Tegucigalpa – El delito de extorsión llegó a su nivel más alto en los últimos cinco años en Honduras, reveló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en su informe «Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados».
– Los departamentos de Cortés, La Paz, Colón, Yoro y Francisco Morazán concentran la mayor cantidad de víctimas de extorsión en el territorio hondureño.
– ASJ sugirió la suspensión del estado de excepción para devolver los derechos suprimidos a la ciudadanía.
A pesar de la puesta en marcha del plan antiextorsión y de la implementación del estado de excepción, la extorsión afectó en 2023 a 11.1 % de la población hondureña, según el informe.
El reporte evalúa los resultados del Plan de tratamiento de la extorsión, lanzado el 24 de noviembre de 2022 por el gobierno de Xiomara Castro, incluyendo la ejecución presupuestaria y frutos del estado de excepción, y recopila datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de información a instituciones públicas, los resultados de una encuesta nacional de victimización y una encuesta de evaluación del plan aplicada a expertos, entre ellos: policías, fiscales, jueces y militares de alto nivel.
En ese contexto, el informe subraya que, en 2018 el Barómetro de las Américas de Lapop señalaba un nivel de extorsión de 8.5 %; cuatro años después, en 2022, una encuesta nacional realizada para ASJ por Le Vote reveló que la cifra subió a 9 % y en mayo de 2023, bajó a 8.4 %.
Sin embargo, para noviembre de este año la cifra aumentó a 11.1 %, con mayor porcentaje de victimización en: Cortés, La Paz, Colón, Yoro y Francisco Morazán.
Por su parte, cifras oficiales establecen que las denuncias por extorsión hasta octubre se contabilizaban en 760, menor cantidad que las registradas anualmente de 2015 a 2022, y que estas se concentran principalmente en Francisco Morazán, Cortés y Atlántida.
No obstante, desde el anuncio del estado de excepción, en total, la Secretaría de Seguridad reporta la detención de 314 personas vinculadas al delito de extorsión y 40 casos investigados remitidos al Ministerio Público.
En cuanto al presupuesto, sólo se ha ejecutado 30 % del asignado en 2023 y pese a que en octubre se aprobó un acuerdo ejecutivo para la compra de equipo tecnológico de seguridad, aún se refleja 0% de ejecución en esta línea presupuestaria.
Expertos consultados por ASJ coinciden que sólo tres de las 30 acciones contempladas en el plan antiextorsión se pueden considerar cumplidas: las reformas a la Ley de Lavado de Activos (derogaciones de los decretos 57-2020 y 93 2021); perfilar, seleccionar y certificar a los miembros de la carrera policial, y la asignación de más de mil millones a la Policía Nacional.
En el otro extremo, entre las acciones no cumplidas más notables destacan: Crear una comisión integral con policías, fiscales, jueces, Registro Nacional de las Personas, Comisión Nacional de Banca y Seguros, Instituto de la Propiedad, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Instituto Nacional de Migración, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Instituto Nacional Penitenciario, entre otros; operaciones estratégicas estructurales y de impacto contra Objetivos de Alto Valor Estratégico y tecnificar procesos de gestión de información; así como reformas penitenciarias.
En ese sentido, ASJ recomendó a la Secretaría de Seguridad mejorar e implementar el plan antiextorsión para el combate integral de la problemática que atraviesa la población hondureña, mediante la unión de esfuerzos con los sectores afectados, fiscales, jueces, sector financiero y sociedad civil.
Finalmente, sugirió la suspensión del estado de excepción para devolver los derechos suprimidos a la ciudadanía, en vista de que la medida adoptada por más de un año no ha tenido un impacto directo en la disminución de la extorsión. (RO)
