Tegucigalpa – La extradición por casos de corrupción y la inmunidad para diplomáticos generan controversia al interior de la comisión legislativa multipartidaria encargada de dictaminar el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), suscrito en enero pasado entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA).
-El convenio establece lacreación de unidades élite para combatir la corrupción e impunidad y acelerar extradiciones e incautación de bienes provenientes de la corrupción, entre otros.
–La Misión contempla la llegada al país de expertos en delitos financieros a fin de investigar y castigar delitos como el lavado de activos provenientes del narcotráfico y el crimen organizado.
El convenio de la MACCIH debe ser aprobado por el Congreso Nacional esta semana, en vista que los miembros internacionales de la misión anunciaron su retorno a Honduras para este próximo mes de abril, cuando deberían comenzar el trabajo para combatir la corrupción y la impunidad que prevalece en el país centroamericano.
Puntos polémicos
Sin embargo, apenas días antes de que iniciara la Semana Santa, el presidente de la comisión multipartidaria José Oswaldo Ramos Soto, proporcionó a los demás miembros de la comisión el convenio, junto con el anexo uno del mismo, para que los diputados lo estudiaran y el martes próximo presenten sus opiniones y observaciones respecto al acuerdo de la MACCIH, a fin de elaborar el dictamen lo más pronto posible para someterlo al pleno de la Cámara Legislativa donde parece haber buen ambiente para ratificarlo.
La diputada pinuista Doris Gutiérrez, miembro de la comisión multipartidaria, indicó a Proceso Digital que solamente han sostenido una reunión donde se entregaron los dos documentos, el convenio oficial y el anexo uno y esta semana se convocó a una reunión el próximo martes porque el acuerdo de la MACCIH debe ser aprobado antes del 1 de abril.
“Yo he hecho un análisis exhaustivo de los documentos que nos dieron y se observa con claridad que se esperan 12 resultados después de cuatro año que la MACCIH va a estar en el país”, señaló la parlamentaria pinuista.
Agregó que la misión va a trabajar en cuatro ejes donde el más importante es la prevención y combate a la corrupción, donde realmente se espera que puedan identificar a los responsables de los delitos más graves relacionados con la corrupción y que se puedan deducir responsabilidades a las personas culpables.
Refirió que en el convenio hay dos puntos que son polémicos, uno que se refiere al tema de la extradición activa y pasiva por corrupción y en la Constitución de la República se plantean los casos en que se debe aplicar la expatriación y que incluyen el narcotráfico y lavado de activos, terrorismo y crimen organizado.
Sin embargo, desde el punto de vista de Gutiérrez no es inconstitucional que se puedan extraditar hondureños por casos de corrupción, ya que la misma Carta Magna plantea que no puede haber extradición solamente en delitos de tipo político y delitos comunes conexos.
“Para nosotros ahí se abre una puerta porque seguramente hay algunos sectores que digan que es inconstitucional por ese asunto”, acotó.
Precisó que el otro punto que podría considerarse inconstitucional, es que la MACCIH plantea la inmunidad, pero más que todo para los funcionarios internacionales, ya que en el país se eliminó la inmunidad en el Congreso Nacional que presidió el ahora exmandatario Porfirio Lobo Sosa.
No obstante, Honduras ha suscrito una serie de acuerdos y tratados internacionales y no puede estar en contra de que le dé inmunidad a los funcionarios de la OEA, por ejemplo ya que ellos gozan de ese privilegio.
En ese sentido, considera que esos dos puntos serán bastante discutidos y por eso, este lunes se reunirá la comisión política del Partido Innovación Nacional y Unidad (Pinu), donde ella presentará un informe del análisis que hizo durante la Semana Santa, aunque adelantó que la posición de esa institución política será el de votar por el convenio tal como está establecido.
Reiteró que su análisis es que la corrupción no puede calificarse dentro de los delitos comunes conexos que la Constitución no permite para extradición.
