Los indultos presidenciales y el fármaco pentobarbital le están dando su impronta a las semanas finales de la presidencia de Donald Trump. Día a día crecen las especulaciones sobre la posibilidad de que Donald Trump se otorgue un indulto preventivo a sí mismo, a sus tres hijos mayores, Donald Jr., Ivanka y Eric, a su yerno Jared Kushner y a su abogado Rudy Giuliani. Si lo hace, Trump será el primer presidente en la historia de Estados Unidos en indultarse a sí mismo.
Mientras tanto, las 54 personas actualmente condenadas a pena de muerte a nivel federal no pueden esperar tal acto de clemencia por parte de Trump. Durante su gobierno ya han sido ejecutados ocho presos condenados a muerte, lo que puso fin a una pausa de 30 años en las ejecuciones federales. Además, pretende acabar con la vida de otras cinco personas condenadas a muerte antes de dejar el cargo el próximo 20 de enero. Las ejecuciones ya programadas incluyen a cuatro hombres afroestadounidenses y a una única mujer, quien sería la primera mujer ejecutada por el gobierno federal en casi 70 años. Estas serán las primeras ejecuciones federales que ocurran durante la recta final del gobierno de un presidente saliente en más de 130 años. En aquella ocasión, fue el presidente Grover Cleveland quien autorizó la ejecución de tres hombres de color. Cleveland perdió las elecciones para continuar en el cargo por un segundo período, pero sería el único presidente en ganar de nuevo la primera magistratura, cuatro años después de haber concluido su primera presidencia.
La única cámara de ejecuciones del gobierno federal se encuentra en la Penitenciaría Federal de Terre Haute, en el estado de Indiana, y está equipada únicamente para ejecutar mediante inyección letal. Con el objetivo de acelerar la oleada de ejecuciones, el gobierno de Trump ha modificado las reglas federales de procedimiento y ha autorizado que las ejecuciones federales se lleven a cabo mediante pelotón de fusilamiento, cámara de gas o por electrocución. La nueva reglamentación iba a entrar en vigor en la víspera de Navidad, resaltando aún más lo cruel y bárbara que es la pena de muerte, pero esta fecha se cambió discretamente al 28 de diciembre.
La próxima ejecución federal, la del recluso afroestadounidense Brandon Bernard, está programada para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Todos los miembros del jurado que lo condenó eran blancos, a excepción de uno, y ahora, cinco de ellos dicen que no debería ser ejecutado. Al día siguiente, 11 de diciembre, está prevista la ejecución de Alfred Bourgeois. Cory Johnson, cuyos abogados dicen que tiene un coeficiente intelectual de 69 y, por lo tanto, está por debajo del estándar determinado por la Corte Suprema para aplicar la pena de muerte, tiene como fecha de ejecución el 14 de enero. Dustin Higgs es el último de los cuatro hombres afroestadounidenses que Trump pretende ejecutar pocos días antes de dejar el cargo. La muerte de Higgs está prevista para el 15 de enero, fecha en la que se conmemora el nacimiento de Martin Luther King.
Una vasta cantidad de estudios ha confirmado el profundo sesgo racial que existe en la aplicación de la pena de muerte, principalmente contra acusados afroestadounidenses en delitos cuyas víctimas eran personas blancas.
“Es un paroxismo de violencia”, expresó en una entrevista con Democracy Now! la profesora de derecho Sandra Babcock, fundadora del centro de investigaciones sobre la pena de muerte de la Universidad de Cornell. Babcock es una de las abogadas de Lisa Montgomery, la única mujer que afrontará una ejecución federal. En la entrevista, Babcock describió la horrible infancia que sufrió Lisa Montgomery:
“Lisa fue víctima de incesto, de violación en grupo, de tráfico sexual infantil, de una violencia inimaginable durante toda su vida, antes de cometer el delito por el que fue condenada a muerte. Su salud mental está profundamente afectada. Ella comenzó a disociarse cuando era adolescente, cuando su padrastro le construyó una habitación especial al lado de la caravana en la que vivían para que él y sus amigos pudieran entrar y violarla. Su madre la vendió a un plomero y a un electricista y le dijo que tenía que ganarse la vida por ella misma”. Babcock agregó: “El jurado nunca escuchó sobre la magnitud de los abusos o el impacto que tuvieron en ella. Lisa es un ser completamente vulnerado, el alma más destrozada entre las destrozadas”.
Lisa Montgomery fue condenada a muerte en 2008 por el asesinato de una mujer embarazada llamada Bobbie Jo Stinnett. En la cárcel, Montgomery vive bajo constante sedación con potentes fármacos antipsicóticos para tratar su grave enfermedad mental. Babcock explicó: “Hay al menos 16 mujeres que han cometido crímenes muy similares, y los fiscales en esos casos han reconocido que estos crímenes son producto de traumas y enfermedades mentales”.
En noviembre, durante una visita legal a Montgomery, sus dos abogadas principales contrajeron COVID-19. Un juez federal concedió un aplazamiento de la ejecución, pero ahora ha sido reprogramada para el 12 de enero.
El Centro de Investigación Pew informó recientemente que Trump ha utilizado el poder de clemencia mucho menos que cualquier otro presidente en la historia moderna de Estados Unidos. En lo que va de su gobierno, ha otorgado solo 28 indultos y 16 conmutaciones de pena, entre las que se encuentran varias a favor de sus aliados políticos. Esta cifra equivale a menos de la mitad del uno por ciento de las solicitudes de clemencia. Por el contrario, el presidente Barack Obama concedió el indulto o la conmutación de pena a 1.927 personas.
La hermana Helen Prejean, reconocida activista contra la pena de muerte y autora del libro “Dead Man Walking”, dijo en Democracy Now!: “Creo que es la insensible fuerza bruta de la mentalidad del gobierno de Trump lo que hace que él crea que puede usar la fuerza y matar personas, que puede usar la violencia y la fuerza para defender su punto de vista. No es necesario que ocurran estas ejecuciones. No se puede permitir que individuos débiles con motivaciones políticas decidan ‘Tú, tú y tú van a morir’”.
El presidente electo, Joe Biden, ha dicho que apoya el fin de la pena de muerte a nivel del gobierno federal. Es un castigo que está fuera de época, es racista e ineficaz. Al igual que la presidencia de Donald Trump, es hora de que llegue el fin de la pena de muerte.
