Tegucigalpa- La directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Liliam Rivera, expresó una profunda preocupación por el decreto emitido por el Poder Ejecutivo que ordena medidas extraordinarias para incrementar la liquidez de la Tesorería General de la República, advirtiendo que la decisión envía una señal negativa sobre la estabilidad y transparencia de las finanzas públicas.
Rivera señaló que, a pocos días de concluir el año fiscal y en la recta final del período de gobierno, este tipo de disposiciones refuerzan la percepción de un manejo fiscal improvisado, lejos de reflejar una administración ordenada y responsable de los recursos del Estado.
“Lejos de transmitir un mensaje de estabilidad y buena gestión, estas decisiones profundizan la percepción de opacidad y debilidad en la planificación fiscal, comprometiendo la sostenibilidad financiera del país”, afirmó.
Críticas a prioridades del gasto
Desde la ASJ, la especialista cuestionó que durante el presente año se hayan priorizado erogaciones asociadas —según dijo— a prácticas de clientelismo político, en detrimento de sectores estratégicos. Entre ellas mencionó el incremento en sueldos y salarios, transferencias monetarias discrecionales, el crecimiento del gasto militar, así como altos montos en publicidad y propaganda oficial.
Rivera advirtió que estas decisiones se han tomado mientras salud y educación continúan enfrentando carencias estructurales, sin una respuesta adecuada a las demandas urgentes de la población.
Deuda flotante supera los L24 mil millones
Uno de los puntos más críticos señalados por la directora de Gobernanza Económica es la acumulación de una deuda flotante superior a los 24,000 millones de lempiras en la administración central, cifra que —según indicó— duplica el promedio registrado entre 2019 y 2021.
De acuerdo con Rivera, este volumen de obligaciones pendientes refleja una débil disciplina fiscal y traslada una pesada carga financiera a la próxima administración, afectando la confianza de proveedores, empleados públicos y ciudadanos.
Llamado a disciplina y transparencia en la transición
Ante este escenario, la ASJ hizo un llamado firme al gobierno para que durante el período de transición actúe con estricto apego a la legalidad, la disciplina fiscal y la transparencia, enfocando la gestión de la Secretaría de Finanzas en la racionalización del gasto público.
Entre las prioridades que, según Rivera, deben atenderse de manera inequívoca están: el cumplimiento de las obligaciones laborales; la adquisición de suministros esenciales para garantizar servicios básicos; la continuidad de proyectos en ejecución con financiamiento asegurado; y el servicio oportuno de la deuda pública.
Asimismo, urgió a prohibir la adquisición de nuevos compromisos sin respaldo presupuestario y financiero, para evitar el crecimiento de nuevas obligaciones pendientes de pago.
Exigen cierre ordenado de la gestión
La representante de la ASJ subrayó que las instituciones públicas deben registrar, documentar y transparentar todos los compromisos devengados, mantener actualizadas sus cuentas por pagar y rendir cuentas a la ciudadanía.
“Honduras necesita señales claras de prudencia, transparencia y respeto a la institucionalidad fiscal, no decisiones de último momento que profundicen la incertidumbre financiera y comprometan el futuro del país”, concluyó.LB
