otro de los magistrados electos este año, fue canciller durante el gobierno del expresidente Zelaya y también funcionario responsable de la banca y seguros. Luis Fernando Padilla fue abogado defensor de dos diputados del Partido Nacional acusados de falsificar documentos. Ser el peor evaluado de los 22 aspirantes masculinos a la Corte Suprema no le impidió obtener una de las 15 magistraturas para el periodo 2023-2030.
Entrevistas con dirigentes y diputados de los tres principales partidos políticos, con miembros de partidos en contra del pacto, con abogadas y con expertos en derecho permiten perfilar un escenario complicado para la aplicación de la justicia en Honduras. De parte de los firmantes, el acuerdo ha dejado satisfechos a todos los bandos; el partido Libre, a través de sus magistrados, con el mando de las salas de lo Constitucional y de lo Penal; el Partido Liberal, con el poder de nivelar o desnivelar la balanza en momentos cruciales; y el Partido Nacional con la supuesta garantía de evitar una asamblea constituyente y poner un candado para evitar cualquier avance de los derechos reproductivos de las mujeres o el matrimonio igualitario.
Quienes se oponen al acuerdo, entre ellos diputados del Partido Salvador de Honduras, sostienen que el pacto, además de su impacto en la independencia judicial, será clave para entender la gran tarea pendiente de la sociedad hondureña: la lucha anticorrupción, al haberse negociado reformas a la ley del Ministerio Público y reformas constitucionales para la llegada de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICCIH).
Los detalles del acuerdo de tripartito
“No hay consenso”. Esa fue la frase más repetida por los diputados del Congreso Nacional el 25 de enero cuando se realizó el primer intento para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El consenso tardó en llegar hasta el 16 de febrero, 23 días exactos entre los que hubo intensas negociaciones a lo interno y externo de todas las fuerzas políticas en el Congreso; sin embargo, al final, el pastel del poder fue repartido entre los tres partidos mayoritarios.
Según el acuerdo firmado -y publicado el 19 de febrero de 2023 en el medio gubernamental Poder Popular- respondieron al “principio de proporcionalidad al elegir e integrar las instituciones que le corresponde al Congreso Nacional, (…) de acuerdo con el resultado electoral obtenido por cada partido político declarado por el Consejo Nacional Electoral y que integran el Congreso Nacional y respetando la participación en estos actos de las autoridades partidarias”.
En el caso de Libre, el diputado Manuel Rodríguez explicó que en principio los diputados titulares fueron llamados a Casa Presidencial para llegar a un consenso sobre quiénes serían sus candidatos; sin embargo, los congresistas, explicó Rodríguez, decidieron entregar su voluntad a la presidenta Xiomara Castro y, sobre todo, al coordinador del partido y asesor presidencial Manuel Zelaya.
“En una famosa y alta torre de Tegucigalpa (el lugar donde se reunieron), allí tuvieron que ver pesos pesadosque mandan a sus representantes. Estuvieron involucrados Roberto Michelleti (ex presidente del CN implicado en el Golpe de Estado contra Zelaya de 2009), Yani Rosenthal, e incluso Luis Zelaya, que es líder de diputados del Partido Liberal que son afines a Libre”, apuntó Rodríguez.
Rosenthal, presidente del partido Liberal, es un empresario banquero que fue ministro del gobierno de Mel Zelaya y candidato presidencial liberal en 2020. Rosenthal cumplió una condena de tres años en Estados Unidos por hacer negocios con Los Cachiros, uno de los principales grupos de narcotráfico de Honduras.
Rodríguez explicó que Libre accedió a negociar y llegar a acuerdos debido a las divisiones internas del partido a causa del conflicto en el que fue protagonista Jorge Cálix, el diputado más votado de ese instituto y posible candidato presidencial para las próximas elecciones.
Esta versión es respaldada por un dirigente de Libre cercano a la Casa Presidencial, que habló en condición de anonimato, quien asegura que las negociaciones, lideradas por Mel Zelaya, comenzaron después del triunfo de Libre en noviembre de 2021, es decir, más de un año antes de la elección de la Corte Suprema. Zelaya, según este dirigente, fue siempre consciente de la debilidad aritmética y buscó al Partido Nacional para negociar y eventualmente pactar con los liberales.
