Tegucigalpa – Un estado de excepción “parcial” que se ha convertido en permanente por el Poder Ejecutivo, que lo ha ampliado 18 veces desde que lo decretó hace 848 días y que hoy según, los analistas, se convierte en una situación grave para el país en pleno año electoral con el desarrollo de comicios primarios (09.03.2025.) y generales (30.11.2025).
– Estado de excepción sin fin más criminalización de protesta erosionan derechos y libertades en Honduras.
El estado de excepción en Honduras es una medida implementada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro desde el 6 de diciembre de 2022, con el objetivo de combatir la violencia criminal, especialmente la extorsión, el narcotráfico y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Esta medida suspende ciertos derechos constitucionales, como la libertad de circulación, asociación y reunión, y permite a las fuerzas de seguridad realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial en 226 de los 298 municipios del país. A la luz de esta prerrogativa se han disparado los abusos a los derechos individuales de los ciudadanos, de acuerdo a denuncias de organismos activistas de derechos humanos.
De temporal a permanente
Inicialmente decretada como una acción “temporal” tras una emergencia nacional por el aumento de delitos, se ha extendido múltiples veces, sumando más de dos años de vigencia hasta marzo de 2025. La última prórroga, aprobada el 23 de marzo de 2025, extiende el estado de excepción parcial hasta finales de mayo de 2025.
Sin embargo, sólo en una de las ocasiones ha cumplido con toda la normativa como manda la ley. En al menos 15 no se logró la ratificación en el Congreso Nacional, sin embargo en las dos últimas el gobierno ha mandado a publicarla de un solo en el diario oficial La Gaceta.
El cuestionado estado de excepción, ha sido prorrogado en 18 ocasiones, también estuvo vigente en los comicios primarios del pasado 9 de marzo y la población teme que el mismo se extienda hasta las elecciones generales del 30 de noviembre.
Más de 700 denuncias
El estado de excepción ha provocado cientos de denuncias ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), donde las personas perjudicadas han retratado a los miembros de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Publico por violar sus derechos fundamentales. Algunos casos de estos se han judicializado, aunque muy pocos.
Las denuncias van desde allanamientos violentos, implantación de pruebas, violaciones sexuales y hasta muertes a manos de agentes que deberían garantizar la vida de los ciudadanos.
En ese sentido, el Conadeh advierte que, mientras el Congreso Nacional no ratifique el PCM 03-2025, sobre el estado de excepción, toda detención, allanamiento e intervención realizada por agentes del orden es ilegal y compromete la responsabilidad internacional del Estado, en materia de derechos humanos.
Mensaje erróneo en año electoral
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, explicó que existen contextos que se deben tomar en cuenta, uno que es un año electoral y el mensaje que se envía podría ser el erróneo y, el otro, es que el Congreso Nacional no ha aprobado el decreto de PCM enviado por el Ejecutivo.
Advirtió que, al no ser ratificado, por el Congreso Nacional, todas las intervenciones y actuaciones que hagan los agentes de seguridad, como los allanamientos, resultarían ilegales porque se enmarcarían en un proceso ilegal ya que no se pudo observar el proceso constitucional.
En caso que el Congreso Nacional no apruebe el PCM remitido por el Ejecutivo, la ciudadanía tiene el derecho de interponer un Recurso de Amparo, ante la Sala de lo Constitucional, por violación de derechos humanos, en este caso por allanamientos o detenciones, indicó.
Más de 304 mil hogares víctimas de extorsión
Un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revela que más de 304,338 hogares son víctimas de la extorsión, y de esta cifra, 78,126 nuevos hogares se vieron obligados al pago de este delito sólo en el 2024.
El avance de la extorsión ha sido imparable. Los datos de la ASJ indican que en 2018 un promedio de 182,990 hogares fueron víctimas de la extorsión. Para el 2022, ese dato pasó a 226,262; luego en junio de 2023 baja a 216,836 para repuntar en noviembre de 2023 a 286,533. Las cifras del 2024 son apabullantes: 304,338 hogares.
Un reportaje realizado en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia y Autoritarismo en Centroamérica, establece que no hay evidencia estatal que sostenga que el estado de excepción hondureño, declarado hace dos años, haya tenido éxito en acabar con las extorsiones pandilleras y reducir la violencia. Lejos de eso, los casos de abusos policiales cometidos bajo estos “súper poderes” otorgados a los uniformados van desde tortura, agresiones sexuales, desapariciones e incluso asesinato.
