«Eso demuestra la solidez de los valores» de España, agregó Arias, al subrayar que su gobierno comparte con el español «los mismos principios», tanto en el ámbito bilateral como internacional.
El gobernante costarricense agradeció la función de principal mediador y facilitador que siempre ha desempeñado España en las relaciones entre Europa y Latinoamérica.
En la misma rueda de prensa, el canciller costarricense, Bruno Stagno, expresó el deseo de su gobierno de que «el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la UE se ponga en marcha en enero de 2010, coincidiendo con el inicio de la presidencia semestral española» al frente de la Unión.
Stagno aseguró que «las relaciones de España y Costa Rica pasan por un momento excepcional», y explicó que durante sus conversaciones con la secretaria de Estado española quedó de manifiesto un «total acuerdo» en asuntos como «el proceso de integración de Centroamérica y sus negociaciones con la UE, además de la necesidad de reformar la Organización de las Naciones Unidas».
La UE y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), formado por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice y Panamá, mantienen negociaciones para firmar un acuerdo de asociación, incluido un tratado de libre comercio, que deben culminar este año.
La secretaria de Estado española expresó «las condolencias del Gobierno español con los familiares de las víctimas y todos los afectados» por el terremoto que sufrió Costa Rica el pasado 8 de enero.
Jiménez visitó el jueves una de las zonas más afectadas por ese terremoto, de 6,2 grados en la escala Ritcher, que causó 22 muertos, siete desaparecidos y dejó miles de heridos y familias desamparadas, además de 100 millones de dólares (76 millones de euros) de pérdidas económicas.
Además, aprovechó la ocasión para anunciar oficialmente la concesión de una ayuda de España de 285.000 dólares (217.000 euros), para paliar los daños de ese desastre.
Durante la rueda de prensa junto a Arias y Stagno, Jiménez adelantó también que España tiene previsto aumentar el volumen económico de su cooperación al desarrollo con Costa Rica, que en 2008 alcanzó los 14 millones de dólares (10 millones de euros).
El presidente costarricense planteó a la secretaria de Estado española el deseo de su país de acceder con proyectos por valor de 20 millones de dólares (15 millones de euros) al Fondo Español de Agua y Saneamiento para América Latina y el Caribe, de 1.500 millones de dólares (1.145 millones de euros), que gestiona el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Arias agradeció al Gobierno de España, por otra parte, su gestión para facilitar la compra de cuatro trenes por parte del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) y la empresa Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (Feve), por valor de 2 millones de euros (2,6 millones de dólares).
Asimismo, propuso a Jiménez que España apoye el Plan de Servicios Ambientales del Gobierno de Costa Rica, mediante la llamada compra de bonos de carbono, destinada a premiar y financiar la reducción de emisiones de CO2 y combatir el efecto invernadero.
La responsable de la política exterior española para Iberoamérica llegó a Costa Rica el jueves, procedente de Guatemala, donde anunció que su gobierno aumentará los 5,6 millones de dólares (4,2 millones de euros) que en 2008 concedió a ese país específicamente para combatir la violencia.
Guatemala es uno de los países iberoamericanos más castigados por la violencia criminal, con un índice en 2008 de 17 asesinatos al día.
Jiménez fue recibida en Guatemala, con carácter privado, por el presidente de ese país, Alvaro Colom, y se reunió, entre otras autoridades y personalidades locales, con su canciller, Haroldo Rodas, y con el director la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el jurista español Carlos Castresana.
En su reunión con Castresana, comprometió la colaboración de España, junto la de otros países, en el desarrollo de un programa de testigos protegidos, una vez concluida la primera fase de trabajo de investigación realizada por la CICIG, constituida en 2007 a iniciativa del gobierno guatemalteco y al amparo de la ONU.
España apoyó inicialmente a la CICIG con recursos económicos y la cesión de efectivos de su Policía Nacional y Guardia Civil expertos en investigaciones criminalistas.
