El fracaso lo marca el rechazo de las querellas por parte de los tribunales de sentencia ante los cuales fueron promovidos por un grupo de abogados en representación del gerente de la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri, dijeron diversas fuentes consultadas sobre el tema.
Chimirri querelló la semana anterior a los periodistas Renato Álvarez y Rossana Guevara del noticiero TN5; Melissa Amaya y Juan Carlos Fúnez, de Radio Cadena Voces (RCV); Carlos Mauricio Flores de Diario El Heraldo, y Nelson García del diario La Prensa, por el delito de difamación constitutiva de calumnias e injurias.
El funcionario se molestó porque los periodistas reprodujeron en sus medios un informe sobre supuestos actos de corrupción elaborado por una fundación estadounidense, publicado en el diario El Universal de México.
La Sala Cuarta de los tribunales de sentencia integrada por las abogadas Joselin Donaire, Rosa Aminda Velásquez y Julissa Aguilar rechazó el miércoles las querellas contra Álvarez y Guevara “por improcedentes”.
El jueves hicieron lo propio las salas ante las cuales se presentaron las querellas contra el resto de comunicadores sociales.
Según fuentes judiciales, los tribunales rechazaron las querellas “en virtud de que notoriamente la acción u omisión no es constitutiva de delito por carecer de relevancia o trascendencia penal”.
Asimismo en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de un periodista costarricense que fue condenado por los tribunales de su país por reproducir informaciones publicadas en un país europeo.
La CIDH estableció que con la decisión de los tribunales costarricenses “el estado provoca un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, acallando la emisión de información sobre asuntos de interés público que involucran a funcionarios públicos”.
Esa sentencia dice que “el Estado debe abstenerse de censurar la información de actos de interés público llevados a cabo por funcionarios públicos o por particulares involucrados involuntariamente en asuntos públicos dado que estos deben mostrar mayor tolerancia a las críticas lo cual implica una protección de la privacidad y la reputación diferente que la que se otorga a un particular”.
“Esta es una decisión fundamentada en derecho y en la legalidad al reconocer el tribunal que la querella carecía de fundamento en cuanto a la tipificación del delito”, dijo a Proceso Digital la especialista en Derecho a la Información y Libertad de Expresión, la periodista hondureña Thelma Mejía.
Consideró que este “es un triunfo para la libertad de expresión, que en Honduras se ha vuelto en la última década un derecho por el cual hay que pelear a diario ante aquellos que amparados en la impunidad y el poder pretenden silenciar la prensa bajo discursos ambiguos de transparencia e integridad”.
Mejía dijo que una lección positiva que todo este proceso deja fue la respuesta ciudadana de respaldo a la prensa independiente, así como los pronunciamientos oportunos del Congreso Nacional y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que con su posición jurídica sobre el caso ilustró sin duda la decisión que tomó la Corte al desestimar las querellas”.
En opinión de la periodista, lo que está pendiente es impulsar las reformas para despenalizar los delitos contra el honor, evitando que los periodistas vayan a la cárcel por cumplir con su labor informativa. Si procede una calumnia o injuria esta debe resolverse en el ámbito de lo civil y no de lo penal porque los periodistas no podemos ser impunes si se cometen irregularidades”, comentó.
En los últimos cinco años más de una veintena de periodistas han sido querellados y otros enjuiciados por denunciar hechos relacionados con la corrupción y el crimen organizado, dos figuras que están haciendo del ejercicio periodístico un trabajo de alto riesgo.
En lo que va de 2007, los meses más álgidos en contra de la libertad de expresión fueron los meses de mayo, agosto y septiembre, no solo por el incremento de querellas, sino por los enfrentamientos del presidente, Manuel Zelaya, con la medios de prensa locales al grado de insinuar el cierre de algunos de ellos por mantener posiciones críticas frente a su administración.
