Así lo reconoció la directora de la Dirección de Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Lolis Salas, quien calificó las últimas acciones como «una evidencia de que los centros de rehabilitación son escuelas del crimen».
En los últimos días, los centros que albergan a menores infractores han acaparado importantes espacios de la prensa nacional. Reyertas, fugas, hallazgo de fosas clandestinas, muertos y control de instalaciones por parte de integrantes de pandillas retratan la espinosa realidad que se teje alrededor de estos ambientes.
Constantemente se informa de balaceras, disputas, muertes violentas y ahora la localización de fosas donde hasta el momento los cuerpos forenses encontraron dos osamentas en el interior del centro de internamiento Renaciendo, ubicado en Támara, Francisco Morazán.
El espeluznante descubrimiento en ese centro de menores ubicó dos osamentas, presuntamente de internos, que fueron desmembrados y luego quemados, antes de ser enterrados en un patio donde permanecen los jóvenes infractores de la ley.
De la misma forma que ocurre en las cárceles de adultos, las correccionales de menores son escenarios constantes de reyertas, fugas masivas y muertes, todo bajo un sistema corrupto que lejos de rehabilitarlos los forma como potenciales operadores del crimen.
Control del Estado
A diferencia de las cárceles para adultos, los centros de internamiento operan teóricamente como unidades de rehabilitación para menores que presentaban problemas de riesgo social.
Pero la modalidad del crimen en Honduras se transformó cuando los grupos criminales comenzaron a reclutar a menores como sicarios u operadores a menor escala de sus actividades contrarias a la ley.
Actualmente la mayoría de los jóvenes internados pertenecen a pandillas o grupos de maras que se disputan violentamente el control del centro Renaciendo e igual situación ocurre en El Carmen de San Pedro Sula y otras instituciones similares.
Por ello muchos reclaman, que a pesar que los tratados internacionales rechazan la presencia de agentes armados que representen al gobierno, el Estado debe recuperar el control interno de los mismos.
Actualmente el gobierno solo despliega policías y soldados fuera de los centros, para respetar los tratados internacionales, pero al interior la situación cambia.
Pero desde hace una década los referidos centros fueron siendo controlados por los internos que pertenecen a grupos criminales, mientras los responsables y sus trabajadores apenas realizan tareas de rehabilitación por el temor a los jefes de los internos.
Fernando Morazán, de la Comisión Nacional para la Prevención de Tortura y tratos Crueles y Degradantes (Conaprev) reclamó que el Estado recupere el control del centro Renaciendo, «debe haber autoridad que controle internamente, ya que ellos (los internos) se regulan» entre sí.
La tesis de Morazán es compartida por el ex director del Ihnfa, Felipe Morales, para quien lo acontecido en los últimos días en los centros de menores infractores sólo demuestra que se perdió el control en estos perímetros.
Relató que cuando estuvo al frente del Ihnfa entró en conflictos con los defensores de derechos humanos; «ellos se enojan cuando se les dice que nos son niños y que por el contrario se trata de seres con fuertes adicciones y terribles problemas mentales. Se trata de delincuentes y en consecuencia no es fácil administrarlos», aseveró.
Mientras el comisionado de Policía, Héctor Iván Mejía, dijo que buscarán recuperara el control del centro entre 72 y 96 horas (entre tres y cuatro días).
El centro Renaciendo cuenta con un poco más 170 menores, pero más de 100 pertenecen a maras o pandillas que en el exterior se disputan mortalmente territorios en mercados u otras zonas de la ciudad para sentar su reinado de extorsión, asaltos y otras formas de crimen.
Es gobierno destinó recientemente 40 millones de lempiras para su refacción, pero las mejoras fueron destruidas en un 45 por ciento por los menores, según se conoció de fuentes al tanto de la situación.
Son pocos los menores que se encuentran en el interior de Renaciendo y que puede ser calificado como joven con riesgo social.
Igual situación ocurre en el centro El Carmen de San Pedro Sula y el Sagrado Corazón de Niñas en Tegucigalpa.
| Manejo La Dinaf -antiguo Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (Ihnfa)- es el responsable de administrar estos recintos de menores aunque otras versiones conocidas por Proceso Digital establecen que la Organización No Gubernamental (ONG), ARPA, es la encargada de estos espacios confinados. «La función del Estado en esta materia es indelegable. Es un tanto problemático que una ONG asuma la función de un funcionario público, se han tercerizado estas funciones y esto no puede ser», dijo la fuente que prefirió el anonimato. |
