Tegucigalpa – El estado de excepción, vigente desde diciembre de 2022 y prorrogado 23 veces consecutivas bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro, sigue dividiendo opiniones en Honduras.
-Ir a elecciones bajo un estado de excepción debilita el ejercicio democrático y pone en entredicho la legitimidad de los resultados.
-Una ciudadanía activa, informada y organizada puede convertirse en el principal contrapeso, ante un estado de excepción impuesto.
-Gobierno lo defiende, sociedad civil exige su derogación por violar derechos humanos.
Mientras el oficialismo y autoridades de Gobierno lo defienden a capa y espada asegurando que ha reducido la criminalidad, las organizaciones de sociedad civil reiteran que se ha convertido en un mecanismo permanente de represión y violación de derechos humanos.
Riesgo electoral y democracia en entredicho
Organizaciones civiles también plantean la relación entre la continuidad del estado de excepción y el proceso electoral de 2025. “¿Podríamos hablar de elecciones libres cuando se mantiene un mecanismo coercitivo atentatorio de los derechos fundamentales?”, cuestionan.
La preocupación radica en que el 30 de noviembre de 2025, día de las elecciones generales, los votantes podrían acudir a las urnas bajo un régimen que restringe derechos como la libre circulación, la reunión pacífica y la inviolabilidad del domicilio.
Exigencia de derogación
En consecuencia, la sociedad civil organizada exige a la presidenta Castro derogar de inmediato el decreto y optar por una política de seguridad ciudadana con enfoque en derechos humanos, que ataque las causas estructurales de la violencia y no dependa de medidas de excepción.
“Solo decisiones asertivas como la eliminación del estado de excepción podrán fortalecer la democracia, garantizar elecciones libres y asegurar que las fuerzas de seguridad no actúen como instrumentos de represión, sino como garantes de la seguridad y la dignidad de la población”, sostienen las organizaciones en documento entregado en Casa Presidencial, dirigido a la presidenta Xiomara Castro.
Preocupación de las organizaciones de derechos humanos
Varias organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron pública su preocupación, señalando que el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022 se ha aplicado sin controles democráticos y con un uso discrecional por parte de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público.
“Nos dirigimos a la presidenta Iris Xiomara Castro para solicitar la eliminación del permanente estado de excepción y la restitución de los derechos fundamentales suspendidos durante su vigencia. Este decreto viola el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues su aplicación se ha vuelto una práctica casi normal de gobierno y no una medida temporal y excepcional”, expresa una misiva enviada a la mandataria de parte de diversas organizaciones.
El señalamiento cobra peso considerando que, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), se han documentado más de 1,000 quejas por torturas, tratos inhumanos y detenciones arbitrarias en el marco de este régimen.
Advertencias de organismos internacionales
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) han cuestionado la prolongación indefinida de la medida.
La CIDH recordó que la suspensión de garantías “no constituye un medio válido para enfrentar la criminalidad común” y alertó que las prórrogas del decreto se aprueban sin un control efectivo del Congreso Nacional.
La OACNUDH, en su informe de 2024, advirtió que la vigencia del estado de excepción se extendió a 226 municipios y que, a pesar de ser adoptado bajo el argumento de combatir la extorsión, solo el 0.8% de las detenciones durante su aplicación estuvo relacionado con este delito.
No obstante, los reclamos de los organismos internacionales también han sido ignorados por las autoridades locales.
Gobierno y oficialismo defienden la medida
Por su parte, diputados de Libre y funcionarios de Gobierno como el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez y el ministro de Derechos Humanos, insisten en que el estado de excepción ha sido “beneficioso” para recuperar territorios dominados por el crimen organizado.
El ministro de Seguridad y portavoces de la Policía Nacional aseguran que las operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas han reducido la incidencia delictiva en barrios y colonias históricamente controlados por maras y pandillas.
Sin embargo, los defensores de derechos humanos advierten que este argumento se debilita frente a las cifras de extorsión y homicidios, que no muestran mejoras significativas, y al uso del decreto como un instrumento político de control social.
Celebrar elecciones bajo un estado de excepción implica serios riesgos para la democracia y para la legitimidad del proceso electoral, es uno de los principales argumentos de los expertos.
En primer lugar, se limitan derechos fundamentales como la libertad de reunión, la libre circulación y la libertad de expresión, lo que reduce el margen de acción de partidos, candidatos, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Esta restricción abre la puerta a un clima de miedo, desconfianza e inequidad, donde el acceso a la información y la participación política no son iguales para todos. Además, se corre el riesgo de que las autoridades utilicen la fuerza pública con sesgo político, debilitando la imparcialidad y la transparencia del proceso.
En este contexto, la ciudadanía juega un papel crucial. Se recomienda: Exigir garantías democráticas: pedir públicamente a las instituciones que aseguren un proceso electoral libre, transparente y sin abusos de poder, concluyen juristas consultados. LB
