Según la resolución judicial, el Estado debe pagar a Meza 2, 192,689.15 lempiras por despido ilegal en la administración de Zelaya.
La Junta Directiva del INFOP despidió a Meza el 27 de enero de 2007, tras ordenarse una investigación por el despilfarro de fondos en pago a dirigentes sindicales del país.
La entonces ministra del Trabajo Riccy Moncada dijo que la decisión de separar del cargo a Meza se adoptó luego de conocer la forma irregular en la que se ha venido transfiriendo fondos de la institución a dirigentes obreros.
Tras su despido, Meza demandó al Estado por tres millones de lempiras.
La ex funcionaria alegó violaciones a sus derechos de defensa del debido proceso y de sus garantías constitucionales.