La ampliación de estos estados de excepción ha generado diferentes reacciones en la sociedad hondureña que muestra su preocupación ante un año electoral, ante el incremento de la extorsión, muertes de mujeres y masacres que suman 86 bajo la vigencia de esta normativa.
Estado de excepción ya se desnaturalizó
El especialista en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, dijo a Proceso Digital que hay un estado de excepción permanente y el mismo es grave.
“Habría que preguntar si en Honduras la reducción del 25 % en la tasa de homicidios realmente se debe al estado de excepción o que es lo que ha impactado”, señaló.
Agregó que lastimosamente no se ha hecho un análisis al respecto, como si ya se hizo en El Salvador donde la población cree que es por Nayib Bukele que han reducido los homicidios y no por la labor que se había venido haciendo antes de que se decretara ese estado de excepción.
Sostuvo que el estado de excepción ya se desnaturalizó esa figura jurídica porque pasó de excepcional a permanente, también ha sido renovado muchas veces y sólo una vez ha cumplido con los requisitos constitucionales.
Este estado de excepción ha sido renovado 18 veces, de las cuales 17 son inconstitucionales, indicó el defensor de derechos humanos.
Sostuvo que el estado de excepción limita a las personas y se vuelve perjudicial en una elección general tal como sucedió en las primarias.
“Tener libertad es un enfoque de política pública y se tiene que abordar de un enfoque ciudadano que no han querido reformar”, apuntó.
Hondureños sin garantías en año electoral
Por su parte, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), dijo a Proceso Digital que Honduras puede afrontar unas elecciones generales sin garantías constitucionales ante el alargamiento del estado de excepción.
Agregó que desarrollar un proceso electoral en un estado de excepción tiende a preocupar y a generar comentarios y sugerencias al gobierno porque se puede prestar a muchas cosas.
“En este proceso no se observaron violaciones dentro del estado de excepción y gracias a Dios no se vio, pero viene una elección general donde no sabemos qué pueda pasar con esta normativa”, arguyó.
Apuntó que hay que seguir apostando que el gobierno comprenda que no es la medida, nos queda seguir esperando se resuelva el recurso de inconstitucionalidad y en ese sentido esperemos que la Corte Suprema responda a este recurso.
Estado de excepción se vuelve ilegal
Mientras que el abogado Kenneth Madrid dijo a Proceso Digital que la administración central debe de abstenerse de seguir ampliando el estado de excepción ya que los mismos diputados del Congreso Nacional han dicho que no ratificarán el mismo.
En ese sentido, señaló que al no ser ratificado por el Congreso Nacional cualquier captura, cualquier allanamiento se vuelve ilegal.
“El Estado debe de cambiar de estrategia ya que un estado de excepción es una herramienta solitaria que no funciona ya que hay denuncias en el Conadeh donde son miles las violaciones a los derechos humanos”, apuntó.
Estado de excepción se ha quedado en papel
Asimismo, Wilmer Cálix, dirigente del transporte dijo a Proceso Digital que el estado de excepción no ha podido frenar el delito de la extorsión, el hondureño, el transportista, el comerciante vive con temor de que en cualquier momento una nueva banda lo llegue a extorsionar debido a que el estado de excepción se presentó de una forma que era la solución para la extorsión y que no se ha podido ver la disminución claramente los en hondureños.
El sector transporte urbano paga entre 40 a 50 millones mensuales a una o cinco estructuras dependiendo donde estén ubicados o el territorio que ellos dominen, señaló.
Agregó que lamentablemente esto ya tiene 26 años de estar golpeando al sector transporte.
Sostuvo que la solución puede ser el estado de excepción, pero no que sea un documento sino una ejecución.
“Esto significa que de lo que se escribió en ese documento no se ha puesto en marcha ni el 60 % de lo que dice el decreto ya que él mismo habla de modificar varias leyes, de atacar la extorsión y el lavado de activos al mismo tiempo, investigar los recursos de donde llegan investigando empresas vinculadas con este flagelo, es por eso que decimos que el estado de excepción se ha quedado en papel mojado”, apuntó. IR
