Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – El Estado de Excepción impuesto en Honduras desde hace 508 días, justificado por el Gobierno en su lucha contra la criminalidad y crimen organizado, ya ha dejado su razón de ser y ahora pone en peligro el equilibrio entre la necesidad de la legislación de emergencia y el respeto de los derechos humanos, a criterio de especialistas y organismos internacionales que claman para que se culmine el mismo.
– Denuncias de abusos durante el estado de excepción son graves y ameritan una investigación transparente y urgente, apuntan especialistas.
– Estado de excepción dejó de ser excepcional, violentando tratados internacionales pues ya ha transcurrido más de un año desde que la medida fue aprobada.
– Pese a que autoridades de Seguridad destacan logros bajo estado de excepción, conocedores advierten que el crimen sigue ganando terreno.
Los especialistas recuerdan que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establecido por el Protocolo Adicional al mencionado Pacto de Derechos Civiles y Políticos ha establecido una declaración general relativa al artículo 4o. de dicho pacto.
En ese sentido el Comité opina que las medidas adoptadas de conformidad con el artículo son de carácter “excepcional y temporal”. Adiciona que, en situaciones excepcionales es sumamente importante la protección de los derechos humanos, particularmente aquellos que no pueden ser objeto de suspensión.
En las últimas horas, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que, el estado de excepción, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, propicia que algunos agentes del Estado estarían utilizando esa investidura para infringir la Ley y violentar los derechos humanos de la población.
Asimismo, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y la organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) presentaron hace unas horas un recurso de amparo para que se regresen las garantías constitucionales que les fueron suspendidas a los hondureños hace más de un año.
Reclamos internacionales
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recordó que el estado de excepción suspende los derechos de libertad personal, libertad de asociación, reunión y circulación, entre otros derechos fundamentales, además de otorgar facultades a la policía para realizar detenciones y allanamientos sin orden judicial.
En ese sentido, remarca que el derecho internacional de los derechos humanos requiere que cualquier suspensión de derechos fundamentales sea estrictamente temporal, proporcional y limitada a las exigencias de la situación, y que cualquier extensión sea objeto de un análisis profundo y basado en los derechos humanos.
OACNUDH, ha reiterado el llamado al Estado a reconsiderar el uso de medidas excepcionales y a abordar la inseguridad de manera integral y con énfasis en la prevención, al tiempo que manifiesta su preocupación por “la duración prolongada de la suspensión de garantías constitucionales en el marco del estado de excepción (PCM 29-2022)”.
En esa misma línea el Departamento de Estado de Estados Unidos, destaca en su informe sobre situación de los derechos humanos en el 2023, que hay abusos en el marco del estado de excepción, y resalta que dichas acciones preocupan al Departamento de Estado de los Estados Unidos por la situación que está viviendo Honduras.
De igual forma la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), se ha pronunciado pidiendo al Estado hondureño que derogue el decreto que le da vida al estado de excepción, pues ya se ha prorrogado por mucho tiempo.
La Oficina en Washington para Asunto Latinoamericanos (WOLA), anotó que reconoce la necesidad e importancia de implementar políticas de seguridad ciudadana y se solidariza con las víctimas del crimen y la violencia en Honduras. Sin embargo, las políticas de seguridad deben desarrollarse e implementarse en el marco de un estado democrático y respetuoso de los derechos humanos.
Asimismo, preocupa el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo cual contradice la propuesta de campaña de Castro para el Sector Defensa y el Plan de Gobierno para Refundar Honduras (2022-2226) sobre la necesidad de desmilitarizar la seguridad en el país.
Se suma el Conadeh y otros entes de sociedad civil
En el ámbito nacional son muchas las instituciones que se suman al clamor de que se elimine de una vez por todas el estado de excepción en Honduras.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reiteró su llamado a las autoridades hondureñas para que eliminen el decreto que da vida al estado de excepción y que el problema de la inseguridad sea abordado de manera razonable a través de una verdadera política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y de género.
De igual forma la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), a través de su representante Gabriela Blen, ha expresado su preocupación respecto a los resultados del estado de excepción en Honduras.
Blen en entrevista con Proceso Digital, señaló que la implementación de estos estados no ha generado los resultados esperados, especialmente cuando no se ha llevado a cabo una depuración genuina dentro de los cuerpos armados del Estado. Asimismo, añadió que hay casos en que miembros de estos cuerpos han estado implicados en actos como sicariato, crímenes contra defensores de derechos humanos, violaciones a mujeres, tortura y desapariciones.
A renglón seguido Blen advierte que los estados de excepción pueden promover la oporofobia, es decir, la criminalización injusta de jóvenes de barrios y colonias, quienes muchas veces son detenidos sin pruebas suficientes y sin seguir un debido proceso.
Al cerrar señaló que el prolongado estado de excepción en Honduras es lamentable, y abogó por que se elimine, especialmente porque no se han implementado políticas preventivas eficaces contra el crimen organizado ni se ha establecido una comisión internacional contra la impunidad.
ASJ insta a clarificar estrategias contra la delincuencia
y la eliminación del estado de excepción
El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, expresó su preocupación por el aumento alarmante de la delincuencia y el crimen organizado especialmente en fenómenos como la extorsión, los femicidios y las muertes múltiples, así como el incremento de muertes de menores, que muestran un panorama poco alentador para el cierre del año 2024.
Destacó la inquietud compartida por la sociedad civil y la ciudadanía ante la incertidumbre sobre las medidas que se están implementando para hacer frente a estos desafíos.