En enero de 2022, Cálix y un grupo de 20 diputados que le acompañaban fueron expulsados de Libre cuando conformaron una nómina de junta directiva del Congreso completamente diferente a la estipulada por Xiomara Castro y Zelaya, quienes apoyaban a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras, para convertirse en presidente del legislativo, aunque no tenía los votos necesarios en lo interno de la cámara legislativa.
En contraste, en aquel momento Cálix había logrado alcanzar acuerdo con la bancada del Partido Nacional, quienes se comprometieron a brindarle su voto al momento de elegir al titular de ese poder. Esta negociación generó que simpatizantes y dirigentes de Libre, incluyendo a la presidenta Castro, señalaran a Cálix como un traidor y sirviente de los intereses de quien en aquel entonces era el líder absoluto de esa institución política: el expresidente Juan Orlando Hernández, que en abril de 2022 fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas y armas.
Un año después y con la particularidad de que las negociaciones fueron más evidentes, Manuel Zelaya también acordó con los nacionalistas.
Según Rodríguez, aunque los demás partidos obtuvieron su cuota de poder, el partido Libre tiene una ventaja significativa al haber logrado colocar a uno de sus candidatos, el abogado Milton Jiménez Puerto, como representante del Partido Liberal en la Corte Suprema.
Puerto, quien entre 2006 y 2008 fue ministro en el gobierno de Zelaya, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos debido a su comportamiento problemático: renunció como canciller después de liarse a golpes con los policías que lo detuvieron por manejar en estado de ebriedad. Además, en 2022 fungió como abogado de Enrique Flores Lanza, asesor legal de Casa Presidencial y uno de los principales colaboradores de Manuel Zelaya, cuando inició el proceso legal para beneficiarse de la amnistía política que otorgó el Congreso Nacional a exfuncionarios del gobierno depuesto en 2009.
Sobre las negociaciones que se realizaron para lograr imponer a Milton Jiménez como candidato del Partido Liberal, el diputado liberal Marlon Lara asegura que fue el expresidente Zelaya quien en primer lugar vetó a otro candidato que tenían los liberales y luego controló parte de las decisiones dentro del Partido Liberal.
El Partido Liberal, según Lara, tenía una planilla precalificada de 15 magistrados que salían de la nómina final de 45 notarios que llegaron al Congreso Nacional; sin embargo, finalmente no hubo consensos con los otros partidos por lo que se seleccionaron únicamente a cuatro candidatos.
“Al realizarse las negociaciones en el Partido Liberal hubo intromisión, yo lo denuncié en su momento, del expresidente Zelaya, coordinador de Libre, (quien) vetó a uno de nuestros candidatos a magistrados, entonces yo propuse que el Partido Liberal vetara alguno de Libre también porque se miró como una intromisión de él”, y añadió que, en protesta por esa injerencia, votó en contra de la nómina final de magistrados que se eligió en el hemiciclo legislativo.
Lara considera que en Honduras la intervención política en todo lo que tiene que ver con los poderes del Estado siempre ha existido, pero lo importante es que las personas que asumen los puestos no actúen en función del sectarismo político, sino que en función de los intereses del país.
A pesar de que el pacto se logró, otros dirigentes políticos de Libre como Gilberto Ríos apuntaron que ese partido merecía una mayor cantidad de magistrados y aseguró que los magistrados propuestos por Libre e incluso la mayoría de los nacionalistas “son personas capaces y honestas”.
Ríos también puntualizó que sería un error esperar una Corte apolítica donde los magistrados no tengan un color partidario, ya que esta instancia es electa por el Congreso. Para ser magistrado de la Corte se requiere ser abogado y notario, mayor de 35 años y con experiencia de diez años. No hay ningún requisito sobre la independencia partidaria, pese a las solicitudes de organismos internacionales y las recomendaciones de la misma Junta Nominadora del Congreso.
“Es imperioso reformar el procedimiento especial para juzgar a altos funcionarios del Estado en el ámbito penal, a fin de que sea un tribunal de ámbito de corrupción el que emitía las correspondientes resoluciones, para evitar los conflictos interés que puedan surgir del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, apuntó en un comunicado de recomendaciones finales la Junta Nominadora a finales de enero de 2023.
La negociación partidaria demostró ser mucho más que la elección de los magistrados de la Corte, y entraron en juego intereses que serán determinantes para el futuro de la institucionalidad y democracia en Honduras, como la elección del fiscal general y adjunto, y la eventual llegada de una comisión internacional contra la corrupción.
