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Escándalo del millón, una trama que se complica

Tegucigalpa – El presidente Porfirio Lobo declaró que la Policía ya no se deja “sombrerear” de nadie y eso es interesante, a la vez que señaló que los operadores de justicia deben investigar y deducir las responsabilidades en las denuncias de corrupción que rondan la incautación de más de un millón de lempiras en poder de la esposa del ex ministro de Finanzas, Héctor Guillén.
 

Lobo vertió tal declaración un día después de la dimisión obligada del ex secretario de Finanzas, Héctor Guillén, cuya esposa fue detenida por la policía este martes en posesión de 1 millón 150 mil lempiras en un hecho que hasta el momento no ha sido esclarecido ante las autoridades.

El gobernante dejó entrever que “la renuncia”de otros funcionarios podría engrosar la lista de los obligados a dejar el gobierno del Humanismo Cristiano.

“Ya no se puede estar perdiendo tiempo y hay que apurarse para hacer lo mejor en lo que resta del gobierno”, dijo el presidente. Las declaraciones las ofreció durante un evento con indígenas lencas en el occidental departamento de Intibucá.

En las últimas horas el caso, que involucra al ex ministro de Finanzas y a su familia, ha tomado ribetes de escándalo debido a que el empresario y periodista sureño Ariel De Vicente denunció en medios de comunicación televisivos que el dinero que trasladaba Dinora Aranburry de Guillén proviene de coimas de las cuales su esposo es beneficiario.

La denuncia de presunta corrupción salpica a altos funcionarios de la actual administración pública.

El caso que comenzó con la incautación de más de un millón de lempiras toma nuevas aristas con las acusaciones del periodista De Vicente

El periodista originario de la sureña Choluteca, donde es propietario de un canal de televisión y además dirige el informativo Prensa Libre, aseguró tener pruebas sobre prácticas ilícitas en el manejo de empresas productivas bajo control del Estado. Se refirió específicamente a un grupo camaronero conocido como Ibermar.

En su denuncia, el comunicador también vinculó al vicepresidente del Congreso hondureño, Mauricio Oliva y a otros altos funcionarios de la administración pública, así como a particulares.

El “caso del millón” no logra aclararse y se debate entre las cambiantes versiones que sobre el origen y destino del dinero ha vertido el exministro de finanzas. La fiscalía hace lo propio y ha declarado el caso en secretevidad, mientras la población exige que todo se esclarezca lo más pronto posible.

Un jueves de escándalo

El periodista De Vicente se presentó con la documentación en mano a hacer formal denuncia ante las autoridades del Ministerio Público.

El propio fiscal general, Luis Rubí, expresó que tres fiscalías del darían respuesta a los señalamientos del comunicador. Las unidades responsables del caso son la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, la Fiscalía Especial de Privación de Dominio y la Fiscalía de Delitos Comunes, como las responsables.

Rubí indicó que De Vicente llegó a ponerse a la orden del Ministerio Público para denunciar hechos que se van a investigar hasta llegar al fondo.

Asimismo, el empresario de medios de comunicación y periodista, Ariel De Vicente, se acogió a la protección del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

Altos funcionarios del gobierno, diputados y políticos, nuevos actores de la trama que se enreda aún más

El ombusman hondureño ofreció protección a De Vicente y pidió el auxilio de la unidad de testigos protegidos de la Fiscalía.

Entre tanto, uno de los señalados, el vicepresidente del Congreso, Mauricio Oliva, desvirtuó la denuncia y dijo que investigará la motivación la misma.

El congresista manifestó desconocer la causa que motivó a De Vicente hacer públicas tales denuncias.

“no vale la pena llegar a una confrontación con mentiras tan mal intencionadas” puntualizó Oliva.


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