Tegucigalpa – La fuga de un reo en el centro penitenciario como La Tolva en el municipio de Morocelí, El Paraíso, oriente de Honduras, la noche del pasado domingo 24 de noviembre, pone nuevamente bajo la lupa las debilidades por las que atraviesa el sistema penitenciario del país donde hace apenas un mes también, en esa misma cárcel fue asesinado un recluso.
La Tolva es considerada una de las cárceles de máxima seguridad. Y es que el pasado 25 de octubre al interior del recinto fue asesinado con arma de fuego, Marco Tulio Amador, además otra persona identificada como Carlos Alberto Acevedo Paz, resultó gravemente herida.
La noche del día siguiente, en Ilama Santa Bárbara, Santa Bárbara en El Poso, fue acribillado por seis reos Magdaleno Meza Fúnez, que salió a relucir en el juicio al exdiputado Juan Antonio Hernández en New York.
Pero 11 días después, en ese mismo centro penitenciario, otro reo, identificado como Joel Antonio Galo Martínez, fue encontrado muerto en su celda, con indicios de asfixia, información, que fue confirmada horas después por autoridades penitenciarias.
Eber Danexi Ávila Soto
Incluso el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) Hugo Maldonado, advirtió que en una visita realizada a un centro penitenciario, los reos le indicaron que sospechan que se estaría planificando una nueva muerte a lo interno de un centro penal del país, porque intencionalmente se estaría proporcionando encuentros entre pandillas rivales.
Castigar duramente la complicidad
Gonzalo SánchezDesde el punto de vista del criminólogo, Gonzalo Sánchez, ese tipo de situaciones se dan en todas partes del mundo, sin embargo el reto de las autoridades, es tratar de buscar los mecanismos para que no se sigan dando estos acontecimientos, que son poco convenientes para un país como Honduras.
“Aunque sean cárceles consideradas de máxima seguridad, no significa que sean infalibles, porque los criminales siempre se las ingenian para ingresar armas, drogas o concretizar fugas, pero ese tipo de ilícitos solo puede darse con la complicidad del personal que labora en los centros penitenciarios”, sostiene el experto en seguridad.
Pero agrega que “debe haber un mejor control, hay estrategias como las pruebas de confianza que no están funcionado porque los reos no burlan los mecanismos de seguridad, sino más bien encuentran cómplices de sus guardias. Mi recomendación es que hagan una nueva evaluación al personal y que acciones como estas no queden en el olvido para que no vuelvan a darse”.
Finalmente Sánchez, cree que “no precisamente puede hablarse de una crisis penitenciaria, son hechos aislados y de alguna manera se puede controlar con un poco más atención, pero tampoco hay que descuidarlos, hay que mejorar la idoneidad del personal”.
Nueva fuga
German McNielY es que la noche del domingo, el privado de libertad, identificado como Eber Danexi Ávila Soto (40), integrante de la banda “Los Chirizos”, se fugó del centro penitenciario en un contenedor de basura, según manifestó el subinspector del Instituto Nacional Penitenciario (INP) German McNiel.
Además se informó que por esa fuga, tres agentes fueron capturados “por supuesta complicidad”, al tiempo que considera que su labor como funcionario penitenciario “la ha tratado de desarrollar de la mejor manera y que fugas, amotinamientos, muertes entre otros ilícitos son situaciones que se dan en todas las cárceles del mundo”.
Sin embargo, la información se manejó con escepticismo, ya que ningún funcionario del Instituto Penitenciario, salió al paso para desmentir o explicar las acciones que se habrían dado en lo que sería una nueva fuga, que trascendió de manera extraoficial y con muy limitada información.
En tal sentido el comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), coronel Herman Velásquez, calificó la fuga “como una acción de película”, al tiempo que confirmó que el privado de libertad logró evadir tres anillos de seguridad, pero que dicha hazaña solo se pudo lograr con la complicidad de los custodios penitenciarios.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta
“Ellos siempre buscarán la forma de escaparse, y para que no suceda más, debemos apelar a la conciencia y honestidad de los agentes penitenciarios, entendemos que en muchas veces son seducidos por el dinero y en eso es lo que estamos trabajando”, agregó el militar.
En un comunicado, el INP informó que tres agentes penitenciarios fueron requeridos y puestos a la orden de la Policía Nacional para efectos de investigación por la fuga de un privado de libertad, sin embargo no dio mayores detalles ni la identidad de los oficiales que habrían sido los cómplices de Ávila Soto.
Descongestionamiento
Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, los centros penitenciarios “están sobrepoblados y es necesario un descongestionamiento”, por lo que considera que esa posibilidad puede darse con la aplicación de la conmuta de la libertad condicional, entre otros que tiene que ver con pre liberación; de reos con alguna discapacidad o por delitos de carácter mínimo.
Argueta sostiene que está muy comprometido con este tema, desde las facultades que confiere el Poder Judicial, por lo que apuesta para que “pueda haber un gran proceso de descongestionamiento del sistema carcelario, ya que se calcula que unas 4 mil personas podrían salir en virtud del indulto, lo anterior, si el presidente Juan Orlando Hernández, así lo decide cuando se le presente la propuesta”.
Según datos del Instituto Nacional, la población penitenciaria asciende a más de 21 mil 700 privados de libertad, en los 13 centros penitenciarios de Honduras. Solo en la Cárcel de Támara hay más de 6 mil reos, en Ilama mil 592 y en Morocelí mil 545 privados de libertad.
La Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP), ha reportado la detención de más de 70 personas este año por tratar de introducir drogas, teléfonos celulares, bebidas alcohólicas, entre otros artículos de uso prohibido en los centros penitenciarios.
Recientemente también en estos dos centros penales, han sido detenidos 23 agentes penitenciarios, 18 en El Pozo por querer introducir 248 millones de lempiras y cinco en La Tolva por poseer granadas de fragmentación.