Ese último punto ha sido objeto de preocupación para observadores internacionales. La Misión Internacional de Observación al Proceso de Selección de la Corte Suprema de Justicia, integrada por juristas como el peruano Juan Jiménez Mayor -exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, la extinta MACCIH-, señaló en un informe de finales de 2022 la necesidad de tener una Corte independiente. “La independencia judicial es fundamental para la instalación de una CICCIH (comisión internacional contra la corrupción), pues solo una CSJ sometida a la Constitución y la Ley y alejada de directrices políticas, puede garantizar una lucha contra la corrupción y confianza al concierto internacional para este objetivo nacional requerido por la población”, sostuvo la misión.
¿Los mejores evaluados?
Ana Pineda, abogada y notaria que fue candidata a magistrada en este proceso, dijo que es conocido que en la elección de altos funcionarios del Estado priman los intereses políticos partidarios y que se ha normalizado a pesar de que esa práctica atenta contra el Estado de Derecho y principio de separación de poderes.
“En esta elección de la Corte Suprema de Justicia, la repartición a ultranza del Poder Judicial, por cuotas políticas, fue más descarada, de tal forma que evidenció que la justicia se ha partidizado, generando más deslegitimación y desconfianza en ese Poder del Estado, principalmente afectando a las y los justiciables”, explicó Pineda.
La abogada, la mejor evaluada del listado de 45 aspirantes y apoyada principalmente por la bancada del Partido Salvador de Honduras, consideró que el hecho de que no se la haya electo “solo exhibió a Honduras y a su clase política, que antepone sus intereses políticos a los intereses generales del pueblo. No es la impartición independiente, objetiva e imparcial de la justicia la que se buscaba, sino lo contrario, el sometimiento de sus miembros a la actual clase política”.
La Junta Nominadora calificó las candidaturas basada en una matriz de evaluación donde se tomaron en cuenta tres grandes áreas: integridad personal y profesional; ética profesional; e idoneidad y capacidad técnica.
“La reforma estableció estándares de evaluación, incorporó mayor transparencia, participación de la sociedad civil y la paridad de género en la conformación del tribunal”, explicó César Muñoz, director para las Américas de Human Rights Watch.
“Sin embargo, no hay duda de que al llegar la lista de candidatos al Congreso los partidos políticos, como ya ha sucedido en el pasado, se repartieron las vacantes entre ellos. Esto es muy problemático dado que coloca en cuestión la independencia de esos magistrados para aplicar la ley de forma imparcial y no en base a cualquier fidelidad al partido político que promovió su designación”, agregó Muñoz.
La Junta Nominadora entregó al Congreso Nacional un listado de 45 nombres: 23 mujeres y 22 hombres. La abogada Pineda fue la mejor evaluada de todos y no fue considerada para llegar a la Corte Suprema. De los siete hombres que integraron la lista final solo uno, Roy Pineda Castro, estuvo dentro de los mejores cinco calificados. La mayor parte de los seleccionados ocuparon los últimos lugares de la evaluación: Mario Donaldo Acosta (17), Walter Miranda Sabio (19), Wagner Vallecillo Paredes (20) y Luis Fernando Padilla (22).
Luis León, exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), apuntó que con este proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las negociaciones que se realizaron, Honduras pasó oficialmente de un bipartidismo a un tripartidismo con Manuel Zelaya como quien predomina en la nominación de las personas de todos los partidos.
“Aún hay un margen de espera para ver si la corte puede actuar de forma independiente”, dijo León.
En las últimas semanas algunas decisiones de los magistrados de la Corte han dado una pauta de la ruta que seguirán y hacia dónde se inclinaría la balanza. Por ejemplo, el pasado 26 de junio, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Fernando Padilla, anunció la no admisión de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía Política, “por falta de legitimidad”.
“El 2 de febrero [de 2022], el Congreso Nacional aprobó una Ley de Amnistía retroactiva que absuelve de crímenes a funcionarios públicos que trabajaron en la administración Zelaya (2006-2009). Hasta octubre (de 2022), al menos 24 abogados defensores usaron esta ley para desestimar casos de corrupción”, señaló sobre esa amnistía un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre prácticas en materia de derechos humanos.
