La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) también exigió al Gobierno de Daniel Ortega resolver los reclamos de propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses en el primer régimen sandinista en los años 80, para recibir la ayuda millonaria que anualmente otorga Washington.
Amcham exigió, además, al Consejo Supremo Electoral (CSE) cumplir con la ley y dar conocer «de una vez y para siempre» los resultados de las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008, acta por acta, lo cual no ha hecho aún.
«Demandamos que se cumpla con las obligaciones contraídas por el Estado de Nicaragua para evitar la cancelación de la CRM», exhortó la cámara empresarial en un comunicado.
El 10 de junio próximo vence el plazo que EE.UU. dio al Gobierno de Ortega para alcanzar «un acuerdo que acepten todos los nicaragüenses» sobre los cuestionados resultados de las elecciones municipales, a lo que supeditó la entrega de 64 millones de dólares de la CRM y otros programas de cooperación.
En esos comicios obtuvo la victoria el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega en 105 de 146 municipios, incluida Managua, según los datos oficiales.
La oposición rechaza y desconoce totalmente estos resultados con el argumento de que antes, durante y después de estos comicios hubo «un fraude masivo», por lo que pide su anulación o un recuento de votos.
«No es justo que por querer encubrir el fraude electoral se ponga en riesgo la continuidad de la CRM», señaló Amcham, que responsabilizó «a quienes tienen en sus manos la decisión de perjudicar al pueblo nicaragüense si se llegase a cancelar dicho programa».
En el documento, los empresarios también instaron al Gobierno a resolver en el menor tiempo posible los casos de confiscaciones de ciudadanos estadounidenses que se encuentren en proceso de reclamo, para aplicar a la prórroga de ayuda estadounidense condicionada a tales procesos, mecanismo conocido como «waiver».
«Sin el otorgamiento del waiwer se cerrarían las únicas ventanillas disponibles para obtener el apoyo financiero que necesita nuestro país», anotó la fuente.
Nicaragua dejaría de recibir ayuda bilateral estadounidense y el respaldo de este país para la obtención de recursos de parte de las instituciones financieras internacionales, «lo que vendría a afectar aún más la crítica situación económica», advirtió.
La UE suspendió tras los comicios municipales 31,7 millones de dólares de ayuda a Nicaragua por identificar en el país incumplimientos de gobernabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.
En tanto, el Grupo de Apoyo Presupuestario mantiene «congelados» 93 millones de dólares que prometió a Nicaragua por la supuesta falta de acciones para fortalecer la gobernabilidad democrática en el país.
Ese grupo está integrado por Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, Japón, UE y organismos multilaterales que aportan en dinero su ayuda para que el país lo incluya en el presupuesto de la nación.
