Tegucigalpa – El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), mediante un amplio comunicado hizo un llamado urgente a gobiernos, organismos internacionales y bilaterales de cooperación y financiamiento para evitar que el alto grado de corrupción e impunidad existente aumente el sufrimiento de la mayoría de la sociedad.
En tal sentido, exigen que de cualquier fuente financiera o de cooperación cuyos recursos hayan capitalizado el fondo multimillonario asignado por el Congreso Nacional, a Inversión Estratégica Honduras, para que investigue y audite, con rigor e imparcialidad, los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios destinados presuntamente a enfrentar la emergencia sanitaria, en particular la compra de siete hospitales móviles.
Asimismo, demandan esclarecer el uso bajo condiciones de “excepcionalidad” de millones de lempiras destinados para financiar insumos hospitalarios, productos de bioseguridad y programas asistencialistas para los sectores más pobres, creados supuestamente para minimizar el impacto económico y social de las medidas sanitarias ejecutadas por el gobierno central y municipalidades.
Y es que según el Fosdeh, no existe transparencia, ni rendición de cuentas por parte de los organismos del Estado, y asegura que la sociedad ni siquiera conoce la procedencia de más de 47 millones de dólares autorizados a Invest-H para sus operaciones; pese al reclamo público nadie revela cuanto proviene de fondos nacionales y cuanto de externos.
Además el escrito añade que el nivel de ilegalidad y corrupción es tan ofensivo que el arribo de la mayoría de los hospitales móviles pagados sigue pendiente, así como es notorio el retraso en la construcción de las instalaciones adecuadas para los mismos.
Para el Fosdeh “es inmoral revictimizar al pueblo hondureño con el pago de una onerosa deuda que no le ha traído mayores beneficios. Es tiempo ya de precisar la corresponsabilidad de todos los involucrados, sin excepción alguna”.
En tal sentido, también demandan el fortalecimiento de los mecanismos formales de las organizaciones ciudadanas, rurales y urbanas, para vigilar las compras gubernamentales, y ampliar su participación en una toma de decisiones transparente, honesta y verificable”.