Las implicaciones del acuerdo
En la noche del 17 de febrero, momentos previos a la votación decisiva para seleccionar a los 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, cada líder de bancada tomó la palabra en el hemiciclo. La mayoría de ellos elogiaron el proceso y se dieron palmadas en la espalda por la consecución del consenso entre las diferentes bancadas. El discurso del jefe de la bancada nacionalista Tomas Zambrano dejó entrever, sin embargo, cuáles eran las prioridades de esa institución en las negociaciones.
“Misión cumplida por el Partido Nacional. Hoy puedo decir que ustedes no tienen una Corte a la medida de Libre ni a la medida de Mel (Zelaya). Yo sé que ustedes son agenda proaborto, hoy les digo que ya no tienen oportunidad para legalizar el aborto en la Corte porque no tienen mayoría”, apuntó efusivamente Zambrano, y agregó que gracias a estos acuerdos tampoco se podría acceder al matrimonio igualitario en Honduras.
Además, Zambrano dijo que esperan que los magistrados electos por el Partido Liberal no sean parte de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que tiene como promesa el actual gobierno, o “querer instalar ideologías que no comparten la mayoría de los hondureños”.
El reparto de la Corte no debería de verse como un equilibrio entre las fuerzas políticas, apuntan los expertos internacionales. “En principio podría parecer que es una corte ‘equilibrada’ en el sentido que, al repartirse las magistraturas, ningún partido logra un absoluto control de la Corte”, opinó la abogada Ursula Indacochea, experta en independencia judicial y directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
“Pero esa visión esconde el verdadero problema. Si la independencia de los jueces en su definición más básica es una garantía de que resolverán los conflictos sujetándose sólo al derecho; entonces una Corte políticamente repartida tiene un riesgo muy alto de no ser independiente. Porque claramente los partidos pueden llegar a acuerdos políticos al margen de la ley (por ejemplo, impunidad para actos de corrupción) que luego se trasladen a la corte”, agregó Indacochea.
El acuerdo firmado por los jefes de bancada de los tres partidos establecía una serie de puntos entre los que destacan reformas a la ley del Ministerio Público. Con la elección de un nuevo fiscal general y adjunto no queda claro en el documento si la idea es también repartir el poder del principal ente acusador del Estado entre las tres instituciones.
Para la abogada Ana Pineda es bastante claro que esa es la intención.
“Sí creo que conforme a esta práctica (la de elegir según criterios partidarios) se harán otros nombramientos, como el del fiscal general y fiscal general adjunto, y se potenciará el mérito político partidario antes que la trayectoria, integridad y la capacidad. Ojalá por el bien de Honduras pudiera estar equivocada”, concluyó Pineda.
Además, destacó la preocupación de que la clase política haya enviado un mensaje contundente para futuros procesos de selección de autoridades de segundo grado en el Congreso Nacional. Según su perspectiva, la calificación obtenida en el proceso de selección y nominación parece no tener ningún valor, por lo que no vale la pena la participación en dichos procesos. Concluyó enfatizando que las autoridades electas en estas condiciones, al depender de patrocinadores y favores políticos, pierden la independencia fundamental para ejercer sus cargos.
Por su parte la abogada Ana María Calderón, exvocera de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), aseguró en una entrevista con Contracorriente que ella tiene la esperanza de que el nuevo fiscal general no sea elegido según preferencias políticas partidarias, y lleve las reformas que necesita la institucionalidad del Ministerio Público.
“El fiscal general es la figura esencial para un Ministerio Público autónomo, independiente, entonces se requiere que este proceso de selección pueda ser lo más transparente posible y se seleccione a la persona que realmente reúna las capacidades académicas, que no tenga vínculo político. Además, es esencial que no se trate de cuotas, como he podido ver en la elección de los jueces de la Corte Suprema”, apuntó Calderón.
El fiscal Luis Javier Santos, de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), y ahora postulante a ocupar el cargo de fiscal general de la República, aseguró que es lamentable que, según la información que le ha llegado, dentro de las negociaciones se encuentra darle a algún partido la dirección de Fiscalía que es clave para que el próximo fiscal general logre concretar las reformas.
“Políticos que no conocen la estructura del Ministerio Público pueden llegar a negociar eso y desconocer que el trabajo en la Dirección del Fiscalía debería estar dirigida por un fiscal y por un fiscal que conozca toda la estructura del Ministerio Público, pero aparte de eso la política del nuevo director de fiscales debe ir concordancia con el fiscal general para poder generar los cambios necesarios en la institucionalidad”, apuntó Santos.
