La captura y traslado de Nicolás Maduro reabre un debate que trasciende a Venezuela. No se trata del retorno de viejas doctrinas, sino de una excepcionalidad contemporánea marcada por la gestión del riesgo, la seguridad regional y las asimetrías de poder. Para países como Honduras, el dilema ya no es ideológico, sino estatal.
La afirmación de Washington sobre la captura y traslado fuera de territorio venezolano de Nicolás Maduro y su esposa, presentada como una acción excepcional y todavía sin confirmación multilateral concluyente, alteró de inmediato la lectura hemisférica. La referencia histórica es inevitable: en diciembre de 1989, con la intervención en Panamá y la posterior detención de Manuel Noriega en enero de 1990, se aplicó una excepcionalidad comparable cuando un Estado dejó de ejercer control efectivo sobre su poder y su territorio. Aunque es temprano para anticipar el desenlace del episodio venezolano, la factibilidad operativa de una acción ejecutada de forma quirúrgica reactiva una constante regional: cuando un Estado pierde capacidad real de gobernarse democráticamente, su margen de decisión se reduce y otros actores comienzan a fijar límites.
Lo relevante no es la confirmación inmediata del hecho, sino el marco en el que fue concebido y recibido. La reacción de analistas, gobiernos y medios influyentes indica que este tipo de acciones comienza a asumirse como posible cuando la pérdida de control estatal se prolonga.
Invocar la Doctrina Monroe como explicación central resulta, a estas alturas, insuficiente. Lo que se está configurando no es el retorno de un principio histórico, sino la reformulación pragmática del ejercicio de poder frente a problemáticas propias del siglo XXI. Migración estructural, crimen transnacional, colapso institucional, competencia entre potencias y acceso a recursos estratégicos han desplazado el eje desde la ideología hacia la gestión del riesgo. La excepcionalidad ya no se activa para excluir influencias externas, como en la Guerra Fría, sino para contener disfunciones estatales cuyos efectos se proyectan más allá de las fronteras nacionales y generan costos directos para otros países.
El trasfondo es conocido. Venezuela concentra factores que han desplazado el análisis desde la política interna hacia la seguridad regional: colapso institucional, acusaciones reiteradas de fraude electoral documentadas por observadores y gobiernos, y señalamientos reiterados sobre vínculos de sectores del poder con redes transnacionales de narcotráfico. Independientemente de su desenlace judicial, la acumulación de estos elementos reubica el caso venezolano fuera del terreno doméstico.
A ello se suma un factor estructural: Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, parte de la cual permanece fuera de producción efectiva por deterioro operativo, falta de inversión y restricciones externas. En un entorno internacional atravesado por tensiones energéticas, esa combinación —recursos estratégicos y debilidad institucional— eleva el valor del país en el cálculo de terceros.
Este desplazamiento hacia una lógica de seguridad no puede leerse al margen de la presencia creciente de China y Rusia en la región. Sin asumir tutelas formales, ambos actores han consolidado vínculos financieros, energéticos y tecnológicos con Estados sometidos a sanciones o aislamiento, ampliando su margen de supervivencia y elevando su utilidad en dinámicas de competencia indirecta entre potencias.
Las declaraciones posteriores del liderazgo político estadounidense deben leerse en esa clave. No anunciaron una política detallada ni una doctrina nueva. Reordenaron el marco de interpretación al vincular colapso interno, migración y seguridad, y al diferenciar entre Estados soberanos y lo que se definió como estructuras criminales. En ese contexto, para Donald Trump el marco legal internacional no opera como condicionante central de la acción: la legalidad queda subordinada a la lógica de oportunidad y eficacia. Se trata de un enfoque coyuntural, ligado a su estilo de ejercicio del poder, aun a costa de tensiones con el derecho internacional y el multilateralismo.
Cuando un Estado pierde control efectivo de forma prolongada, las decisiones tomadas por las potencias con capacidad de acción terminan redefiniendo qué situaciones se consideran aceptables en la región. Ese reajuste no se detiene en las fronteras del país en crisis: reduce el margen de maniobra de los Estados vecinos, incrementa la presión externa y condiciona sus opciones de política interna y exterior. Aunque la iniciativa sea unilateral, sus consecuencias se sienten de manera regional e inmediata. En el Caribe y Mesoamérica, esa proyección alcanza a Cuba, Nicaragua, y México, cada uno por razones distintas pero convergentes: regímenes cerrados o crecientemente autoritarios, presiones migratorias sostenidas y vínculos directos con agendas de seguridad estadounidense. No se trata de una lógica de intervención secuencial, sino de una lectura regional del riesgo que influye en cómo se evalúa, presiona y condiciona a cada país.
Honduras conoce bien esta lógica. Durante buena parte del siglo XX, la noción de “patio trasero” operó como categoría práctica de la política hemisférica: Estados considerados funcionales mientras garantizaran estabilidad, alineamiento y control territorial mínimo. En ese marco, la soberanía se entendió menos como autonomía plena que como administración tolerada, condicionada por intereses estratégicos externos y facilitada por debilidades internas persistentes.
Honduras no posee recursos comparables a los de Venezuela, pero su importancia para Estados Unidos es hoy operativa y urgente. Su ubicación la convierte en punto de control entre flujos migratorios, redes del crimen transnacional y estabilidad centroamericana. En el marco actual, Washington mide a estos países por su capacidad de contención: Estados que no controlan territorio, que no sostienen mínimos institucionales o que no cooperan de forma efectiva pasan de socios previsibles a riesgos sistémicos. Honduras importa no por lo que extrae, sino por lo que puede desbordar.
Esa centralidad abre riesgos, pero también define un margen de acción. Honduras puede reposicionarse como un socio funcional en una región marcada por presiones migratorias y fragilidad institucional, siempre que logre ofrecer gobernabilidad creíble y capacidad de cumplimiento. Una política exterior disciplinada y coherente permitiría traducir las prioridades de Washington —seguridad, migración y estabilidad regional— en una agenda de corresponsabilidad estratégica, donde la cooperación no sustituya a la autonomía, sino que la haga viable. En este punto, la diferencia entre oportunidad y vulnerabilidad no la marca la geopolítica, sino la fortaleza del Estado.
La experiencia regional es clara. Cuando los Estados no aprovechan ese margen y dejan de ejercer control efectivo sobre sus instituciones y su territorio, la soberanía se vacía de contenido y comienza a ser administrada desde fuera. No mediante ocupaciones formales ni dominios declarados, sino a través de asimetrías de poder que se imponen en nombre de la estabilidad y la gestión del riesgo. En el siglo XXI, la soberanía no se pierde de golpe: se erosiona. Y allí donde la gobernabilidad se fractura, deja de ser un principio que organiza el poder para convertirse en un efecto administrado por otros.
