Tegucigalpa (Proceso Digital) – La extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por graves acusaciones de narcotráfico, envía un claro mensaje al resto de países de Centroamérica y América Latina, al asegurar las autoridades de los Estados Unidos que no cejará en su empeño de desbaratar presuntas redes criminales en las Américas.
Mientras el ex presidente Hernández volaba extraditado en un avión de la agencia antinarcóticos DEA, rumbo a Nueva York, en Washington, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y Anne Milgram, Administradora de la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), daban una rueda de prensa en donde dejaban clara la ruta a seguir a raíz del caso del ex mandatario hondureño, pedido por ese país por delitos de narcotráfico y tráfico de armas. Tres cargos penden del dignatario. En esa misma conferencia también mencionaron a otros ex presidentes hondureños inmiscuidos en el narcotráfico, aunque no dieron a conocer sus nombres.
El expresidente Juan Orlando Hernández es el primer ex gobernante latinoamericano extraditado a ese país por delitos ligados al tráfico y a la conspiración para introducir drogas a esa potente nación del norte de América.
Según los fiscales estadounidenses, Joaquín “el Chapo” Guzmán el principal líder del poderoso cartel mexicano de Sinaloa habría financiado la campaña de Juan Orlando Hernández, basados en testimonios de otros barones de la droga que cursan juicios y penas en los EEUU, la mayoría de ellos hondureños, pero, también de otras nacionalidades del entorno, en naciones que tienen en su interior organizaciones que son activas en la producción, tráfico, procesamiento de drogas.
Hernández, de acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos y la DEA, usó el poder del cual estaba investido como autoridad para poner el Estado al servicio de las mafias de narcotraficantes locales, regionales e internacionales. De ahí la gravedad de los delitos y del mensaje mismo de las autoridades estadounidenses, que aseguran, se han preparado minuciosamente para presentar un sólido caso ante la corte del Distrito Sur de Nueva York a fin de lograr la culpabilidad en su contra por los tres cargos imputados.
El ex presidente hondureño, según la acusación fiscal, desde al menos alrededor de 2004 hasta alrededor de 2022, participó en sus dos mandato en una conspiración “corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”, donde supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares.
Un caso preparado
Así el gobierno de Estados Unidos definía su acusación en contra del ex presidente de Honduras, quien el 10 de mayo próximo tendrá una segunda audiencia ante el juez Kevin Castell, para formalizar la acusación de sus delitos. La defensa piensa en ese momento, proponer el pago de una millonaria fianza para ser escuchado en libertad, una decisión que dirá el juez Castell si procede o no. El caso de Hernández se viene trabajando desde hace más de una década y entre sus antecedentes destacan la condena de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández a cadena perpetua por narcotráfico en una cárcel de Estados Unidos, aseguran los acusadores.
En diferentes escenarios Hernández ha defendido haber sido aliado de los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, haber implementado en el país políticas para desarticular a las organizaciones que trafican drogas, pero todo esto no ha valido ante la justicia de ese país. Incluso en su última comparecencia ante la asamblea de la ONU, usó esa tribuna para defenderse con antelación de un caso que ya era visible, aunque entonces su extradición no se había materializado.
La extradición de Hernández, quien gustaba comentar sus buenas relaciones con Estados Unidos y los elogios de las fuerzas antidrogas de ese país en el combate al narcotráfico en Honduras, es un claro mensaje para el resto de países de Centroamérica y Latinoamérica, en el marco de la política de la administración de Joe Biden tendiente a no ser tan tolerantes a los delitos que estiman minan la sociedad estadounidense, en este caso las drogas, así como aquellas acciones que amparadas en estos ilícitos, fomentan la impunidad y laceran la institucionalidad democrática
Tanto los fiscales de Estados Unidos como la alta funcionaria de la DEA fueron claros en sus mensajes al indicar que la extradición de Juan Orlando Hernández es apenas el inicio de una política con enfoque integral para proteger a su país y sus comunidades del ecosistema de las redes del narcotráfico, sin importar “cuán lejos o cuán alto” deban llegar.
No se van a detener
La extradición de Hernández, sostuvieron, es parte de ese enfoque y no se van a detener ante nada para perseguir a los actores políticos más poderosos que participan en el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción. El expresidente Hernández es un ejemplo de cuánto están dispuestas a llegar las autoridades de Estados Unidos.
Ellos consideran al ex gobernante como una figura central de las conspiraciones que las mafias del narcotráfico hacen contra los Estados Unidos.
“Este caso debería enviar un mensaje a todos los líderes políticos del mundo que comercian con posiciones de influencia para fomentar el crimen organizado transnacional, de que la DEA no se detendrá ante nada para investigar estos casos y desmantelar las organizaciones de narcotraficantes que amenazan la seguridad y la salud de la población del pueblo estadounidense”, señaló la representante de ese organismo Anne Milgram.
Juan Orlando Hernández será así un caso de interés para Estados Unidos, que ha puesto la carne al asador para decir a los políticos de América Latina, y otros actores de poder, que está dispuesto a ir en contra de quien sea, si las amenazas a sus políticas ponen en riesgo su seguridad.
Los retos para Honduras
De ahí que el caso haya tenido una resonancia internacional, despierte el interés de la prensa, la academia e incluso los mismos gobiernos y políticos latinoamericanos que se mueven en ese resbaladizo mundo de la narcoactividad y la corrupción, dos fenómenos que están minando las democracias y las instituciones en América Latina, con énfasis muy fuerte en los países del Triángulo Norte de Centroamérica que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras. La trascendencia de este caso es de impacto mundial y su juzgamiento pondrá al desnudo el debilitamiento institucional de un país llamado Honduras.
La narcoactividad y la corrupción están impulsando otros fenómenos que preocupan a Estados Unidos, como las migraciones y la violencia, mismas que impactan en sus fronteras y en donde, por ahora, sus políticas migratorias no han podido frenar en cuanto a las olas de migrantes que parten de sus países sin esperanzas ni oportunidades a causa de la pobreza, el desempleo, la corrupción, la inseguridad y la narcoactividad.
La extradición de Hernández lleva a los gobiernos centrales y locales centroamericanos y latinoamericanos a aplicar el refrán: “Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”. Y en América Latina, ya más de algún país ha reaccionado frente a esta acción y hablan en voz baja de redefinir las relaciones con la DEA y Estados Unidos. Son países en donde la penetración del crimen organizado ha llegado fuerte a la política con el financiamiento ilícito de campañas y los nexos con la corrupción.
En Honduras, la extradición del ex presidente Hernández, a la que se sumará la del ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, deja enormes desafíos que van desde la reconstrucción de la institucionalidad y su fortalecimiento hasta la visualización de un nuevo modelo democrático del Estado y de sus instituciones para avanzar en democracia, y no para impulsar ni fortalecer posturas autocráticas que sólo afianzan impunidad y las redes criminales de las mafias y la corrupción, alertan los expertos en política latinoamericana. (PD)