Santos añadió que con estas negociaciones es posible que nos enfrentemos a un escenario similar a la elección de los magistrados de la CSJ, y advirtió que si eso pasa “las organizaciones que se involucren van a ser utilizadas solamente para validar el proceso y los que participen”.
El pasado lunes 15 de mayo, en entrevistas con medios locales, el abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), denunció que se le estaba excluyendo del proceso de selección del representante de esa institución ante la junta nominadora que llevará a los candidatos finales al Congreso Nacional.
Canales denunció que ya existían tres candidatos respaldados políticamente para ocupar el puesto máximo en el Ministerio Público y que el proceso interno en el colegio estaba siendo manipulado por Yani Rosenthal, excandidato presidencial y presidente del Consejo Ejecutivo del Partido Liberal.
Para Joaquín Mejía, abogado e investigador de Derechos Humanos en Honduras, aunque se dio a conocer que hubo una negociación y se expuso el documento de acuerdos que firmaron, la operación y los pactos acordados siguen siendo secretos porque no sabemos “exactamente qué negociaron”.
“Sabemos claramente que los dueños de los partidos políticos se sentaron a negociar y luego lanzaron las líneas a los diputados y diputadas en el Congreso, pero no sabemos qué más negociaron, creo que lo primero que se debería hacer es informar de manera transparente qué fue lo que se negoció. Pero sabemos que eso no es así porque al final los partidos políticos se han convertido en corporaciones privadas que tienen sus dueños y sabemos perfectamente bien quiénes son los dueños de los partidos”, apuntó Mejía.
Los pasos en el aire para la lucha contra la corrupción
La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia incluyó a los abogados Roy Pineda Castro y Gaudy Bustillo, quienes eran magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por lo que el Congreso Nacional tenía que elegir a nuevos funcionarios en esas instituciones. Hasta el momento, tres meses después de la elección, aún no se ha realizado la sustitución.
Ambas instituciones se encuentran paralizadas ante la falta de elección de los nuevos magistrados, sobre todo el TSC al ser un órgano colegiado operativamente se encuentra sin poder dar trámite a los expedientes y sin poder remitir casos ante el Ministerio Público de ser necesario. La mayor fuerza operativa para la fiscalización del buen uso de los recursos del Estado se encuentra fuera de servicio a causa de la inacción del Congreso Nacional.
Según el abogado Raúl Pineda, en una entrevista que brindó a Criterio.hn, el Tribunal es un órgano colegiado y no pueden actuar uno o dos de los magistrados, pues las votaciones se hacen por mayoría calificada o unanimidad de los tres magistrados.
Pineda expuso que el problema inmediato es que no hay control o fiscalización, ni lucha contra la corrupción, asimismo calificó como un acto de irresponsabilidad que en este momento no se haya realizado el nombramiento. Sin embargo, dijo entender que este nombramiento va a estar en función de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, y que “parte de la repartición de cuotas de poder va a ser posicionar precisamente la magistratura del tercer miembro del TSC”.
“Entonces van a armar una especie de paquete para la negociación que los deje contentos a todos. Aquí el tema es de repartición de poder, no de generar una labor de contraloría preventiva o de investigación científica para que el dinero del pueblo no siga siendo mal manejado”, puntualizó.
Sobre la lucha contra la corrupción y las negociaciones que se realizaron y desembocaron en la firma del acuerdo para integrar a la Corte Suprema, quizá el punto más importante es el número 6 que incluye la discusión del proyecto de reforma constitucional para la implementación de la CICCIH, el cual detalla incluirá “recomendaciones de todas las bancadas”.
“Se acuerda discutir en primera legislatura el proyecto de decreto de reforma constitucional para la implementación de la CICCIH para el combate de la corrupción de alto impacto cometida en todos los gobiernos”, reza el punto 6 del acuerdo político.
El Gobierno de Xiomara Castro anunció como una de sus promesas principales la instalación de esta comisión internacional; sin embargo, con el pasar del tiempo las señales de avance para concretar su llegada han sido a cuenta gotas, por lo que queda la posibilidad de que sea una carta que puede seguir siendo utilizada para la negociación entre los partidos políticos: la del fiscal general y fiscal adjunto.
Este reportaje se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica.
