Nueva York – La Fiscalía de la corte federal para el Distrito Este de EEUU consiguió recuperar grabaciones de audio sobre el «interrogatorio y la tortura» al agente especial de la DEA Enrique «Kiki» Camarena -asesinado en 1985- y las utilizará como «pruebas sensibles» en el caso contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero.
«Hemos revisado registros en los que quedó grabada la manera de proceder (de Caro Quintero), fotografías, autopsias, el tráfico de marihuana, cocaína y fentanilo… También tenemos grabaciones de audio con el interrogatorio y tortura hace cuarenta años a Enrique Camarena», informó hoy la fiscal Saritha Komatireddy.
A Caro Quintero, cofundador del extinto Cartel de Guadalajara y luego cabecilla del Cartel de Sinaloa, se le acusa de dirigir una empresa criminal; conspiración para asesinato -incluyendo el secuestro, la tortura y el homicidio de «Kiki» Camarena en 1985-; más dos cargos de conspiración para la distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.
El juez Frederic Block, encargado de la causa por la que Caro Quintero permanece detenido en Nueva York desde febrero, fijó para el próximo 18 de septiembre a las 11:00 de la mañana la nueva audiencia en la que el conocido como «Narco de narcos» regresará el tribunal y conocerá los nuevos avances de la Fiscalía para pedir o no que sea susceptible de aplicársele la pena de muerte.
Fiscalía pide «más tiempo» para decidir pena de muerte
Tras un conflicto de intereses con su otrora abogado, Michael Vitaliano, el equipo legal de Rafael Caro Quintero está compuesto ahora por el letrado Mark DeMarco y Elizabeth Macedonio, esta última elegida como representante especial para defender al capo de la posible pena de muerte.
A finales de marzo, el juez Bloc fijó un plazo de 90 días para que la Fiscalía aclarara si pensaba pedir la pena capital para Caro Quintero, a quien definieron entonces como «malvado asesino».
Hoy comunicaron que es una posibilidad que «sigue sobre la mesa» pero que el Departamento de Justicia necesita «más tiempo» para hacer progresos al respecto.
Este caso fue declarado meses atrás como «complejo» y, considerando la particularidad del expediente, el juez Bloc aceptó la petición de la Fiscalía y eligió la citada fecha en septiembre para regresar a la corte.
«Es un caso particularmente difícil, ocurrió también hace cuarenta años y en otro país. Estoy revisando la jurisdicción de otros estados (de EEUU) para proceder. Necesitamos más tiempo», coincidió la abogada Elizabeth Macedonio tras ser preguntada por el magistrado acerca de su posición al respecto.
La abogada defensora aseguró que ya han dado las facilidades a la Fiscalía para que les hagan llegar las «pruebas sensibles» con las que dice contar ahora el Ministerio Público, pero también requirió que estas no se hagan públicas por lo delicado del caso.
Derecho a llamadas telefónicas
Asimismo, Macedonio solicitó al juez que permita a su defendido tener acceso a llamadas y comunicaciones con sus familiares, un privilegio con el que no ha contado hasta ahora. Esta petición será estudiada en las próximas semanas, según el juez.
Caro Quintero, quien lució con pelo cano corto, uniforme de presidiario y sin problemas visibles de salud, estuvo acompañado hoy en el tribunal por su sobrino Ismael Arellanes, alias ‘Mayel’.
Este era el encargado de brindar seguridad y protección a su tío, y fue capturado durante un operativo en Culiacán (Sinaloa) en 2020 y luego entregado a autoridades estadounidenses en 2023.
La situación de ‘Mayel’ no se discutió en ningún momento durante la sesión de hoy, pero también volverá a la corte federal de Brooklyn el próximo 18 de septiembre junto a su tío.
Lejos del centenar de miembros de la DEA que se personaron en la primera audiencia de RCQ en febrero, la sala tenía hoy apenas una decena de agentes de este cuerpo, una veintena de personas en las bancas del público -ciudadanos y personal de la corte- y otra decena de periodistas.
Caro Quintero fue enviado de México a EEUU junto a otros 28 cabecillas de distintos carteles mexicanos en febrero, en medio de intensas presiones de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump a su vecino del sur para que intensificara su lucha contra el narcotráfico o enfrentaría aranceles de hasta el 25 %. JS