Considera que es necesaria la extradición de nacionales a los países que los acusan porque aquí en Honduras no se les castiga. El presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, aseguró que después de las vacaciones de Semana Santa el convenio se va a ratificar y afirmó que hay consenso en todas las bancadas.
Posible reforma constitucional
Sin embargo, en comunicación telefónica con Proceso Digital, la diputada liberal Waldina Paz, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Regional y que también integra la comisión multipartidaria, manifestó que hay un debate respecto a la extradición por casos de corrupción ya que hay quienes consideran que para incluirla en el convenio se tendría que hacer una reforma constitucional que requiere del voto favorable de mayoría calificada de 86 votos favorables.
Confirmó que el documento les fue entregado antes de la Semana Santa y el presidente de la comisión multipartidaria especial, Oswaldo Ramos Soto, los ha convocado para reunirse este martes, a fin de que expongan sus análisis y observaciones sobre el convenio.
No obstante, la diputada Paz refirió que el Congreso Nacional solamente puede ratificar o improbar el convenio, ya que el mismo fue suscrito por el presidente Juan Orlando Hernández con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Aclaró que solamente puede someterse a algo diferente, se tiene que aprobar una reforma constitucional y si eso fuera así tendría que presentarse ante el pleno y aprobarse por mayoría calificada para que quede vigente y sin problema en el convenio.
Destacó que la Ley de Extradición es clara al señalar que solamente se pueden expatriar connacionales en casos de narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y crimen organizado, pero no se establece la corrupción como causal para la extradición y de lo contrario tendría que aprobarse una reforma constitucional.
Paz indicó que a más tardar el próximo miércoles se tomará la decisión al seno de la comisión acerca si el convenio se somete al pleno tal y como está si no violenta ningún precepto de la Constitución.
“Estamos listos para eso, yo hablo por mí, a todos nos fue entregado el documento, lo he estado estudiando, hice consultas con algunos amigos abogados, vi algunas cuestiones de la Constitución, pero estoy pidiendo opiniones porque uno no es todólogo en esto y si yo voy a estampar mi firma en algo, quiero por lo menos tener la conciencia de haberlo hecho”, apuntó.
Semana crucial
Esta semana es crucial en el Congreso Nacional para la ratificación del convenio, algunas fuentes de ese poder del Estado afirman que el acuerdo de la MACCIH será aprobado, aunque preocupa una eventual reforma constitucional, ya que el Poder Legislativo no puede hacer reformas a un convenio, lo que le correspondería al gobierno y la OEA acomodar ese punto.
El titular del Congreso Nacional aseveró que hay una voluntad política de parte de todas las bancadas representadas en la Cámara Legislativa, para aprobar ese convenio.
Indicó que el presidente de la comisión multipartidaria, Ramos Soto, informó que ya tienen todos los documentos del convenio y esta semana se van a sentar a elaborar el dictamen antes de introducirlo a la Cámara Legislativa.
Estimó que en ese sentido, en esta última semana de marzo o a principios de abril, se podrá aprobar el convenio, lo que podría ocurrir por unanimidad en el Congreso Nacional.
Respecto a la versión de que la MACCIH va a poder extraditar a hondureños por casos de corrupción, Oliva explicó que el artículo constitucional indica que se pueden extraditar compatriotas por cuestiones de terrorismo, crimen organizado y narcotráfico, pero si se puede extraditar a extranjeros que cometieron corrupción en otros Estados.
“Yo creo que en el caso concreto de hondureños que hayan violentado leyes de otros países habría que ver cómo se interpreta eso, pero si ha cometido actos de corrupción en el país, es en el país que tiene que pagar”, declaró.
Enfatizó que el convenio con la MACCIH tiene que estar apegado a todo lo que establece la legislación hondureña.
Subrayó que el país no tiene inmunidad ni para el Presidente de la República, ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ni ninguno de los diputados al Congreso Nacional y en ese sentido, la Constitución Política no reconoce privilegios para nadie.
