Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La última ampliación del estado de excepción en el Congreso Nacional, se hizo con una votación muy apretada, 67 votos, dos más de los 65 que conforman la mayoría simple. Los congresistas liberales que apoyaron esta ampliación dijeron que era el último acompañamiento que hacían en vista de sus resultados pocos satisfactorios. El estado de excepción había caído en ilegalidad y ameritaba ser aprobado por el Congreso Nacional para evitar demandas legales contra el Estado.
Creado hace más de dos años para combatir el delito de la extorsión, el estado de excepción no ha dado los resultados deseados. Un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revela que más de 304,338 hogares son víctimas de la extorsión, y de esta cifra, 78,126 nuevos hogares se vieron obligados al pago de este delito solo en el 2024.
El avance de la extorsión ha sido imparable. Los datos de la ASJ indican que en 2018 un promedio de 182,990 hogares fueron víctimas de la extorsión. Para el 2022, ese dato pasó a 226,262; luego en junio de 2023 baja a 216,836 para repuntar en noviembre de 2023 a 286,533. Las cifras del 2024 son apabullantes: 304,338 hogares.
La principal motivación para impulsar el estado de excepción no está dando los mejores resultados. Las víctimas de este delito fueron lapidarias en sus testimonios: preferimos pagar para no morir. En el hemiciclo, la ampliación del estado de excepción no contó con el respaldo del principal partido de oposición, ni de otros parlamentarios de otros partidos políticos ahí representados. Las dudas sobre la efectividad de la medida crecieron en los últimos meses, de ahí que el oficialismo en el poder no lograra obtener los consensos para aprobar al hilo tres ampliaciones del estado de excepción que habían caído en ilegalidad.
En medio de la coyuntura, un trabajo colaborativo elaborado por periodistas hondureños becados por los Ciclos de Actualización de Periodistas (CAP), revela la otra cara de la moneda del estado de excepción: los abusos policiales, las violaciones a los derechos humanos, los desaparecidos bajo la medida del estado de excepción, los testimonios de las víctimas, los datos oficiales e internacionales, el silencio de las autoridades—incluyendo la Secretaría de Derechos Humanos—ante las peticiones de información públicas, entre otros datos que indicaban como bien tituló el reportaje: un estado de excepción sin éxitos, pero con víctimas.
La prensa local se hizo eco de esa denuncia del trabajo periodístico del CAP, las autoridades salieron a redoblar sus operativos para demostrar que son “escalofriantemente efectivos”, como dice la titular de la secretaria de Defensa, Rixi Moncada. Redadas y capturas por diversos puntos del país fueron las respuestas. El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández, encabezaron los operativos de “escalofriante efectividad” para garantizar en el hemiciclo la continuidad del estado de excepción.
No se contuvo, se esparció
Pero el diputado liberal e integrante de la comisión legislativa de seguridad, Yuri Sabas, y el jefe de la bancada liberal, Mario Segura, fueron tajantes al indicar que la ampliación número 16 del estado de excepción era la última. Sabas fue más allá, dijo que el gobierno de la presidenta Castro tenía 45 días para presentar una nueva propuesta de estrategia en materia de seguridad porque ya no hay ambiente en el hemiciclo legislativo para alargar el estado de excepción.
El jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación, Libre, Rafael Sarmiento, aceptó que no fue fácil conseguir el consenso mínimo para aprobar la ampliación del estado de excepción y que están trabajando en presentar una nueva propuesta para el próximo año, aunque defendió lo que estimó logros del estado de excepción como la reducción de la tasa de homicidios que según proyecciones oficiales será de 27 por cada 100 mil habitantes. Aseguran que bajará siete puntos.
Pero los datos de la ASJ revelan que, en el caso del delito de extorsión, éste se esparció por ocho departamentos del país como Intibucá, Choluteca, Atlántida, Comayagua, Santa Bárbara, Francisco Morazán; Colón y El Paraíso. En el último año, estos departamentos tuvieron aumento en sus tasas de victimización a causa de la extorsión.
Las formas de pago de la extorsión a las maras o pandillas que operan en el país son en efectivo (50.9 %), transferencia bancaria (30.2 %) y billetera electrónica (13.8%). Las personas consultadas por el estudio de la ASJ indican en más de un 54% que el estado de excepción, lejos de darles seguridad, los hace sentir más inseguros.
De las 30 acciones que contemplaban necesarias para detener el delito de la extorsión, apenas cinco se han cumplido, entre ellas la creación de mesas técnicas interinstitucionales, capacitación a los operadores de justicia, generar conciencia en la población para denunciar. Pero dentro de las acciones que no se han cumplido destacan fortalecer las unidades de inteligencia e investigación, reformas el Código Penal y reformas penitenciarias, entre otros.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha reportado al mes de septiembre más de mil quejas por violaciones a los derechos humanos, siendo la unidad policial Dipamco, la policía nacional y la policía militar, las más denunciadas por abusos y violaciones humanitarias.
En medio del estado de excepción, varios agentes policiales han sido denunciados y puestos a las órdenes de los tribunales por delitos de extorsión, tortura e incluso crímenes cometidos al amparo de la medida, y aunque las autoridades han tratado de minimizar los casos, los relatos de las víctimas han puesto al descubierto el rostro oculto de los abusos del estado de excepción.
La seguridad y la campaña electoral
La Fiscalía recientemente logró que una corte de apelaciones revocara sobreseimientos definitivos y sobreseimientos provisionales otorgados a policías que lideraban una red criminal de extorsión, cometiendo abusos al amparo del estado de excepción.
En tanto, en departamentos como Olancho, el estado de excepción no está funcionando, más de cinco intervenciones en ese departamento no han podido frenar la violencia e inseguridad, menos las mafias locales de criminalidad organizada que recientemente desafiaron a la autoridad policial. En la última acción donde el jefe policial de la zona quiso revisar la portación de armas de una banda local denominada “Los Amador” para corroborar su legalidad, la operación generó una confrontación que pudo terminar en tragedia. Llegaron refuerzos humanos y logísticos a la zona, se redoblaron los operativos, pero nadie ha sido capturado, y el jefe policial tiene un precio sobre su cabeza: un millón de lempiras según trascendió. Todo ello al amparo del estado de excepción.
Si bien los legisladores de la oposición en el parlamento han indicado que no están dispuestos a renovar el estado de excepción, el país entra en este 2025 en una intensa campaña política electoral para los comicios primarios e internos de marzo del próximo año y las elecciones generales de noviembre de 2025. El tema de la seguridad será parte de la oferta electoral. Y el Congreso Nacional, el centro de esa disputa en donde la pregunta que ronda es si definitivamente se acabó el estado de excepción o habrá de aquí a enero “consensos” entre las fuerzas políticas para reactivarlo.
Los datos, los hechos y los testimonios indican que la medida ha sido errática y ha dejado muchas víctimas en el camino: personas desaparecidas, ejecuciones extrajudiciales—según el OACNUDH—torturas, violencia, muertes, abusos y más abusos. ¿Apoyará la clase política representada en el parlamento esa ruta de errores interminables? La cuenta regresiva ha iniciado y con ello se despejarán las respuestas. (PD)
