A casi todas las elecciones en Honduras, se les ha atribuido faltas de ética y legitimidad, considerándoseles haberse realizado bajo simulación o engaño, manipulación del voto de los pobres y vulnerables, y control de grupos políticos o poderes económicos o delincuenciales, capaces de disputar el poder formal a la institucionalidad pública.
Ante esa percepción generalizada: los errores y omisiones, en esta primera etapa del proceso electoral 2021, se consideran una peligrosa confirmación de esa percepción. Lo que nos alejaría de las expectativas del cambio esperado para superar las prolongadas causas y circunstancias negativas al bien común que, como pueblo, experimentamos.
La responsabilidad de esa percepción, se atribuye: al Congreso Nacional por no haber creado la Ley Electoral que precise un modelo más democrático para asegurar elecciones auténticas, libres, justas, y transparentes; a los Partidos Políticos por su falta de compromiso y acción y, además, por haber, en su seno, controversias o conflictos sobre inobservancia de la obligada democracia interna y transparencia; a los órganos Electorales y el Registro Nacional de las Personas, por falta de diligencia debida en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales; y, al mismo pueblo, en especial, a sus formas organizadas, por no exigir esas garantías para que este proceso electoral respondiese a la expectativas de cambio democrático. Expectativas que parecen haberse corroborado con la participación significativa de la ciudadanía, en las elecciones primarias.
En consecuencia, resolver inmediatamente esta situación y ordenarla de manera más conforme a nuestra realidad actual y a parámetros democráticos internacionales, es un deber ético y cívico que todos debemos cumplir.
Para lograrlo, necesitamos asegurar la calidad de la competencia electoral; actuar con el conocimiento claro y seguro de la razón de ser de las elecciones; y ejercer responsablemente el voto soberano como la libre y directa voluntad del ciudadano, para elegir autoridades que tengan las capacidades e integridad requeridas para el servicio público y el funcionamiento de los órganos del Estado.
Por ello, reitero las siguientes instancias:
- Al Congreso Nacional: a debatir finalmente y crear la nueva Ley Electoral, para su vigencia inmediata y aplicabilidad, con suficiente garantía democrática, al proceso conducente a próximas y futuras elecciones auténticas, libres, justas y transparentes.
- Al Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización: A actuar como partes del nuevo modelo electoral, para lo cual deben funcionar complementándose armónicamente,sin menoscabo de su respectiva independencia institucional;
Al Consejo Nacional Electoral y Registro Nacional de las Personas: a cumplir su deber de preparar técnica y exhaustivamente, y publicar, con la mayor inclusión ciudadana, el censo nacional electoral, único y definitivo.
- Al Consejo Nacional Electoral:
A corregir los errores y las omisiones constatadas en esta etapa de elecciones primarias;
A eliminar las malas prácticas e improvisaciones del pasado, reiteradas en el presente, que vulneran la integridad y seguridad del modelo electoral que debe democráticamente aplicarse;
A cumplir ineludiblemente su obligación permanente de brindar educación y formación cívica electoral a la población y mejorar urgentemente las aptitudes y conocimientos de los ciudadanos y ciudadanas, para que cumplan su deber cívico y ejerzan su derecho al sufragio, teniendo presente el valor y consecuencias de su voto.
- Al Pueblo hondureño:
A las organizaciones de derechos humanos, sociales, empresariales y académicas:
A velar por la pronta creación de una ley que regule un democrático e inclusivo modelo electoral que asegure tanto las condiciones idóneas para el ejercicio del sufragio, como un derecho y una función pública de la ciudadanía, mediante su voto igualitario, libre y secreto; comola calidad de la competencia electoral y del funcionamiento independiente, imparcial, transparente y eficaz de los órganos electorales;
A contribuir a brindar la oportuna formación cívica electoral (uniendo recursos, capacidades y esfuerzos), en especial, a las personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, y a asistirlas en lo que requiriesen para ejercer ciertamente su derecho a elegir y a ser electas.
A cada ciudadana y ciudadano:
A ver y sentir, en su voto, el ejercicio de su poder soberano que, unido al del resto del pueblo, tiene el control originario sobre el poder político del Estado que debe estar siempre al servicio del bienestar y progreso social de todas y todos los habitantes de Honduras; y, en consecuencia, a votar consciente y responsablemente, con libertad y en forma directa y secreta.