En plática con Proceso Digital, Castañeda, enfatizó la importancia de fortalecer las unidades investigativas, fiscalías y el sistema judicial para poder enfrentar y combatir de manera eficaz a los grupos criminales que están generando estos alarmantes índices delictivos, los cuales afectan la imagen y la seguridad del país.
En relación al estado de excepción vigente, Castañeda ha señalado que, si bien puede facilitar las labores de investigación policial, representa un sacrificio para los derechos y garantías de los ciudadanos, reconocidos tanto a nivel constitucional como en tratados internacionales.
En conclusión, Castañeda, insta a clarificar las estrategias gubernamentales para combatir la delincuencia, asegurando que se fortalezcan las instituciones y se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en lugar de seguir prolongando el estado de excepción como única solución ante esta problemática.
Por otro lado, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, reconoce la importancia de abordar la violencia y la criminalidad en Honduras, pero cuestiona la eficacia del estado de excepción.
Ayestas argumentó que, a pesar de las múltiples prórrogas, el estado de excepción no ha logrado reducir la violencia y la criminalidad en el país. Además, destaca la necesidad de mejorar la investigación y evitar capturas sin suficiente sustento, ya que esto puede contribuir a aumentar la violencia y el miedo en la población.
Ratificación
Luego que la Comisión de Seguridad emitió un nuevo dictamen favorable para la ratificación completa del PCM, este se sometió a discusión en la Cámara y fue ratificado, con 65 votos a favor y 43 en contra, el período de esta nueva extensión del estado de excepción es desde el 6 de abril hasta el 19 de mayo.
La ratificación se hará en contra de algunos pronósticos y los constantes reclamos y críticas por lo ineficiente que ha resultado la medida según especialistas.
LEER: Congreso Nacional ratifica extensión del estado de excepción hasta el 19 de mayo
Resultados del PCM Estado de Excepción, según Seguridad
Pese a todas las críticas nacionales e internacionales el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, resalta los resultados del estado de excepción en Honduras.
Sánchez, destacó los «grandes resultados» obtenidos gracias a la implementación y ratificación repetida del PCM 29-2022, o el estado de excepción que ha sido aprobado y ratificado en 11 ocasiones durante un período de un año y cinco meses.
Según el ministro, el 41% de los municipios, lo que equivale a 122 localidades, no han reportado ningún homicidio durante este período. Además, en 280 municipios del país, la incidencia de homicidios ha sido de 0 a 8 en todo el año, lo que representa el 94% de los municipios con una incidencia baja de homicidios en lo que va del primer cuatrimestre del año.
El ministro informó que la Policía Nacional ha llevado a cabo un promedio de 1,824 actuaciones policiales por día. También detalló que, se han realizado 28,420 allanamientos adicionales en comparación con el período anterior a la implementación de esa herramienta jurídica.
Además, se ha logrado desarticular 455 estructuras criminales, incluyendo unidades de las pandillas como MS-13 y la Pandilla 18. Destacó que el 88% de los implicados permanecen en prisión, mientras que el 7% ha recibido medidas sustitutivas de prisión, lo que demuestra la efectividad de los expedientes investigativos y el apoyo del Ministerio Público.
En cuanto a las detenciones por delitos, se ha registrado un aumento del 32% con respecto al período anterior a la implementación del PCM. La efectividad de la Policía Nacional en la ejecución de órdenes de captura ha aumentado en un 24% con la utilización de esta herramienta jurídica, añadió el funcionario en su presentación en el Legislativo. Además, se ha observado un incremento en el decomiso de armas, vehículos y motocicletas, con un total de 5,117 vehículos incautados.
Cuestionamientos en el propio Parlamento
La diputada independiente, Ligia Ramos, ha expresado su firme oposición a la prolongación del estado de excepción en Honduras, argumentando que este ya no tiene razón de ser. Ramos ha señalado que el estado de excepción suspende garantías constitucionales de forma parcial y ha denunciado casos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, los cuales han sido llevados incluso al Ministerio Público para su investigación.
“Las denuncias que hay son graves, estamos hablando de casos graves” subrayó, al tiempo que resaltó que el Conadeh reporta 443 quejas contra los agentes del orden público la mayor parte de estas en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
También es “escalofriante y preocupante” que hay denuncias “estamos hablando de denuncias de 7 casos de desapariciones forzadas, 6 hombres y 1 mujer, 4 casos de tortura, también tratos crueles e inhumanos, una de violencia sexual y también implantación de pruebas”, estas las han recibido distintas organizaciones de derechos humanos.
Según Ramos, el estado de excepción ha sobrepasado su función original y ya no cumple con su objetivo de reducir la violencia y la criminalidad en el país. Además, ha resaltado la falta de transparencia y seguimiento en las acciones realizadas bajo este régimen, incluyendo la ausencia de una mesa interinstitucional de seguimiento en materia de Derechos Humanos.
Estado de excepción sigue
El 6 de diciembre de 2022, el gobierno declaró estado de excepción a través del decreto ejecutivo PCM-01-2023, en esa ocasión las autoridades aseguraron que esta sería una medida temporal con la que se controlaría a las pandillas tras el repunte de los delitos de extorsión, sicariato y secuestro.
Un año cinco meses después, pese a serios cuestionamientos por denuncias de abusos e ineficacia este continúa, sin que el Estado tenga una verdadera política de estado de seguridad con enfoque integral y preventivo, coinciden expertos que advierten que con medidas arbitrarias y cortoplacistas los resultados seguirán siendo los mismos. LB
